7536 preguntas · 314 bloques
Citas contrastadas con el texto vigente · Actualizada el 30 de octubre de 2026
Test de Administrativo del Estado (C1): contratos, presupuesto y gasto, personal y ofimática, con el artículo literal donde hay norma. Gratis y sin cuenta.
Se responde en el navegador, sin instalar nada y sin cuenta. Nemoteca hace la parte cara: decidir qué y cuándo.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 7536 preguntas que contiene en total.
La ley penal: es la única que el 46 nombra para sancionar los atentados contra este patrimonio. No remite a la ley civil, a la fiscal ni a la urbanística.
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Los sistemas autonómicos, provinciales y locales entran en el Sistema Español de Archivos según las relaciones de cooperación, basadas en el principio de voluntariedad, que se establezcan, y sin perjuicio de su propia normativa. Ni la AGE manda sobre ellos (jerarquía) ni la incorporación se impone (obligatoriedad): el Ministerio coordina, pero la entrada de cada sistema es voluntaria.
Los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales, locales, en función de las relaciones de cooperación, basadas en el principio de voluntariedad, que se establezcan
La letra a) del artículo 49.1 las sitúa en terceros Estados, y especialmente en aquellos donde no hay Delegación de la Unión Europea. Donde la hay, la misma ley ofrece otras vías, como incorporar funcionarios españoles a la delegación o compartir con ella servicios comunes (letras d y e).
La creación de Misiones Diplomáticas Conjuntas con otros miembros de la Unión Europea en terceros Estados, especialmente en los que no existan Delegaciones de la Unión Europea.
El art. 54.1 da al departamento del candidato quince días para informar, y si no lo hace el informe «se considerará favorable». El reglamento los llama naturales, pero hoy solo una ley puede imponer ese cómputo (art. 30.2 de la Ley 39/2015), así que se cuentan hábiles; en más de un mes han pasado de sobra en cualquiera de los dos cómputos. El plazo ha vencido, y el silencio juega a favor del nombramiento, que no queda en suspenso. El tentador es el desfavorable, porque el informe que se exige es precisamente favorable.
Si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Departamento, se requerirá informe favorable de éste. De no emitirse en el plazo de quince días naturales se considerará favorable.
El art. 122.2.c) dispone que los ascensos sean consecutivos y exige un periodo mínimo de cinco años de servicios efectivos para el primer tramo y de seis para los siguientes. El distractor tentador es el de cinco años en cada tramo, que acierta la cifra del primer tramo y supone un periodo uniforme: el real decreto-ley alarga el de los tramos posteriores.
un periodo mínimo de cinco años de servicios efectivos en el caso del primer tramo y de seis años en los siguientes.
Según la regla 30.1, en la redacción que rige desde el 1 de enero de 2025, es el registro del documento que comunica la presentación de la cuenta el que imputa los pagos de la caja a sus cuentas de gasto o inversión. La aprobación de la cuenta es un paso posterior, con su propio documento «Control de pagos a justificar» (regla 30.2). La reposición de fondos por lo gastado es propia del anticipo de caja fija (regla 36 y Real Decreto 725/1989), no del pago a justificar.
El registro de dicho documento en el Sistema de Información Contable producirá la imputación de los pagos realizados por la Caja Pagadora a las correspondientes cuentas de gasto o inversión.
El art. 5 incluye el patrimonio cultural conforme a la legislación de patrimonio histórico y con un propósito declarado: conciliar los valores de protección patrimonial y los de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad. Ninguno de los dos valores se impone al otro, y la ley no distingue por la titularidad del bien.
siempre con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad
El art. 41.1 nombra cuatro órganos consultivos: el Comité Consultivo, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. El Observatorio Estatal de la Discapacidad no está en esa lista: lo regula la legislación de discapacidad, no la Ley 39/2006. Confundirlo con el Consejo Nacional de la Discapacidad es el error que busca la pregunta.
