4305 preguntas · 157 bloques
Citas contrastadas con el texto vigente · Actualizada el 8 de noviembre de 2026
Test de Auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid: Estatuto, Ley 1/1983, TREBEP y ofimática, con el artículo literal. Gratis y sin cuenta.
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Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 4305 preguntas que contiene en total.
Las elecciones del 23.1 son periódicas y por sufragio universal. Un sufragio censitario o corporativo, que reserva el voto a una parte, es justo lo que el adjetivo excluye.
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
El art. 51.4 no deja inadmitir por sorpresa: el órgano judicial tiene que hacer saber a las partes el motivo en que pueda fundarse la inadmisión para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen documentos. El plazo es común a todas las partes y no solo al recurrente, que es lo que olvida la opción que solo da audiencia al recurrente; y no pasa por pedir nada a la Administración.
antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar.
El art. 148.2 incluye en el coste del ciclo de vida dos clases de costes: los que sufragan el órgano u otros usuarios (adquisición, utilización, mantenimiento, final de vida) y los imputados a externalidades medioambientales, estos «a condición de que su valor monetario pueda determinarse y verificarse». La norma de la Unión que cita el artículo es la que impone un método común de cálculo, no la que permite incluirlos; y la ley no lo limita a los contratos armonizados.
b) los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor monetario pueda determinarse y verificarse
Entre diez y quince días, la misma horquilla que el trámite de audiencia del procedimiento (art. 82.2). La de diez a treinta días es la del periodo de prueba (art. 77.2), y no se aplica aquí.
se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
El art. 23.3 deja a los funcionarios comparecer por sí mismos, sin Procurador ni Abogado, en defensa de sus derechos estatutarios en cuestiones de personal, salvo que impliquen la separación de empleados públicos inamovibles. La excepción vale ante cualquier órgano: el apartado viene detrás de los dos anteriores y dice «no obstante», así que no se limita a los unipersonales. Las retribuciones, la provisión de puestos y la carrera son cuestiones de personal que caben dentro de la regla.
3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
El artículo 46 bis exige que esos sistemas, y los tratamientos de datos personales que hacen, se ubiquen y presten dentro del territorio de la Unión Europea. No lo restringe al territorio español ni lo extiende al Espacio Económico Europeo, y cifrar los datos no suple esa exigencia. La decisión de adecuación de la Comisión Europea aparece en el segundo párrafo del mismo artículo, pero para otra cosa: es una de las dos excepciones a la prohibición de transferir esos datos a un tercer país.
Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.
El artículo 37.4 recoge la regla de la Ley 39/2015 para estos documentos y le añade un deber: el órgano competente para tramitar el procedimiento comunica esa circunstancia al interesado y le informa de los requisitos que exige la legislación específica aplicable. El reglamento no prevé que el registro lo devuelva sin más ni que lo reenvíe de oficio, y no abre un trámite de subsanación.
En estos supuestos, el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al interesado e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable
Pasado el plazo sin adjudicar, el artículo 158.4 libera a los licitadores: pueden retirar su proposición y que se les devuelva la garantía provisional, si se exigió. La ley no da el contrato por adjudicado por el paso del tiempo, no reconoce una indemnización por los gastos de licitar y no obliga a declarar desierta la licitación.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.
En las entidades del sector público que no son Administración Pública, la garantía es potestativa: el órgano de contratación puede exigirla a los licitadores o al adjudicatario, y fija su importe y su devolución atendiendo al contrato, sin sobrepasar los límites de la provisional (art. 106.2) y de la definitiva con su complementaria (art. 107.2). No está obligado al 5 %, y la ley dice expresamente que no hace falta constituirla en la Caja General de Depósitos.
1. En los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, los órganos de contratación podrán exigir la prestación de una garantía a los licitadores o candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación y, en su caso, formalización del contrato o al adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución de la prestación. 2. El importe de la garantía, que podrá presentarse en alguna de las formas previstas en el artículo 108, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos, así como el régimen de su devolución o cancelación serán establecidos por el órgano de contratación, atendidas las circunstancias y características del contrato, sin que pueda sobrepasar los límites que establecen los artículos 106.2 y 107.2, según el caso.
La ley de contratos permite la tramitación anticipada, pero no fija ella los límites del gasto: remite a las normas presupuestarias de cada una de las Administraciones Públicas sujetas a la ley, y para el Estado esas normas son las de la Ley General Presupuestaria. Que el gasto se impute al ejercicio siguiente no lo libera de límites, y la Junta Consultiva no fija cifras de crédito.
A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.
El art. 97.1 dice que los certificados de inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar de los Estados de la Unión, referidos a empresarios establecidos en el Estado que los expide, «constituirán una presunción de aptitud» respecto de los requisitos de selección cualitativa que figuren en ellos. Valen por sí mismos, sin homologación de la Junta Consultiva, en cualquier contrato, armonizado o no, y no equivalen a una clasificación española.
Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.
El art. 44 se lo da a la Cámara de Cuentas «sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas», conforme a los arts. 136 y 153.d) de la Constitución: los dos controles conviven y ninguno excluye al otro. La Intervención General ejerce el control interno de la Administración de la Comunidad, no el externo.
El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas
El art. 25.2 somete los contratos administrativos a la LCSP y a sus disposiciones de desarrollo, pero hace una salvedad con los administrativos especiales de la letra b) del art. 25.1: a ellos se les aplican, en primer término, sus normas específicas. La LCSP es el distractor tentador porque es la norma de cabecera de los contratos administrativos típicos; en los especiales va por detrás de sus normas propias.
No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.
La escasa cuantía de la sanción no figura en el 89.1, cuyas circunstancias miran solo a los hechos, a la prescripción de la infracción y al responsable. Las otras tres son letras del 89.1: hechos no acreditados (b), responsable no identificado (d) e infracción prescrita (e).
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. b) Cuando los hechos no resulten acreditados. c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
Al principio del título I, antes de su capítulo primero: tras la rúbrica del título viene directamente el artículo 10, y el capítulo primero, «De los españoles y los extranjeros», empieza en el 11. El título preliminar termina en el artículo 9.
TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales Artículo 10
El art. 20.1 extiende el derecho a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, con un único límite: que no hayan participado en los hechos. No lo reduce a los descendientes menores ni lo condiciona a que la víctima se hubiera personado antes.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.
El art. 90.2 prohíbe prorrogar o renovar estos contratos y declara nulos de pleno derecho los reglamentos o actos que lo infrinjan, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quien lo autorizó. Convertirlo en indefinido es la consecuencia que el derecho laboral asocia al encadenamiento de contratos, y no es lo que dice esta ley.
Serán nulos de pleno derecho los reglamentos o actos administrativos que infrinjan lo anterior
El registro lo mantienen el responsable y el encargado (o sus representantes), no el delegado; pero si hay delegado, hay que comunicarle cualquier cambio en el contenido del registro, sea una adición, una modificación o una exclusión. No basta con darle la versión inicial, ni se limita a los tratamientos de categorías especiales.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.
El art. 75.3 limita el allanamiento a quien se allana: si los demandados son varios, el procedimiento sigue respecto de los que no se han allanado. No termina para todos ni se suspende a la espera de los demás, y tampoco sigue contra todos como si nadie se hubiera allanado: el allanamiento de uno produce efecto respecto de él. Es la misma regla que el art. 74.5 aplica al desistimiento cuando los recurrentes son varios.
Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.
La disposición final segunda dicta la ley al amparo de las condiciones básicas del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, pero saca de ese carácter básico unas piezas que solo se aplican a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos: entre ellas, el título VIII. La ley no extiende esa aplicación a las comunidades autónomas ni a las entidades locales.
el Título VIII, la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos
La disposición adicional primera manda respetar, en las incompatibilidades que produzca la ley, los derechos consolidados o en trámite de consolidación en materia de derechos pasivos o de pensiones de cualquier régimen de Seguridad Social, condicionados en su caso a los niveles máximos de percepción o de actualización que se establezcan. La protección alcanza también a lo que está en trámite, y por eso falla la opción que la limita a lo consolidado. Quedar en suspenso es lo que el artículo 3.2, la salvedad que la propia disposición hace, prevé para la pensión de jubilación de quien desempeña un puesto público, no la regla general.
Con la salvedad del artículo 3.º, 2, las situaciones de incompatibilidad que se produzcan por aplicación de esta Ley se entienden con respeto de los derechos consolidados o en trámite de consolidación en materia de Derechos Pasivos o de pensiones de cualquier régimen de Seguridad Social, quedando condicionados, en su caso, a los niveles máximos de percepción o de actualización que puedan establecerse.
El Consejo de Estado está en la lista de instituciones que la ley incluye junto a la Casa del Rey, las Cámaras, el Tribunal Constitucional, el Banco de España y otras, pero no en todo lo que hacen: en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Ni quedan fuera de la ley ni se les aplica como a una Administración, y la medida no es la del dinero que manejan.
La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
El artículo 175.1 abre el diálogo competitivo a todo: en el transcurso del diálogo con los candidatos seleccionados pueden debatirse todos los aspectos del contrato. Sus vecinos tienen límites. En la asociación para la innovación y en la licitación con negociación se negocia, pero no los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación (179.3 y 169.5); y en el restringido toda negociación de los términos del contrato está prohibida (160.3).
La mesa especial del diálogo competitivo desarrollará con los candidatos seleccionados un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.
