Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y el procedimiento

Una designación provisional se confirma si se reconoce el derecho y cae si se deniega; en este caso el peticionario paga, en su caso, lo que costó la intervención de los profesionales en los términos del art. 27. Ni el Colegio asume ese coste ni la Comisión fija honorarios.

Ni en la urgencia elige el juez al profesional: la designación sigue siendo de los Colegios, a los que se requiere por resolución motivada; luego la solicitud se tramita por el procedimiento ordinario. La comunicación a los Colegios la hace, según la letra de la ley, el «secretario judicial», hoy letrado de la Administración de Justicia.

La ley usa a propósito los dos verbos y los reparte con «respectivamente»: la prescripción se interrumpe y la caducidad se suspende, hasta la designación provisional de abogado (y procurador, si es preceptivo) o, si no es posible, hasta la resolución definitiva sobre el derecho. El cruce de los dos verbos es la trampa.

Para las Comisiones autonómicas, el art. 10.2 fija solo quiénes las integran (los dos Decanos o quienes ellos designen y dos miembros de la Administración) y deja el reparto de cargos al órgano competente de la Comunidad. La rotación semestral es exclusiva de la Comisión Central (art. 10.1).

El reconocimiento puede abarcar todas o algunas de las prestaciones del art. 6, y el solicitante indica cuáles pide; pero la exención de tasas judiciales y de depósitos para recurrir (art. 6.5) va siempre con él. Las demás —pericial, anuncios, copias notariales— son prestaciones del mismo art. 6, pero solo se tienen si se piden y se reconocen.

El Colegio de Abogados tiene quince días, contados desde que recibe la solicitud o desde la subsanación. Los tres días son del Colegio de Procuradores, una vez comunicada la designación del abogado; los treinta, de la Comisión para resolver desde que recibe el expediente (art. 17).

Son diez días hábiles. Los otros plazos son vecinos del mismo capítulo: quince días tiene el Colegio para la designación provisional, cinco para notificar que no la hace y tres para dar traslado a la Comisión o para que el Colegio de Procuradores designe procurador (art. 15).

La regla es que el proceso sigue. Para evitar la preclusión de un trámite o la indefensión, el art. 16.1 permite decretar la suspensión, de oficio o a petición de parte, pero no es automática. Quien la decreta en el proceso es, según la letra de la ley, el «secretario judicial», hoy letrado de la Administración de Justicia.

La Comisión tiene treinta días, y se cuentan desde que el expediente llega a ella, no desde la solicitud: el tiempo que pasa en el Colegio no consume su plazo. Los quince días son del Colegio de Abogados para la designación provisional (art. 15).

El cómputo se reanuda con la notificación de la designación provisional del Colegio o de la resolución de la Comisión, pero la ley pone un tope: en todo caso, a los dos meses de la presentación, para que la solicitud no sirva para alargar los plazos sin límite.

La inactividad del Colegio se salva yendo a la Comisión, que recaba el expediente y ordena la designación provisional. El silencio positivo y la declaración del derecho por el juez llegan después, si es la Comisión la que no resuelve en plazo (art. 17.2); la impugnación del art. 20 es contra resoluciones de la Comisión.

Si el Colegio sí decidió, el silencio de la Comisión ratifica lo que hizo el Colegio; si no decidió nada, el silencio es positivo. A petición del interesado, el órgano judicial (o el Juez Decano, si no hay proceso) declara entonces el derecho y requiere la designación provisional, sin perjuicio de que se impugne esa estimación presunta.

La ocultación de datos la revoca la Comisión, que tiene para ello potestades de revisión de oficio. El juez revoca en otro supuesto: cuando aprecia abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en el pleito (art. 19.2). La vía de apremio no revoca nada: es como la Administración cobra el reembolso.

La presidencia rota cada semestre entre los Decanos (o quienes ellos designen) y el Abogado del Estado; el funcionario del Ministerio de Justicia no preside porque es el secretario. La presidencia de un fiscal es la de la redacción anterior a la Ley 42/2015, que ya no rige: es el distractor de los manuales viejos.

El art. 10.3 fija los dos puestos de la Administración: un Abogado del Estado y un funcionario de cuerpos o escalas del subgrupo A1, destinado en la Gerencia Territorial del Ministerio o, en su defecto, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno, que hace de secretario. No es un letrado de la Administración de Justicia ni hay fiscal: esa presidencia es de la redacción anterior a 2015.

Son diez días, y corren desde la notificación o, para quien no fue notificado, desde que la conoció. Los cinco días son otro plazo del mismo artículo: el que el letrado de la Administración de Justicia da a las partes para alegaciones (art. 20.2).

Como los ingresos del cónyuge o la pareja de hecho cuentan, quien no está casado, está divorciado o separado legalmente tiene que confirmar que no tiene pareja de hecho, y la ley dice cómo: con declaración jurada, no con un certificado. El consentimiento para consultar datos lo prestan el solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja actual, no un excónyuge.

La impugnación del art. 20 alcanza a las resoluciones definitivas que reconocen, revocan o deniegan el derecho, y la puede promover cualquier titular de un derecho o interés legítimo, no solo el solicitante. La parte contraria lo tiene, porque el reconocimiento le afecta. El Abogado del Estado interviene en la tramitación, no tiene la exclusiva para impugnar.

El Colegio no reconoce ni deniega el derecho: eso lo hace la Comisión. Si cree que no se cumplen los requisitos o que la pretensión es insostenible, notifica en cinco días que no designa abogado provisional y pasa la solicitud a la Comisión. El archivo es solo para la falta de subsanación (art. 14).

La horquilla de la Ley 1/1996 es de 30 a 300 euros y la impone el mismo auto que resuelve la impugnación. Ninguna otra horquilla aparece en la ley, y no hay más sanción en el procedimiento de impugnación.