Serán órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes: El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El Consejo Estatal de Personas Mayores. El Consejo Nacional de la Discapacidad. El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
El art. 3.3 distingue: hay oficina delegada en todos los departamentos ministeriales, y en los organismos públicos solo donde el volumen o la complejidad del trabajo lo aconsejen. Por eso no la hay en todos los organismos sin más, pero tampoco se excluyen. El Reglamento no organiza el Registro por provincias: la provincia y la localidad aparecen como datos del destino que se registra (art. 11.8), no como sede de sus oficinas.
Éstas existirán en todos los Departamentos ministeriales y en aquellos organismos públicos en los que el volumen o complejidad del trabajo así lo aconsejen.
El acuse de recibo va en diez días desde la recepción (art. 6.2). Los plazos vecinos de la misma ley son otros trámites: quince días es lo que tiene el peticionario para subsanar (7.2) y cuarenta y cinco días hábiles, lo que tiene el órgano para notificar la inadmisión (9.1).
acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción.
El art. 1.1 enumera tres fuentes y solo tres: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia, el distractor que más tienta, no está en la lista: el mismo artículo le da otro papel, el de complementar el ordenamiento (1.6). Y los tratados tampoco figuran como fuente aparte: sus normas se aplican en España cuando pasan a formar parte del ordenamiento interno al publicarse (1.5).
Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
La regla 21.1 pide que la autorización determine la cuantía del gasto de forma cierta o, si no puede calcularse exactamente, de la forma más aproximada posible; no la aplaza a una fase posterior. Tampoco obliga a tomar el crédito entero: la autorización reserva «la totalidad o una parte» del crédito, la que el gasto necesite.
determinando su cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario
El anuncio en el BOE es obligatorio («se hará»); antes, y solo si la Administración quiere, puede publicar otro en el boletín de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado. Ese anuncio previo no sustituye al del BOE.
la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.
Interponer el recurso con el plazo ya terminado es una de las cuatro causas de inadmisión del art. 55, junto con la incompetencia del órgano, la falta de legitimación o de representación y recurrir un acto que no admite el recurso especial. Si concurre, el órgano dicta resolución de inadmisión, sin entrar en el fondo. La ley no da días de cortesía ni lo reconvierte en otro recurso.
La interposición del recurso, una vez finalizado el plazo establecido para su interposición. Si el órgano encargado de resolverlo apreciara que concurre alguno de ellos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 51.2, dictará resolución acordando la inadmisión del recurso.
El art. 29.2 abre la puerta a las comunidades autónomas, pero solo a las que tienen competencia en materia de Justicia, y para adaptar la planta a las necesidades de su territorio. Una comunidad sin esa competencia no puede instarla por esta vía, y el artículo no da ese papel ni a las Salas de Gobierno ni a las diputaciones provinciales.
La revisión de la planta de los tribunales podrá ser instada por las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia
El artículo 49.1 limita la extensión del vicio: la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos que sean independientes de él. No los arrastra a todos, pero tampoco los salva a todos: la regla solo protege a los independientes.
La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
El artículo 18.5 excluye expresamente dos conceptos: las pagas extraordinarias y el complemento de productividad. Los trienios y los complementos de destino y específico son retribuciones de carácter periódico del último puesto y no están entre las dos exclusiones del artículo.
una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado
El art. 63.2 extiende a los presidentes y directores de los organismos autónomos, sobre sus presupuestos, las competencias del artículo que tienen los ministros, y deja a estos avocarlas en todo o en parte; los acuerdos de avocación se comunican a la Dirección General de Presupuestos. Avocar es recuperar para sí un asunto concreto o un grupo de ellos, no revocar la competencia ni esperar a que el director la ceda. La ley no prevé delegarlas en el Ministro de Hacienda.
así como las establecidas en este artículo a favor de los ministros, quienes podrán avocarlas en todo o en parte. Los acuerdos de avocación serán comunicados a la Dirección General de Presupuestos.
