El derecho de petición

El segundo párrafo del artículo 8 no admite la petición sobre cuyo objeto haya un procedimiento parlamentario o administrativo o un proceso judicial ya iniciado, «en tanto» no haya acuerdo o resolución firme. No se admite para suspenderla después ni se remite al juzgado: la petición no es un cauce paralelo al proceso.

La disposición adicional tercera remite las peticiones de los internos, en el ámbito de la Ley Orgánica 1/1979, a lo que dispone esa misma ley. La Ley Orgánica 4/2001 no les reduce plazos ni les limita la forma: simplemente no es su régimen.

Estimarla fundada obliga a atenderla y a adoptar las medidas oportunas para que sea plenamente efectiva (art. 11.2). Entre esas medidas puede estar, en su caso, impulsar una disposición de carácter general. Ni se eleva al Gobierno ni se traslada al Defensor del Pueblo.

La inadmisión es siempre motivada, y cuando se debe a que existe otro procedimiento específico, el artículo 9.1 obliga a indicar expresamente las disposiciones por las que debe tramitarse y el órgano competente: se reconduce a quien pide, no se le despacha. La remisión directa al competente es otro supuesto, el de la falta de competencia (art. 10). Lo que exige cualquier notificación —los recursos que procedan— viene de la Ley 39/2015, no de este artículo.

El artículo 10.1 no deja la carga al peticionario: el destinatario incompetente remite la petición a la institución, administración u organismo que estime competente y se lo comunica. Si los dos órganos son de la misma institución, el 10.2 manda remitir directamente las actuaciones. Ni se archiva ni se devuelve, y tampoco se tramita sin competencia.

La disposición adicional segunda excluye de la ley las quejas al Defensor del Pueblo y a las instituciones autonómicas análogas, que se rigen por su legislación específica. Los Reglamentos de las Cámaras son el régimen de las peticiones dirigidas al Congreso y al Senado (disposición adicional primera), no de las quejas al Defensor.

El artículo 3 admite cualquier asunto del ámbito de competencias del destinatario, «con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general». El límite está en la competencia del destinatario, no en a quién afecta lo que se pide.

La regla es la indemnidad: del ejercicio del derecho no puede derivarse perjuicio alguno para quien pide. La excepción, en la frase siguiente del mismo artículo 1.1, es el delito: quien lo comete con ocasión de la petición responde de él. La primera opción es la tentadora porque estira la indemnidad hasta cubrir lo que la ley excluye.

Es la exclusión que da sentido a la ley: lo que el ordenamiento ya encauza por un procedimiento específico no es petición, y se pide por ese procedimiento (art. 3, segundo párrafo). Las demás sí son objeto: un asunto que afecta solo a quien pide (el mismo art. 3 lo admite «con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario»), un asunto municipal dirigido al ayuntamiento y hasta el impulso de una disposición general, que el art. 11.2 prevé como posible resultado de una petición fundada.

El artículo 1.1 va más allá del 29 de la Constitución, que habla de «todos los españoles»: la ley abre el derecho a toda persona natural o jurídica y prescinde de la nacionalidad. No pide residencia legal ni deja fuera a las personas jurídicas.

El artículo 4.2 pide la firma de todos los peticionarios y, junto a cada firma, el nombre y los apellidos de quien firma. No basta un representante ni una mayoría, y la ley no exige aportar el documento de identidad.

El artículo 2 añade a las instituciones, administraciones y autoridades los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, siempre en las materias de su competencia. Los sujetos privados —concesionarias, partidos, sindicatos, particulares— no figuran entre los destinatarios.

Tres meses, y se cuentan desde la presentación, no desde la admisión (art. 11.1): el tiempo que se lleva el trámite de admisión corre dentro de ellos. Seis meses es el tope general de la Ley 39/2015 para resolver, que no rige aquí, y cuarenta y cinco días hábiles es el plazo para notificar la inadmisión (9.1).

Cuarenta y cinco días hábiles desde la presentación (art. 9.1); si no se declara en ese plazo, la petición se entiende admitida a trámite (9.2). Tres meses es el plazo para contestar la petición ya admitida (11.1), el vecino con el que se confunde; diez y quince días son el acuse de recibo y la subsanación.

La petición es un derecho fundamental (art. 29 de la Constitución), y el artículo 12 lleva su tutela por las vías del 53.2: el recurso va por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998. No es el ordinario ni el abreviado.

El artículo 8 inadmite la petición cuyo objeto es ajeno a las atribuciones de quien la recibe. La tentadora es la de los datos complementarios: el 7.3 dice que no aportarlos «no determinará por sí sola la inadmisibilidad», aunque pese en la contestación. El interés general y la copia a otro órgano están expresamente admitidos (arts. 3 y 4.3).

Es potestativo: el artículo 11.4 deja que el órgano acuerde la inserción de la contestación en el diario oficial cuando lo juzgue conveniente. No es obligatoria ni depende de que la petición sea colectiva, ni se limita a notificarla: el órgano puede además publicarla.

El artículo 7.2 da quince días y apercibe de que, si no subsana, se le tendrá por desistido y se notificará el archivo con la causa. Los diez días son los de la subsanación de la Ley 39/2015 (art. 68), que es la que suele venir a la cabeza; y no subsanar no lleva a la inadmisión, sino al desistimiento.

El artículo 5.1 da dos derechos a la vez: formular la petición en cualquiera de las lenguas oficiales y obtener respuesta en la lengua que elija el peticionario. La legislación autonómica rige la lengua de las peticiones a instituciones autonómicas y entidades locales (5.2), no las dirigidas al Estado.

El artículo 4.3 permite dar cuenta de la petición a otra institución u órgano, pero «sin otro efecto que el de su simple conocimiento». Ese órgano no queda obligado a contestar ni a remitirla: la remisión al competente es del artículo 10 y la hace el destinatario incompetente.