El art. 1 fija un objeto amplio: el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero de todo el sector público de la Comunidad, que el art. 2 define con la Administración y el sector público institucional dentro. Los tributos propios no son su objeto: la ley solo reserva a ley de la Asamblea sus elementos básicos (art. 14.c). La organización de los organismos y entes es materia de la Ley 1/1984, de la Administración Institucional, a la que la ley de Hacienda remite. Sustituye a la Ley 9/1990, derogada desde el 1 de enero de 2026. Es el mismo objeto que el art. 1 de la Ley General Presupuestaria da a la ley estatal.
Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del sector público de la Comunidad de Madrid.
Desde la Ley 5/2025, el art. 17 somete a los organismos autónomos administrativos y mercantiles al régimen presupuestario, de gestión económico-financiera y de control de la ley que regula la hacienda de la Comunidad de Madrid, que hoy es esa misma Ley 5/2025. La Ley General Presupuestaria es la que aplican los organismos autónomos del Estado (Ley 40/2015, art. 102).
Los organismos autónomos administrativos y mercantiles estarán sometidos al régimen presupuestario, de gestión económico-financiera y de control establecido en la ley que regula el régimen jurídico de la hacienda de la Comunidad de Madrid.
Dar otra vuelta no tiene por qué ser volver a leerlo todo. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución y el Estatuto de Autonomía a Microsoft 365:
Las que tienen norma, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las demás, con su explicación. Comparte sus bloques con Auxiliar administrativo del Estado y con la colección de cada ley, como la del Estatuto de Autonomía o la de las leyes de la Comunidad: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
No incluye lo que la Comunidad regula por decreto, salvo la atención al ciudadano del Decreto 21/2002: ni el número y la estructura de las Consejerías, que cambian con cada Gobierno, ni los decretos de la administración electrónica propia de la Comunidad.
Tampoco, por ahora, el título V de la Ley 10/2019, el del Consejo de Transparencia y Protección de Datos: está recurrido ante el Tribunal Constitucional y se incorporará cuando haya sentencia. Ni las leyes de la Comunidad contra la violencia de género y de las personas LGTBI, la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la Ley 6/2023, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, o el acceso a los documentos que regula la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español; ni la ley de presupuestos de cada año y sus cifras, los convenios y acuerdos del personal de la Comunidad o quién ocupa hoy cada cargo.
La ofimática va en preguntas, no en práctica en pantalla. De otras normas lleva solo la parte que se estudia aquí:
El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.
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El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid de punta a punta —el territorio, la capital, la bandera y quién es madrileño a efectos políticos, la Asamblea de Madrid, cómo se elige y qué hace, el Presidente y el Gobierno, con la investidura, la cuestión de confianza, la moción de censura y la disolución anticipada, las competencias exclusivas, de desarrollo legislativo y de ejecución, el régimen jurídico y la Administración de la Comunidad, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia, la hacienda y el patrimonio, y cómo se reforma el Estatuto—, con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que lo incluyen, como Auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
186 preguntas
del equipo de Nemoteca Cinco leyes de la Asamblea de Madrid, cada una con sus bloques: la Ley 1/1983, del Gobierno y Administración —la elección, las atribuciones y el cese del Presidente, el Consejo de Gobierno y los Consejeros, sus relaciones con la Asamblea, las Consejerías y sus órganos, el régimen jurídico de sus actos y disposiciones, los contratos, el Boletín Oficial y la sede de la Presidencia—; la Ley 1/1984, de la Administración institucional —el sector público institucional, los organismos autónomos, los entes de Derecho público, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones de la Comunidad—; la Ley 1/1986, de la Función Pública —las clases de personal y los órganos de la función pública, las relaciones de puestos de trabajo y la oferta de empleo, los Cuerpos y Escalas, la carrera, las situaciones, los derechos y las retribuciones, los deberes y el régimen disciplinario, los interinos y el personal laboral—; la Ley 5/2025, de Hacienda, que sustituye desde el 1 de enero de 2026 a la Ley 9/1990 —el sector público autonómico, los derechos y las obligaciones de la Hacienda, los Presupuestos Generales de la Comunidad, los créditos y sus modificaciones, la ejecución del gasto, la Intervención General y el control, la contabilidad, el endeudamiento y los avales, la Tesorería y las responsabilidades—, y la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación —la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública, la participación y la colaboración ciudadana y el Registro de Transparencia—. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta, también en lo que la Ley 5/2025 reformó de la Ley 1/1984. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que las incluyen, como Auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
824 preguntas del equipo de Nemoteca Tu segunda vuelta no tiene por qué ser todos los temas otra vez. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática: el Gobierno, los tribunales y la organización del Estado, las comunidades autónomas y la Administración local, la Unión Europea, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, la transparencia, la protección de datos, el empleo público, el presupuesto, la igualdad, la discapacidad y la dependencia, la atención al ciudadano y la administración electrónica. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley, como la de la Constitución o la del Estatuto Básico del Empleado Público: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