En materias de competencia estatal: por esta vía la Comunidad dicta, para sí misma, normas legislativas en lo que es del Estado.
Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir
El párrafo segundo del art. 54 obliga a la Administración General del Estado y a sus organismos en los nombramientos que «le corresponda efectuar» en los consejos de las empresas en cuyo capital participe, sin exigir que la participación sea mayoritaria. Los que hacen los demás accionistas quedan fuera de este artículo, que tampoco distingue entre la presidencia y las vocalías.
Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.
«Una sociedad democrática avanzada», con esas dos palabras y ninguna más. Libertad, justicia o pluralismo aparecen en otros lugares del texto, pero no califican a la sociedad que proclama el preámbulo.
Establecer una sociedad democrática avanzada
Los órganos directivos de un Ministerio, de las Subsecretarías a las Subdirecciones Generales, se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado. El Real Decreto del Presidente se reserva para el número y la denominación de los Ministerios y las Secretarías de Estado (art. 57.3), y la ley pide Real Decreto, no un simple acuerdo del Consejo.
1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros
El 66.1 dice que «representan al pueblo español», el mismo en quien el 1.2 sitúa la soberanía. La representación territorial es la que el 69.1 atribuye solo al Senado.
Las Cortes Generales representan al pueblo español
El artículo 59.5 define los complementos de puesto como complementos de índole funcional: se cobran solo mientras se ejerce en el puesto que los tiene asignados, no son consolidables y se dejan de percibir al cambiar las condiciones que los justificaban. Los dos años recuerdan a la consolidación del grado personal de los funcionarios, que el Convenio no tiene. Los complementos personales absorbibles son los que se traían del convenio de origen (artículo 59.4), no un refugio para lo que se deja al cambiar de puesto.
su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en los puestos que los tengan asignados, por lo que no tendrán carácter consolidable
Al alcanzar la mayoría de edad: es el mismo juramento que presta el Rey, más el de fidelidad al Rey. No espera a ser proclamado, y su condición de heredero no depende de ninguna designación del Rey.
El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento
Más leyes no tienen por qué ser más vueltas. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática:
Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Lleva todos los bloques de Auxiliar administrativo del Estado: si ya la estudias, lo que sabes allí te cuenta aquí y no se repasa dos veces. Y comparte los suyos con la colección de cada ley, como la de la Ley de Contratos del Sector Público o la de la Ley General Presupuestaria: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
No incluye el supuesto práctico tal como se plantea en el ejercicio —veinte preguntas sobre un mismo caso, que son la mitad de la nota—: aquí cada pregunta va suelta, aunque algunas aplican un plazo o una regla a un caso.
De otras normas lleva solo una parte, y están enteras en sus propias colecciones:
De la Unión Europea, del Tratado de la Unión solo los valores, el marco institucional, la adhesión y la retirada, y del Tratado de Funcionamiento, las categorías de competencias y las reglas de cada institución, del Parlamento Europeo al Tribunal de Cuentas, con el Banco Europeo de Inversiones: nada de las políticas de la Unión, ni de sus actos jurídicos ni de cómo se adoptan.
Los dos Tratados tienen su propia colección. De la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo la planta de los tribunales, el Tribunal Supremo y la composición y las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial.
De la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, solo el Servicio Exterior del Estado: su organización, su lugar en la Unión Europea y en la Comunidad Iberoamericana, su personal y sus familias.
El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.
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El método de fondo es el mismo, y Anki es extraordinario: te devuelve cada tarjeta en el momento justo. El problema nunca fue Anki, fue tener que fabricarse las tarjetas primero. Aquí las preguntas ya están hechas: abres la colección y ya estás respondiendo.
