La Asamblea de Madrid

Veinticinco días, contados desde la proclamación de los resultados electorales (art. 10.7). Los veinticinco días desde la celebración de las elecciones son el plazo de la Constitución para convocar el Congreso electo: la cifra coincide y el punto de partida no.

El art. 11.5 la extiende «aun después de haber cesado»: lo que protege es la opinión dada en el ejercicio de la función, y esa protección no caduca. Lo que dura solo el mandato es la otra prerrogativa, la de no ser detenido salvo en flagrante delito (art. 11.6).

El art. 10.6 lo mide sobre los sufragios válidamente emitidos: no sobre el censo, que incluye a quien no vota, ni sobre los votos nulos, que no son válidos, ni solo sobre los de las listas que logran escaño.

El art. 15.1 suma a las materias de los arts. 26 y 27 las que lleguen por las leyes marco y de transferencia o delegación del art. 150.1 y 2 de la Constitución. Y la delegación va al revés de la segunda opción: es la Asamblea la que puede delegar en el Gobierno (art. 15.3).

El art. 8 cierra la lista en tres: la Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad. La Cámara de Cuentas existe y la prevé el propio Estatuto para el control económico y presupuestario (art. 44), pero no es institución de autogobierno.

El art. 14.2 la obliga a dar cuenta al Pleno de la nueva Asamblea, una vez constituida: la Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara mientras no hay Pleno, y es al Pleno a quien rinde cuentas.

El art. 16.3.g) le da la interposición del recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional, en los términos de la Constitución y de su Ley Orgánica. La cuestión de inconstitucionalidad la plantean los jueces, y los conflictos de competencia los resuelve el propio Tribunal.

El art. 10.4 atribuye la convocatoria al Presidente de la Comunidad. El Rey convoca las elecciones a Cortes Generales, y el Presidente de la Asamblea convoca las sesiones de la Cámara, no las elecciones.

El art. 8 nombra al Presidente de la Comunidad junto a la Asamblea y el Gobierno. El Presidente de la Asamblea dirige la Cámara, pero la institución es la Asamblea y no quien la preside; el Delegado del Gobierno es un órgano del Estado.

El art. 10.6 fija la barrera en el 5 por 100. El 3 por 100 es la de las elecciones al Congreso en cada circunscripción, que fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: quien la traslada a Madrid falla.

El art. 10.8 pide ser madrileño —la condición política que define el propio Estatuto—, mayor de dieciocho años y en pleno goce de los derechos políticos. «Todos los españoles» es la fórmula de la Constitución para las elecciones a Cortes Generales.

El art. 11.2 exige acatar la Constitución y también el Estatuto de Autonomía: no basta con uno de los dos, y el Reglamento de la Asamblea no forma parte de esa fórmula. En las Cortes Generales se acata la Constitución; quedarse ahí es olvidar lo que añade Madrid. Integrarse en un Grupo Parlamentario no es requisito de la condición plena.

El art. 15.2 la reparte entre los Diputados, los Grupos Parlamentarios y el Gobierno. La Mesa y la Diputación Permanente no tienen iniciativa legislativa en el Estatuto, así que falla cualquier opción que las incluya o que deje fuera a uno de los tres.

El art. 16.3.j) manda comunicar estos convenios de inmediato a las Cortes Generales, sin autorización previa. Si las Cortes o alguna de sus Cámaras manifiestan reparos en treinta días, el convenio sigue el trámite de los acuerdos de cooperación (art. 31.1). La autorización previa de las Cortes es la de los acuerdos de cooperación sobre otras materias (art. 16.3.k).

El art. 10.5 hace de la provincia la circunscripción, y como el territorio de la Comunidad es el de la provincia de Madrid (art. 2), toda ella vota en una sola circunscripción. Es la misma unidad que usa el Congreso.

El art. 11.3 deja la asignación en manos de la Asamblea. No la fija el Gobierno de la Comunidad, al que la Cámara controla, ni el Estado.

El art. 16.3.k) exige la autorización previa de las Cortes Generales, como la Constitución para estos acuerdos (art. 145.2). Los convenios para gestionar y prestar servicios propios solo se comunican a las Cortes (art. 16.3.j), salvo que estas manifiesten reparos (art. 31.1).

El art. 16.3.a) da a la Asamblea la aprobación de los Presupuestos y el examen y aprobación de las cuentas. La Cámara de Cuentas ejerce el control económico y presupuestario (art. 44), sin perjuicio del Tribunal de Cuentas, pero ninguno de los dos aprueba las cuentas.

El art. 15.2 no fija requisitos: permite que una ley de la Asamblea regule su ejercicio, en las materias del apartado 1, que incluyen las exclusivas. Las 500.000 firmas son las que exige la Constitución para la iniciativa popular ante las Cortes Generales.

El Estatuto no da la cifra: el art. 12.2.b) encarga al Reglamento de la Asamblea fijar ese mínimo. La Junta de Portavoces reúne a los portavoces de los Grupos ya formados (art. 13.2); no pone las reglas para formarlos.