Los principios y la organización del sector público institucional

El artículo 85.2 atribuye el control de eficacia al Departamento al que esté adscrita la entidad, a través de las inspecciones de servicios, para evaluar si cumple sus objetivos y usa bien sus recursos según su plan de actuación. La Intervención General es el distractor tentador porque tiene su propio papel, pero en otra cosa: la supervisión continua del art. 85.3, y el control que le da la Ley 47/2003, que el 85.2 deja a salvo «sin perjuicio» del de eficacia.

El artículo 84.1.a) clasifica los organismos públicos estatales en tres clases: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Las autoridades administrativas independientes forman parte del sector público institucional estatal, pero en una letra propia, la b), fuera de los organismos públicos. Las agencias estatales son la trampa: la Ley 40/2015 las suprimió en su redacción original y la Ley 11/2020 las devolvió como tercera clase, así que un manual anterior a 2021 dirá, mal, que solo hay dos.

La disposición adicional decimonovena dice que el Banco de España, como banco central nacional, se rige en primer término por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento (UE) 1024/2013 y su Ley de Autonomía, la 13/1994. La Agencia Tributaria (DA 17.ª) y el CNI (DA 18.ª) también tienen régimen propio, pero el primero que mencionan es su legislación o normativa específica, no el Derecho de la Unión; y el FROB es, para la ley, una autoridad administrativa independiente (DA 20.ª).

El artículo 81.2 dice que la supervisión continua comprueba si siguen existiendo los motivos que justificaron crear la entidad y si es sostenible financieramente, y que «deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción». Ni el informe parlamentario, ni la auditoría externa trienal, ni la revisión de estatutos aparecen en el precepto: lo de «cada tres años» es otra cosa, la revisión de las líneas estratégicas del plan de actuación de las entidades estatales (art. 85.1).

El artículo 87.1 permite que cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público estatal se transforme en cualquiera de los otros de esa misma lista. El organismo autónomo está en ella; los consorcios, las autoridades administrativas independientes y los fondos sin personalidad jurídica, aunque son del sector público institucional estatal (art. 84.1), quedan fuera del juego de transformaciones.

El artículo 87.3 fija la regla general —las transformaciones se hacen por real decreto, «aunque suponga modificación de la Ley de creación»— y una salvedad: la transformación en agencia estatal «deberá efectuarse por ley». El real decreto es por eso el distractor tentador: vale para cualquier otra transformación entre los entes del 87.1, pero no para esta. Ni la orden ministerial ni un simple acuerdo del Consejo de Ministros bastan en ningún caso.

El artículo 83.2.c) ata el NIF definitivo, y la letra que corresponde a la entidad según su naturaleza jurídica, a la certificación de su inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. La intervención general interviene antes, como cauce por el que se notifica la creación al Inventario (art. 83.2.a), pero su informe no es lo que pide la Administración Tributaria. La escritura mercantil solo tendría sentido para una sociedad, y la ley no la exige aquí.

El artículo 81.3 remite a los organismos y entidades autonómicos y locales a las disposiciones básicas de la ley y, en particular, a los capítulos I y VI del título II y a los artículos 129 y 134, además de a la normativa propia de su Administración. El capítulo I («Del sector público institucional») abre con los principios generales de actuación (art. 81) y el VI es el «De los consorcios». Los otros dos son justo los que no les tocan: el II regula la organización y el funcionamiento del sector público institucional estatal, y el III, los organismos públicos estatales.

El artículo 82.1 configura el Inventario como un registro público administrativo de todas las entidades del sector público institucional, sea cual sea su naturaleza, y pone su integración, su gestión y su publicación en manos de la Intervención General de la Administración del Estado. Que el Inventario abarque también lo autonómico y lo local no lo saca de ella: ningún otro órgano aparece en el precepto. El Tribunal de Cuentas fiscaliza, pero no lleva este registro; y la Administración tributaria, en este capítulo, solo aparece en el art. 83.2.c), que le pide la certificación de la inscripción para asignar el NIF definitivo.

El artículo 84 bis aplica la representación equilibrada, con la horquilla del 40 al 60 % por sexo, a presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados que sean máximos responsables y a los contratos de alta dirección (apartado 1), y su apartado 2 la garantiza «también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades». No la extiende a la plantilla, ni laboral ni funcionaria, ni a los puestos de atención al público.