Tu segunda vuelta no tiene por qué ser todos los temas otra vez. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática: el Gobierno, los tribunales y la organización del Estado, las comunidades autónomas y la Administración local, la Unión Europea, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, la transparencia, la protección de datos, el empleo público, el presupuesto, la igualdad, la discapacidad y la dependencia, la atención al ciudadano y la administración electrónica. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley, como la de la Constitución o la del Estatuto Básico del Empleado Público: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
5356 preguntas
del equipo de Nemoteca La Ley de Contratos del Sector Público de punta a punta, libro a libro. El título preliminar y el libro primero, la configuración general de la contratación: el objeto de la ley, los contratos que regula y qué entidades forman el sector público a sus efectos, los negocios que quedan fuera, los tipos de contrato y los sujetos a regulación armonizada, los contratos administrativos y los privados, la necesidad y la duración del contrato, los encargos a medios propios, la libertad de pactos, el contenido mínimo, la perfección y la forma del contrato, la invalidez, el recurso especial en materia de contratación, el órgano de contratación, el perfil de contratante, la capacidad y las prohibiciones de contratar, la solvencia y la clasificación de las empresas, la sucesión del contratista, el objeto, el presupuesto base de licitación, el valor estimado, el precio y su revisión, y las garantías. El libro segundo, los contratos de las Administraciones Públicas: las consultas preliminares del mercado, el expediente de contratación, el contrato menor, la tramitación urgente y la de emergencia, los pliegos, la licitación, los criterios de adjudicación y las ofertas anormalmente bajas, la adjudicación y la formalización, los procedimientos abierto, abierto simplificado, restringido y con negociación, el diálogo competitivo, la asociación para la innovación y los concursos de proyectos, los efectos, las prerrogativas de la Administración, la ejecución y el pago del precio, la modificación, la suspensión y la extinción de los contratos, la cesión y la subcontratación, los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición y las centrales de contratación, y lo propio de las obras, las concesiones de obras y de servicios, el suministro y los servicios. El libro tercero, cómo contratan los poderes adjudicadores que no son Administración Pública y los demás entes del sector público. Y el libro cuarto, la organización de la contratación: los órganos de contratación, las mesas, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, los registros oficiales y la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con siete de sus disposiciones adicionales: las dos de la contratación en las entidades locales —qué contratos adjudica el Alcalde o el Presidente y cuáles el Pleno, y sus normas propias—, la de los contratos reservados, la del cómputo de los plazos y las tres de los medios electrónicos. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
696 preguntas del equipo de Nemoteca Siete normas, cada una con sus bloques: los artículos 69 a 81 de la Ley General Presupuestaria —los principios de la gestión económico-financiera, las fases del gasto y quién acuerda cada una, la ordenación de pagos, los pagos indebidos y los reintegros, los anticipos de caja fija, los pagos a justificar y la gestión de los ingresos—; el Real Decreto 725/1989, de anticipos de caja fija, y el Real Decreto 640/1987, de pagos librados «a justificar»; las dos órdenes de 1 de febrero de 1996: la de los documentos contables de la Administración General del Estado —qué documento corresponde a cada fase del gasto, quién lo expide y qué datos lleva— y la Instrucción de operatoria contable —la gestión de los créditos, el proceso de ejecución del gasto, la caja fija y los pagos a justificar, los anticipos de Tesorería, la tramitación anticipada y la de los gastos en bienes y servicios, las inversiones y las subvenciones—; el código de la clasificación económica del gasto de la Resolución de 20 de enero de 2014 —en qué capítulo, artículo y concepto se imputa cada gasto—, y la Orden PRE/1576/2002, del pago de las obligaciones de la Administración General del Estado. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Comparte sus bloques con la colección de la Ley General Presupuestaria y con Administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
206 preguntas del equipo de Nemoteca Cuatro normas, cada una con sus bloques, y de tres de ellas, solo una parte. De la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, el título I —su objeto, las telecomunicaciones como servicios de interés general, sus objetivos y los servicios para la seguridad y la defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil— y el capítulo III del título III: los derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones y su interceptación por los servicios técnicos, los datos personales, su conservación y cesión, el cifrado y la seguridad de las redes. Del Real Decreto 1125/2024, que sustituye al Real Decreto 806/2014, su objeto, los órganos —la Comisión de Estrategia TIC, la Agencia Estatal de Administración Digital, las Comisiones Ministeriales, el Comité de Dirección y las Unidades TIC— y el modelo de gobernanza: la estrategia, los medios y servicios digitales comunes y transversales y los proyectos de interés prioritario. De la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los títulos I a III —los efectos de los documentos electrónicos, la vigencia, la revocación y la suspensión de los certificados, cómo se comprueba la identidad de su titular, y las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores— y lo que dice del DNI y sus certificados. Y del Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, los principios, las dimensiones de la interoperabilidad, la reutilización, la firma, la conservación y la digitalización de documentos, la conformidad y qué normas técnicas lo desarrollan. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Si la estudias para un tema de administración digital o de sistemas de información, no te lo completa: te faltarán el Reglamento europeo de identificación electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad y las partes de estas normas que no lleva.
