El derecho a la asistencia jurídica gratuita

Al detenido no se le pide acreditar antes que carece de recursos: la asistencia se presta sin esperar. Pero eso no la hace gratuita en todo caso: si después no se le reconoce el derecho, debe pagar al abogado los honorarios de su intervención. (La ley dice «imputado»; hoy la ley procesal dice «investigado».)

El derecho no muere con la sentencia que pone fin a la instancia: se mantiene para interponer y seguir los recursos contra ella, con la regla del art. 32 sobre la sostenibilidad del recurso. El art. 7.2 no distingue entre recursos.

La ley es de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales y nombra expresamente el amparo constitucional. La vía administrativa previa no entra siempre, sino «cuando así se establezca en la legislación específica», y por eso no vale «cualquier procedimiento administrativo».

La letra i) no da un derecho general: lo ata al objeto del litigio, que ha de ser la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. Para lo demás, esa persona tendría que acreditar insuficiencia de recursos como cualquiera.

Con el proceso cerrado por resolución firme la solicitud no procede, con una excepción: la ejecución, que el art. 7.1 ya incluye en la instancia. Las circunstancias sobrevenidas abren la puerta después de la demanda o la contestación, no después de la firmeza.

Para estas personas la letra h) da una lista de delitos: homicidio, lesiones de los arts. 149 y 150, maltrato habitual del 173.2, delitos contra la libertad, contra la libertad sexual y trata. No basta cualquier lesión: solo las de los arts. 149 y 150. Los delitos patrimoniales no están en la lista.

El beneficio se pierde con la firmeza de la sentencia absolutoria o del sobreseimiento, definitivo o provisional, por no resultar acreditados los hechos; el sobreseimiento provisional cuenta igual. Pero la ley la libera expresamente de abonar el coste de lo disfrutado hasta ese momento.

Dentro de la instancia cubre todo, también la ejecución; lo que no hace es saltar a otro proceso, aunque sea conexo, que necesita su propio reconocimiento.

La letra a) pone a los extranjeros que se encuentren en España junto a españoles y nacionales de la Unión, con la misma condición: acreditar insuficiencia de recursos para litigar. No exige residencia legal: la STC 95/2003 anuló ese inciso, y la redacción vigente ya no lo trae.

La letra h) nombra tres clases de víctimas que no tienen que acreditar recursos: de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, siempre en los procesos vinculados a esa condición. La víctima de un delito patrimonial o de tráfico entra, si entra, por la letra a), acreditando insuficiencia de recursos.

Solo se litiga con el beneficio en defensa de derechos propios o de ajenos con fundamento en una representación legal, y en este segundo caso los requisitos se miran en el representado, que es el titular del derecho que se defiende, no en quien lo representa.

Son tres miembros: una unidad familiar de menos de cuatro, y su umbral es dos veces y media el IPREM. El triple empieza en cuatro miembros o con la familia numerosa reconocida; dos veces es para quien no está en ninguna unidad familiar; cuatro veces es el umbral del informante del art. 2.k).

El informante no está entre los que litigan con independencia de sus recursos: la letra k) le fija un umbral propio, cuatro veces el IPREM, más alto que los del art. 3, y referido al momento de comunicar la información, no al de pedir el derecho. Solo para los procesos que sean consecuencia directa de la infracción comunicada.

Una vez presentada la demanda, el actor solo lo obtiene si acredita ante la Comisión que las circunstancias sobrevinieron después. Y aun así el reconocimiento por circunstancias sobrevenidas no tiene carácter retroactivo.

La letra l) da tres puertas a la persona jurídica en el orden penal: insolvencia actual o inminente declarada judicialmente, concurso de acreedores, o falta de actividad económica en el último ejercicio estando disuelta o en disolución. El triple del IPREM es el umbral del art. 3.5 para asociaciones y fundaciones, no para una sociedad acusada.

Para quien no forma parte de ninguna unidad familiar el umbral es el más bajo: dos veces el IPREM vigente al hacer la solicitud. Dos veces y media es para la unidad familiar de menos de cuatro miembros, el triple para la de cuatro o más o la familia numerosa, y el quíntuplo es el techo del reconocimiento excepcional del art. 5.

El servicio es obligatorio en los términos de la ley, pero no sin válvula: los Colegios profesionales pueden organizarlo y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen. La organización la atribuye la ley a los Colegios, no al Ministerio.

Por las circunstancias de familia, hijos o familiares a cargo, tasas y costes del proceso u otras análogas, y siempre que falte patrimonio suficiente, la Comisión puede concederlo por resolución motivada hasta el quíntuplo del IPREM. Es una cifra fija, no un múltiplo del umbral del art. 3 de cada caso. Cuatro veces es el umbral del informante del art. 2.k).

A las personas jurídicas del art. 2.c) no se les miden los ingresos brutos, que es la medida de las personas físicas, sino el resultado contable en cómputo anual, y su límite es el triple del IPREM. El doble y las dos veces y media son umbrales de personas físicas; el quíntuplo, el del reconocimiento excepcional.

La letra c) es una lista cerrada de dos: las asociaciones de utilidad pública del art. 32 de la Ley Orgánica 1/2002 y las fundaciones inscritas. No basta con ser una asociación inscrita: tiene que estar declarada de utilidad pública. Ni cooperativas ni sociedades están en la lista.