Los servicios de los Colegios y la designación de oficio

El art. 22 dice que el asesoramiento previo, que sirve para «orientar y encauzar» las pretensiones del peticionario, es gratuito «en todo caso». No depende de los ingresos ni de que la Comisión reconozca después el derecho: aunque se deniegue, ese asesoramiento no se cobra. Lo que sí pueden cobrar, si el derecho no se reconoce, son los profesionales que hayan intervenido en el proceso (art. 27).

Basta que uno de los dos, el Colegio «o» el Ministerio Fiscal, estime defendible la pretensión para que se nombre un segundo abogado, que recibe los dictámenes y para quien la defensa es obligatoria. La solicitud solo se desestima cuando los dos la estiman indefendible. El primer abogado no vuelve al asunto.

El art. 33.1 da al interesado un plazo máximo de diez días para presentar la documentación y, si no lo hace, «la Comisión archivará la solicitud». Si la presenta, se entrega al abogado y se reanuda su plazo. El segundo abogado y el dictamen del Colegio pertenecen a otra fase: la que se abre cuando el abogado ya ha formulado la insostenibilidad.

El derecho no borra la condena en costas: la deja en espera. El beneficiario las paga si, «dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso», viene a mejor fortuna, y mientras tanto se interrumpe la prescripción. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos superan el doble del módulo del art. 3 o cambian sustancialmente las circunstancias por las que se le reconoció el derecho, y lo declara la Comisión.

El informe fiscal, que solo se pide cuando el Colegio coincide con el abogado en que la pretensión es insostenible, se emite en seis días. Los quince son los del dictamen del Colegio y los del abogado para comunicar la insostenibilidad (arts. 32 y 33.2); los diez, el máximo para que el interesado aporte la documentación (art. 33.1), y los cinco, el plazo para resolver la excusa en el orden penal (art. 31).

«Sólo en el orden penal» cabe la excusa, por un motivo personal y justo que aprecia el Decano. La trampa es la inversa: en el orden penal la defensa del acusado es obligatoria y no admite la insostenibilidad (art. 32), y por eso la única salida que la ley le deja al abogado ahí es la excusa. En los demás órdenes no hay excusa; lo que hay es la insostenibilidad de la pretensión.

El art. 35 aplica a los recursos el mismo procedimiento de insostenibilidad de los arts. 32 a 34 y protege al recurrente: el plazo para recurrir «quedará suspendido hasta tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión». No sigue corriendo ni se amplía en una cifra fija, y la ley habla de suspenderlo, no de volver a contarlo entero.

Sin pronunciamiento expreso sobre costas, la beneficiaria que vence paga las de su propia defensa, pero el art. 36.3 las limita a «la tercera parte» de lo obtenido y, si exceden, las reduce a esa cifra, prorrateando las partidas. La parte contraria solo las paga si la resolución la condena en costas (art. 36.1).

El art. 28 permite renunciar a la designación también después de hecha, con dos condiciones: que la renuncia afecte a la vez al abogado y al procurador, y que se comunique expresamente a la Comisión y a los Colegios. Y añade que esa renuncia «no implicará la pérdida de las demás prestaciones»: se renuncia a los profesionales de oficio, no al derecho, y no hace falta una nueva resolución.

La regla es que todo Colegio de Abogados cuenta con un turno de guardia permanente para asistir al detenido, y con otro para las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata y abuso o maltrato de menores y personas con discapacidad. La única salvedad del art. 24 es la de los Colegios en los que «por la reducida dimensión de la actividad no sea necesario»; la ley no la ata a que haya Juzgado de guardia ni prevé encomendar el turno a otro Colegio.

La insostenibilidad cabe también para no recurrir, con el mismo procedimiento que en la instancia, pero el art. 35 la excluye «en el orden penal y respecto de los condenados»: la exclusión alcanza solo a los condenados, así que la insostenibilidad sigue cabiendo, por ejemplo, para el recurso de la acusación. Es la misma lógica del art. 32, que hace obligatoria la defensa del acusado.

Son 15 días desde la designación, y la comunicación tiene que exponer los motivos jurídicos. Si pasan sin comunicarlo, o sin pedir la interrupción del plazo por falta de documentación, el abogado queda obligado a asumir la defensa. Los otros plazos son vecinos: tres días para formular la excusa penal (art. 31), diez como máximo para que el interesado aporte la documentación y seis para el informe del Fiscal (art. 33).

El art. 31 obliga al abogado y al procurador designados hasta que termina el proceso en la instancia y, además, en la ejecución de la sentencia, siempre que esas actuaciones se produzcan «dentro de los dos años siguientes» a la resolución dictada en la instancia. Año y medio cae dentro. El límite es ese plazo propio, no la caducidad de la acción ejecutiva, que es más larga.

Si el derecho no se reconoce, el art. 27 permite a los profesionales intervinientes «percibir de sus defendidos o representados los honorarios correspondientes». La indemnización con fondos públicos no cabe: según el art. 30, solo se paga cuando hay «reconocimiento expreso del derecho». Haber actuado de oficio no les obliga a trabajar gratis.

El art. 27 prohíbe que actúen a la vez un abogado de oficio y un procurador libremente elegido, o al revés, «salvo» que el profesional de libre elección renuncie por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el beneficiario y ante su Colegio. La prohibición no es absoluta, y la excepción no depende de una autorización de la Comisión ni basta con avisar al Colegio: lo que la abre es esa renuncia escrita.