La organización del Tribunal de Cuentas y sus miembros

El artículo 33.3 impide designar a quienes en los dos años anteriores hayan estado en alguno de sus supuestos, y uno es haber percibido subvenciones con cargo a fondos públicos. La prohibición no es solo para gestores, que también están, ni es perpetua: pasados los dos años, deja de aplicarse.

El artículo 27 la hace depender funcionalmente del Fiscal General del Estado, y la integran el Fiscal y los Abogados Fiscales. Está dentro del Tribunal, pero su cadena funcional es la del Ministerio Fiscal; por eso el Fiscal pertenece a la Carrera Fiscal (art. 32).

El artículo 30.1: los designan las Cortes Generales, seis el Congreso y seis el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara, para nueve años. La mayoría reforzada obliga a acuerdos amplios; ni basta la absoluta ni se exigen los dos tercios.

El artículo 22.2.b reserva a la Comisión de Gobierno la potestad disciplinaria por faltas muy graves del personal. El Presidente es la tentación, porque tiene la jefatura superior del personal (art. 20.c), pero para las muy graves la ley elige el órgano colegiado.

El artículo 20.b atribuye al Presidente convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno y decidir los empates con voto de calidad. El empate no rechaza la propuesta ni sube a otro órgano: lo resuelve quien preside.

Tres años, según el artículo 29. Nueve es el mandato de los Consejeros de Cuentas (art. 30.1), el distractor que más tienta: el Presidente es un Consejero, pero su presidencia dura menos que su puesto de Consejero.

Artículo 22.1: el Presidente y los Consejeros de Cuentas que presiden las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento. Es un órgano reducido de gobierno; todos los Consejeros juntos, con el Fiscal, son el Pleno, y la Secretaría General asiste a estos órganos, pero no los integra.

El artículo 25 da a los Consejeros tres asuntos: los juicios de las cuentas, los reintegros por alcance y la cancelación de fianzas. Cuando es la Administración la que declara una responsabilidad contable, el recurso va al Tribunal y lo resuelve la Sala correspondiente (art. 41.2), no un Consejero.

El artículo 26.2 los busca entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia donde ocurrieron los hechos o entre los funcionarios del propio Tribunal; y el cargo es de obligada aceptación (art. 26.4). Instruyen, no resuelven: la resolución es de un Consejero (art. 25).

Artículo 21.1: doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales es el Presidente, y el Fiscal; trece componentes en total. El Presidente no se suma a los doce porque sale de entre ellos (art. 29), y el Fiscal forma parte del Pleno aunque no sea Consejero.

El artículo 24.1: Salas de un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, asistidas por uno o más Secretarios. Los departamentos sectoriales y territoriales, cada uno con un Consejero al frente, son la organización de la otra Sección, la de Fiscalización (art. 23.2).

El artículo 23.1 le da la verificación de la contabilidad de las entidades del sector público y el examen y comprobación de las cuentas sometidas a fiscalización. Lo demás es de lo jurisdiccional: los juicios de cuentas los resuelven los Consejeros (art. 25), los reintegros los instruyen los Delegados Instructores (art. 26) y las apelaciones van a las Salas (art. 24).

El artículo 29: lo nombra el Rey, de entre los miembros del Tribunal y a propuesta del propio Tribunal en Pleno. Las Cámaras designan a los Consejeros (art. 30), pero no eligen al Presidente; ni el Gobierno lo propone.

El artículo 30.1 exige más de quince años de ejercicio profesional y reconocida competencia, y abre la lista de procedencias: censores del Tribunal y censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios de cuerpos con titulación superior, abogados, economistas y profesores mercantiles. No se limita a jueces y fiscales.

El artículo 21.2 exige más para constituirse que para decidir: dos tercios de los componentes para que el Pleno quede válidamente constituido y, ya constituido, mayoría de los asistentes para acordar. El distractor tentador repite los dos tercios en las dos fases.

El artículo 36 cierra las causas: agotamiento del mandato, renuncia aceptada por las Cortes, incapacidad, incompatibilidad e incumplimiento grave de sus deberes. La Cámara que designa no puede retirar la confianza: es lo que hace inamovible a un Consejero durante sus nueve años.

El artículo 35.1 lleva su responsabilidad civil o criminal a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. El Pleno no juzga a sus miembros; la responsabilidad disciplinaria es otra cosa, y se rige por la ley de funcionamiento o, para el Fiscal, por su Estatuto.