Las funciones del Tribunal de Cuentas: la fiscalización y el enjuiciamiento contable

El artículo 2 le da dos: la fiscalización y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes tienen a su cargo caudales o efectos públicos. La intervención previa del gasto es control interno, el que la Administración ejerce sobre sus propios actos antes de dictarlos; y los delitos no son suyos: el artículo 16 los saca expresamente de la jurisdicción contable.

El artículo 7.1 no pone límite subjetivo: todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a suministrarle lo que pida en relación con su función fiscalizadora o jurisdiccional. Restringirlo a quien recibe ayudas confunde a quién fiscaliza con a quién puede pedir información; por eso las entidades de crédito tienen además un deber expreso (art. 7.5).

El artículo 1.2 lo hace único en su orden, con jurisdicción en todo el territorio nacional, «sin perjuicio» de los órganos fiscalizadores que prevean los Estatutos: esos órganos se suman, no le quitan territorio ni dependen de él como de una instancia de apelación.

El artículo 16 deja fuera lo que es del Tribunal Constitucional, las cuestiones de lo contencioso-administrativo, los hechos constitutivos de delito o falta y las cuestiones civiles, laborales u otras del Poder Judicial. Los juicios de cuentas, los reintegros por alcance y la cancelación de fianzas son, en cambio, el núcleo de lo que resuelve (art. 25).

Artículo 12.1: informes o memorias, ordinarias o extraordinarias, y mociones o notas, que se elevan a las Cortes y se publican en el Boletín Oficial del Estado. La fiscalización no condena: las sentencias son de la función jurisdiccional, y si el informe aprecia responsabilidades, indica cuáles y las medidas para exigirlas (art. 12.2). Y no es reservado: se publica.

Desde la reforma de 2015, los artículos 1.1 y 4.3 le encargan la actividad económico-financiera de los partidos inscritos y también la de sus fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes. No depende de que reciban subvenciones: las ayudas públicas las fiscalizaría en cualquier perceptor (art. 4.2), pero aquí la ley alcanza toda su actividad económico-financiera. Tampoco hace falta encargo: la competencia es propia.

El artículo 4.2 le atribuye la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público que perciban personas físicas o jurídicas: el control sigue al dinero público hasta quien lo recibe, sea o no del sector público. Y el aval está nombrado expresamente, junto a la subvención y el crédito.

El artículo 4.1 enumera seis: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos y las sociedades estatales y demás empresas públicas. Los partidos no están en la lista: el Tribunal los fiscaliza porque el apartado 3 se lo encarga aparte, no porque sean sector público.

El artículo 15.2 extiende la jurisdicción contable a los alcances y a las obligaciones accesorias que garantizan la gestión, como las fianzas de quienes manejan fondos. Los hechos constitutivos de delito quedan fuera (art. 16) y la potestad disciplinaria es compatible con ella, pero ajena (art. 18.1).

El Tribunal Constitucional (art. 8.1). Que el Tribunal de Cuentas dependa de las Cortes no las hace árbitro de sus competencias, y el Tribunal Supremo interviene por otra vía: los recursos de casación y revisión contra sus resoluciones (art. 49). Plantear el conflicto le corresponde al Pleno del propio Tribunal.

El artículo 13.3 manda incluir una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio, de modo que el informe da cuenta a las Cortes de sus dos funciones, no solo de la fiscalizadora. El Tribunal no sanciona a los gestores: declara responsabilidades contables, que obligan a indemnizar los daños (art. 38).

El artículo 9.1, en su redacción de 2015, somete la actividad económico-financiera del sector público a la legalidad, la eficiencia, la economía y la transparencia, y añade la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. La estabilidad presupuestaria no está en esa lista, aunque suene a lo que mide un tribunal de cuentas; las dos últimas sí, y son las que sorprenden.

El artículo 10 da seis meses contados desde la rendición, no desde el cierre del ejercicio: el plazo empieza cuando la Cuenta llega al Tribunal. Lo hace por delegación de las Cortes, y al terminar, el Pleno, oído el Fiscal, dicta su declaración definitiva.

Los tres adjetivos son del artículo 2.a. Externa, porque la hace un órgano ajeno a quien gestiona; permanente, porque no se agota en un momento del ejercicio; y consuntiva, porque recae sobre la actividad ya realizada. Lo interno y previo es la función interventora, que la Administración ejerce sobre sí misma: es la confusión que se busca entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención.

Artículo 6: lo elabora el propio Tribunal, se integra en los Presupuestos Generales del Estado en una sección independiente y lo aprueban las Cortes Generales con ellos. No depende de que un ministerio le asigne créditos, y aunque dependa de las Cortes, tampoco va dentro de la sección de estas.

El artículo 11.a no los fiscaliza todos ni depende de un umbral: los que una norma establezca y, además, los que el propio Tribunal considere conveniente. Es la misma iniciativa propia que tiene en toda su función fiscalizadora, que no espera a que las Cortes le manden nada.

El artículo 12.1 lo manda también a la Asamblea Legislativa de la Comunidad, y se publica además en su boletín oficial. El destinatario es el Parlamento que controla a ese Gobierno, como las Cortes lo son para el Estado; no el Gobierno al que pertenece la entidad fiscalizada.

El artículo 7.5 obliga a las entidades de crédito a identificar las cuentas de los partidos y a quién puede disponer de ellas. En las cuentas de solo cuotas aportan, a solicitud del Tribunal, saldos y movimientos; lo que nunca le dan son datos que identifiquen a las personas afiliadas.

El artículo 17.1 usa cuatro adjetivos: necesaria e improrrogable (no se elige ni se traslada a otro orden), exclusiva y plena. Que sea compatible con la jurisdicción penal sobre unos mismos hechos (art. 18.1) no la hace compartida: cada una juzga lo suyo.

El artículo 15.1 lo define por la relación de la persona con el dinero público: las cuentas de quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Se juzga a quien tiene los fondos a su cargo, sea o no quien autoriza gastos; las cuentas anuales de una entidad se fiscalizan, no se enjuician.