El derecho de petición

Tres meses, y se cuentan desde la presentación, no desde la admisión (art. 11.1): el tiempo que se lleva el trámite de admisión corre dentro de ellos. Seis meses es el tope general de la Ley 39/2015 para resolver, que no rige aquí, y cuarenta y cinco días hábiles es el plazo para notificar la inadmisión (9.1).

El artículo 1.1 va más allá del 29 de la Constitución, que habla de «todos los españoles»: la ley abre el derecho a toda persona natural o jurídica y prescinde de la nacionalidad. No pide residencia legal ni deja fuera a las personas jurídicas.

Es la exclusión que da sentido a la ley: lo que el ordenamiento ya encauza por un procedimiento específico no es petición, y se pide por ese procedimiento (art. 3, segundo párrafo). Las demás sí son objeto: un asunto que afecta solo a quien pide (el mismo art. 3 lo admite «con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario»), un asunto municipal dirigido al ayuntamiento y hasta el impulso de una disposición general, que el art. 11.2 prevé como posible resultado de una petición fundada.

Es potestativo: el artículo 11.4 deja que el órgano acuerde la inserción de la contestación en el diario oficial cuando lo juzgue conveniente. No es obligatoria ni depende de que la petición sea colectiva, ni se limita a notificarla: el órgano puede además publicarla.

El artículo 8 inadmite la petición cuyo objeto es ajeno a las atribuciones de quien la recibe. La tentadora es la de los datos complementarios: el 7.3 dice que no aportarlos «no determinará por sí sola la inadmisibilidad», aunque pese en la contestación. El interés general y la copia a otro órgano están expresamente admitidos (arts. 3 y 4.3).

Estimarla fundada obliga a atenderla y a adoptar las medidas oportunas para que sea plenamente efectiva (art. 11.2). Entre esas medidas puede estar, en su caso, impulsar una disposición de carácter general. Ni se eleva al Gobierno ni se traslada al Defensor del Pueblo.

El artículo 4.2 pide la firma de todos los peticionarios y, junto a cada firma, el nombre y los apellidos de quien firma. No basta un representante ni una mayoría, y la ley no exige aportar el documento de identidad.

El artículo 4.4 lo dice sin condiciones: los peticionarios pueden exigir la confidencialidad de sus datos. No se contradice con el 4.1: la identidad tiene que constar en la petición, y lo que se puede exigir es que no se difunda.

La disposición adicional tercera remite las peticiones de los internos, en el ámbito de la Ley Orgánica 1/1979, a lo que dispone esa misma ley. La Ley Orgánica 4/2001 no les reduce plazos ni les limita la forma: simplemente no es su régimen.

El artículo 5.1 da dos derechos a la vez: formular la petición en cualquiera de las lenguas oficiales y obtener respuesta en la lengua que elija el peticionario. La legislación autonómica rige la lengua de las peticiones a instituciones autonómicas y entidades locales (5.2), no las dirigidas al Estado.

La inadmisión es siempre motivada, y cuando se debe a que existe otro procedimiento específico, el artículo 9.1 obliga a indicar expresamente las disposiciones por las que debe tramitarse y el órgano competente: se reconduce a quien pide, no se le despacha. La remisión directa al competente es otro supuesto, el de la falta de competencia (art. 10). Lo que exige cualquier notificación —los recursos que procedan— viene de la Ley 39/2015, no de este artículo.

El artículo 4.1 enumera lo que la petición incluirá «necesariamente»: la identidad del solicitante, su nacionalidad si la tuviere, el lugar o medio para notificar, el objeto y el destinatario. No pide fundamentar en derecho lo que se pide: la petición no es un recurso.

Cuarenta y cinco días hábiles desde la presentación (art. 9.1); si no se declara en ese plazo, la petición se entiende admitida a trámite (9.2). Tres meses es el plazo para contestar la petición ya admitida (11.1), el vecino con el que se confunde; diez y quince días son el acuse de recibo y la subsanación.

El artículo 4.3 permite dar cuenta de la petición a otra institución u órgano, pero «sin otro efecto que el de su simple conocimiento». Ese órgano no queda obligado a contestar ni a remitirla: la remisión al competente es del artículo 10 y la hace el destinatario incompetente.

El artículo 12 enumera tres supuestos: la inadmisión, no contestar en plazo y la contestación sin los requisitos mínimos del artículo 11. La contestación que motiva por qué no accede a lo pedido no está en la lista: el derecho de petición garantiza una respuesta razonada, no que se conceda lo que se pide.

El acuse de recibo va en diez días desde la recepción (art. 6.2). Los plazos vecinos de la misma ley son otros trámites: quince días es lo que tiene el peticionario para subsanar (7.2) y cuarenta y cinco días hábiles, lo que tiene el órgano para notificar la inadmisión (9.1).

La disposición adicional segunda excluye de la ley las quejas al Defensor del Pueblo y a las instituciones autonómicas análogas, que se rigen por su legislación específica. Los Reglamentos de las Cámaras son el régimen de las peticiones dirigidas al Congreso y al Senado (disposición adicional primera), no de las quejas al Defensor.

El artículo 2 añade a las instituciones, administraciones y autoridades los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, siempre en las materias de su competencia. Los sujetos privados —concesionarias, partidos, sindicatos, particulares— no figuran entre los destinatarios.

La petición es un derecho fundamental (art. 29 de la Constitución), y el artículo 12 lleva su tutela por las vías del 53.2: el recurso va por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998. No es el ordinario ni el abreviado.

El artículo 7.2 da quince días y apercibe de que, si no subsana, se le tendrá por desistido y se notificará el archivo con la causa. Los diez días son los de la subsanación de la Ley 39/2015 (art. 68), que es la que suele venir a la cabeza; y no subsanar no lleva a la inadmisión, sino al desistimiento.