La garantía de los derechos digitales

El art. 87.2 acota el acceso a dos fines y solo a ellos: controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos. No lo abre a cualquier fin de la empresa, aunque se comunique, ni lo liga a la retribución; y tampoco lo reduce a una petición judicial, porque el control del trabajo es uno de los fines admitidos.

La regla del art. 89.1 es informar antes, de forma expresa, clara y concisa, a la plantilla y, en su caso, a sus representantes. Para el acto ilícito flagrante la ley rebaja la exigencia: basta con que existiera al menos el dispositivo informativo, colocado en lugar visible, con el que el art. 22.4 da por cumplido el deber de informar en las zonas videovigiladas. Por eso esas imágenes no quedan inservibles, y no hay una comunicación posterior que sustituya a la previa.

La grabación de sonidos es más restrictiva que la imagen: el art. 89.3 la admite únicamente cuando la actividad del centro genera riesgos relevantes para la seguridad de las instalaciones, los bienes y las personas, y siempre con proporcionalidad e intervención mínima. Informar es necesario, pero no suficiente; y ni el convenio ni un fin comercial como la calidad del servicio la habilitan.

El art. 84.2 encarga la reacción al Ministerio Fiscal, que pide las medidas cautelares y de protección de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. La ley no pone aquí en marcha a la Agencia de oficio ni deja la respuesta en manos de la red social; a los padres y tutores el art. 84.1 les pide procurar un uso equilibrado y responsable de lo digital, no denunciar en un juzgado concreto.

El art. 94.3 da un trato reforzado a lo facilitado durante la minoría de edad, lo publicara el propio afectado o un tercero: el prestador lo suprime sin dilación y a su simple solicitud, sin que tengan que darse las circunstancias del apartado 2. Quien lo pide es el propio afectado, no sus padres.

El art. 93.1 separa el enlace de la información: el derecho subsiste aunque sea lícito que el sitio web conserve lo publicado y aunque no lo borre antes ni a la vez. Por eso no decae ni exige dirigirse primero al sitio web, y la ley no lo condiciona a una declaración judicial.

El art. 94.2 excepciona los datos que facilitan personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas: lo que un particular comparte en su ámbito privado queda fuera de este derecho. La ley no recoge una excepción por la proyección pública del afectado, por la antigüedad de la publicación ni por que la facilite un medio inscrito.

El art. 94 trata distinto lo que publica uno mismo y lo que publican otros. Los datos que el usuario facilitó él mismo se suprimen a su simple solicitud (94.1). Las condiciones de que sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos se exigen en el apartado 2, para los datos facilitados por terceros. No hay plazo mínimo ni hay que probar un perjuicio.

El art. 96.2 deja la decisión a las mismas personas legitimadas para el testamento digital, pero la voluntad del fallecido manda: si decidió sobre su perfil, se está a sus instrucciones. El prestador no decide por su cuenta; lo que sí le toca es eliminar el perfil sin dilación cuando se le comunica la solicitud.

El art. 88.1 dice para qué sirve la desconexión: que fuera del tiempo de trabajo, legal o pactado, se respeten el descanso, los permisos, las vacaciones y la intimidad personal y familiar. No convierte la conexión fuera de horario en horas extraordinarias que pagar —lo que protege es no tener que estar conectado—, ni regula los medios del teletrabajo o el uso de dispositivos propios.

El art. 85.2 no manda borrar ni sustituir la noticia: se queda en el archivo y a su lado, en lugar visible, aparece un aviso aclaratorio. No exige identificar a quien pidió la rectificación ni que haya mediado un juez: basta que el medio deba atender la solicitud. Es distinto del aviso de actualización del art. 86, que nace de hechos posteriores y no de una rectificación.

La portabilidad del art. 95 permite recibir los contenidos y que el prestador los transmita a otro, si es técnicamente posible. Como excepción, el prestador puede guardar una copia cuando lo exija el cumplimiento de una obligación legal, y siempre sin difundirla por Internet. No hay un plazo de cortesía de un año ni puede seguir publicándolos.

El art. 93.2 delimita el alcance: lo que desaparece es el enlace en las búsquedas por el nombre de la persona, no la información. A ella se puede seguir llegando con otros criterios de búsqueda, sin acreditar ningún interés y sin esperar a ningún plazo.

El art. 88.3 dirige la política interna a los trabajadores e incluye de forma expresa a los que ocupan puestos directivos: el cargo no exime de la desconexión. El trabajo a distancia se menciona como un supuesto en el que hay que preservar en particular ese derecho, no como el único ámbito de la política, y la ley no distingue por jornada ni por tipo de contrato.

Admitir el uso privado no cierra el acceso, pero lo condiciona: el art. 87.3 exige especificar de modo preciso qué usos están autorizados y establecer garantías de la intimidad, como fijar los periodos en que el dispositivo puede usarse con fines privados. No basta la regla general, y la ley no lo hace depender de un consentimiento caso por caso ni de una autorización de la Agencia.

El art. 83.4 no lo extiende a todo el empleo público: señala dos grupos, los cuerpos superiores y aquellos en los que habitualmente se desempeñan funciones que implican acceder a datos personales, y entre las materias destaca la protección de datos. No lo limita a los perfiles informáticos ni lo reduce a la promoción interna o a un mérito.

El art. 92 obliga a los centros educativos, y a cualquiera que desarrolle actividades con menores, a proteger su interés superior y sus datos al difundirlos por servicios de la sociedad de la información. Y añade una exigencia para un canal concreto: si la difusión va a hacerse en redes sociales o servicios equivalentes, hace falta el consentimiento del menor o de sus representantes. No distingue entre centros públicos y privados ni depende de que aparezca el nombre o de cuánto dure la publicación.

El art. 96.1.b) legitima al albacea testamentario y a la persona o institución que el fallecido designó expresamente para pedir el acceso a sus contenidos con arreglo a las instrucciones recibidas, y con el fin de cumplirlas. Ni el contador-partidor, ni el juez de la declaración de herederos, ni un administrador judicial reciben esa legitimación.

El testamento digital del art. 96 regula el acceso a los contenidos sobre personas fallecidas que gestionan los prestadores de servicios de la sociedad de la información, y es a ellos a quienes se dirigen familiares, personas vinculadas de hecho y herederos para acceder e indicar qué hacer con esos contenidos: usarlos, darles un destino o suprimirlos. La ley no hace mediar a la Agencia ni a un notario, y el registro que el art. 96.3 deja a un real decreto sirve para acreditar los mandatos e instrucciones, no para trasladarlos a cada servicio.

El art. 80 concreta la neutralidad en una obligación de los proveedores: ofrecer sus servicios con transparencia y sin discriminar por motivos técnicos o económicos. El precepto no les impone una tarifa única, ni una velocidad mínima garantizada, ni un filtrado de contenidos a petición del usuario: lo que exige es transparencia y no discriminar.