117 preguntas del equipo de Nemoteca Volver a empezar no tiene por qué ser empezar de cero. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer de la organización, el personal y la ofimática: la Constitución, la igualdad y la violencia de género, el Gobierno, la organización territorial y la Unión Europea, el Poder Judicial y su Consejo General, cada tribunal con la planta de Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025, los jueces de paz y las Oficinas de Justicia en los municipios, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la oficina judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios, las actuaciones judiciales —los días y las horas hábiles, la nulidad de los actos, las resoluciones, las notificaciones y la cooperación entre tribunales— y el depósito para recurrir, con Windows, Word, Outlook e Internet. De las leyes procesales, el recurso contencioso-administrativo y sus procedimientos, el Tribunal del Jurado, las disposiciones generales, las normas comunes, los expedientes de adopción, de medidas judiciales de apoyo, de tutela y curatela, de Derecho sucesorio y de obligaciones, y la conciliación de la jurisdicción voluntaria, los medios adecuados de solución de controversias y, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el poder de disposición de las partes, los días hábiles y los plazos, la inmediación, la publicidad y la fe pública judicial, los actos de comunicación, el auxilio judicial, las resoluciones, la nulidad de las actuaciones, la tasación de costas, la clase de juicio, la presentación de escritos y sus copias, la prueba, los juicios ordinario y verbal, los recursos, la ejecución forzosa, las medidas cautelares, las disposiciones generales de los procesos especiales, los procesos de apoyos y de filiación, los procesos matrimoniales, la sustracción internacional de menores, la división de la herencia, el monitorio y el cambiario, y de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la jurisdicción y la competencia, las partes, los actos procesales, la evitación del proceso, la demanda, el juicio, la prueba y la sentencia, el despido, las sanciones y las demás extinciones del contrato, las prestaciones de la Seguridad Social y los recursos de reposición, de revisión y de suplicación, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones, los actos de comunicación, los términos, los recursos, el sumario, la detención, la prisión provisional, las fianzas y los embargos, el sobreseimiento, la calificación, el juicio oral, el procedimiento abreviado, los juicios rápidos, el juicio sobre delitos leves, la ejecución de las sentencias y la justicia restaurativa. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Carta de Derechos, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley y con Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
5868 preguntas del equipo de Nemoteca Dos normas, cada una con sus bloques. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales —a quién se aplica y qué actividades públicas deja fuera, la política de prevención y quién la lleva a cabo, el derecho a la protección y los principios de la acción preventiva, el plan de prevención y la evaluación de los riesgos, el riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, la documentación, la protección de la maternidad y de los menores, las obligaciones de los trabajadores, los servicios de prevención, los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud, y las responsabilidades, con la paralización de los trabajos y el cierre del centro—, y el Real Decreto 67/2010, que la adapta a la Administración General del Estado: el plan de prevención, la representación, los servicios de prevención y los instrumentos de control. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta.
142 preguntas del equipo de Nemoteca