La subvención de los servicios y los litigios transfronterizos

El art. 48 encarga a los Colegios de Abogados enviar y recibir las solicitudes del capítulo VIII. La Autoridad Central es la del régimen de los convenios internacionales (art. 44), y las Comisiones siguen resolviendo, pero no son la ventanilla de entrada ni de salida.

En los convenios internacionales del capítulo VII (el Convenio Europeo de 1977 y el de La Haya de 1980), la solicitud entra por la Autoridad Central, que la formula ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. El Colegio de Abogados del lugar del tribunal es la puerta de otro régimen: el de los litigios transfronterizos de la Unión Europea (arts. 48 y 51).

Presentada la solicitud, se siguen los arts. 13 a 21 con una especialidad: el plazo de subsanación del art. 14, que en el régimen común es de diez días hábiles, pasa a 15 días. Los dos meses son el plazo de subsanación de las solicitudes que llegan por los convenios internacionales del capítulo VII (art. 45.b).

La Administración pública competente paga la subvención (arts. 37 y 38), pero el art. 39 encarga el reparto entre los Colegios a sus dos Consejos Generales, el de la Abogacía Española y el de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España. Por eso, junto con los Colegios, se les trata como entidades colaboradoras sometidas a la Ley General Presupuestaria. Las Comisiones no gestionan dinero, y el CGPJ no interviene.

El régimen disciplinario de estos profesionales es el general de su profesión, pero el art. 42 le añade especialidades, y la primera fija la calificación de esta conducta sin margen: la indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos es «siempre» falta muy grave, sin depender de la cuantía ni de la reincidencia.

El art. 46.1 reserva este régimen «exclusivamente» a personas físicas, lo que deja fuera a la sociedad, y a los nacionales de terceros países les exige residir legalmente en un Estado miembro, lo que deja fuera al que vive en Italia sin residencia legal. Dinamarca no cuenta como Estado miembro a estos efectos, así que residir allí no sirve. Queda el marroquí con residencia legal en Bélgica.

El Colegio aprecia la falta de fundamento, pero no tiene la última palabra: se lo notifica al solicitante y traslada la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es quien decide «de manera definitiva» sobre la negativa. La Autoridad Central es la del régimen de los convenios internacionales (art. 44). El Consejo General de la Abogacía decide otra cosa: qué Colegio es competente cuando dos rechazan una solicitud que llega del extranjero (art. 51.1).

Un litigio es transfronterizo cuando quien pide la asistencia reside o está domiciliado en un Estado miembro distinto del del tribunal o del de ejecución (art. 47.1). Como la residencia puede cambiar, el art. 47.3 fija el momento en que se mira: el de presentación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, no el de la demanda, el de la relación jurídica ni el de la sentencia.

La separación cautelar dura «hasta tanto se resuelva el expediente», pero con un tope: un período máximo de seis meses. Es una medida provisional, y no hay que confundirla con la exclusión definitiva de los servicios que lleva aparejada la sanción por falta grave o muy grave (art. 42.b).

La sanción por una infracción grave o muy grave ligada a estas actuaciones lleva aparejada «en todo caso» la exclusión del profesional de los servicios de asistencia jurídica gratuita: basta la grave, y no hay una suspensión temporal en su lugar. Tampoco hay que confundirla con la separación cautelar del art. 43, una medida provisional mientras se resuelve el expediente, no una consecuencia de la sanción.