5358 preguntas del equipo de Nemoteca Cuatro normas, cada una con sus bloques, y de tres de ellas, solo una parte. De la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, el título I —su objeto, las telecomunicaciones como servicios de interés general, sus objetivos y los servicios para la seguridad y la defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil— y el capítulo III del título III: los derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones y su interceptación por los servicios técnicos, los datos personales, su conservación y cesión, el cifrado y la seguridad de las redes. Del Real Decreto 1125/2024, que sustituye al Real Decreto 806/2014, su objeto, los órganos —la Comisión de Estrategia TIC, la Agencia Estatal de Administración Digital, las Comisiones Ministeriales, el Comité de Dirección y las Unidades TIC— y el modelo de gobernanza: la estrategia, los medios y servicios digitales comunes y transversales y los proyectos de interés prioritario. De la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los títulos I a III —los efectos de los documentos electrónicos, la vigencia, la revocación y la suspensión de los certificados, cómo se comprueba la identidad de su titular, y las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores— y lo que dice del DNI y sus certificados. Y del Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, los principios, las dimensiones de la interoperabilidad, la reutilización, la firma, la conservación y la digitalización de documentos, la conformidad y qué normas técnicas lo desarrollan. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Si la estudias para un tema de administración digital o de sistemas de información, no te lo completa: te faltarán el Reglamento europeo de identificación electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad y las partes de estas normas que no lleva.
117 preguntas del equipo de Nemoteca Más leyes no tienen por qué ser más vueltas. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática: el Gobierno, los tribunales y la organización del Estado, con su Servicio Exterior, las comunidades autónomas y la Administración local, la Unión Europea, la transparencia, la atención al ciudadano y el derecho de petición, los archivos y el registro, la administración electrónica y la protección de datos con sus autoridades y los derechos digitales; las fuentes del derecho, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público con sus organismos públicos, el recurso contencioso-administrativo, los contratos del sector público y la responsabilidad patrimonial; la igualdad, la discapacidad y la dependencia; el empleo público, con sus reglamentos, el Registro Central de Personal, las incompatibilidades, el mutualismo de los funcionarios, el convenio del personal laboral y su Seguridad Social: quién entra en el Régimen General, la acción protectora y la jubilación; y la gestión financiera: el presupuesto del Estado, sus créditos y sus modificaciones, la ejecución del gasto con sus documentos contables, los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, el control de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas, las retribuciones, las indemnizaciones por razón del servicio, las nóminas y las subvenciones. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Lleva todos los bloques de Auxiliar administrativo del Estado: si ya la estudias, lo que sabes allí te cuenta aquí y no se repasa dos veces. Y comparte los suyos con la colección de cada ley, como la de la Ley de Contratos del Sector Público o la de la Ley General Presupuestaria: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
7538 preguntas del equipo de Nemoteca Volver a empezar no tiene por qué ser empezar de cero. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer de la organización, el personal y la ofimática: la Constitución, la igualdad y la violencia de género, el Gobierno, la organización territorial y la Unión Europea, el Poder Judicial y su Consejo General, cada tribunal con la planta de Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025, los jueces de paz y las Oficinas de Justicia en los municipios, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la oficina judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios, las actuaciones judiciales —los días y las horas hábiles, la nulidad de los actos, las resoluciones, las notificaciones y la cooperación entre tribunales— y el depósito para recurrir, con Windows, Word, Outlook e Internet. De las leyes procesales, el recurso contencioso-administrativo y sus procedimientos, el Tribunal del Jurado, las disposiciones generales, las normas comunes, los expedientes de adopción, de medidas judiciales de apoyo, de tutela y curatela, de Derecho sucesorio y de obligaciones, y la conciliación de la jurisdicción voluntaria, los medios adecuados de solución de controversias y, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el poder de disposición de las partes, los días hábiles y los plazos, la inmediación, la publicidad y la fe pública judicial, los actos de comunicación, el auxilio judicial, las resoluciones, la nulidad de las actuaciones, la tasación de costas, la clase de juicio, la presentación de escritos y sus copias, la prueba, los juicios ordinario y verbal, los recursos, la ejecución forzosa, las medidas cautelares, las disposiciones generales de los procesos especiales, los procesos de apoyos y de filiación, los procesos matrimoniales, la sustracción internacional de menores, la división de la herencia, el monitorio y el cambiario, y de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la jurisdicción y la competencia, las partes, los actos procesales, la evitación del proceso, la demanda, el juicio, la prueba y la sentencia, el despido, las sanciones y las demás extinciones del contrato, las prestaciones de la Seguridad Social y los recursos de reposición, de revisión y de suplicación, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones, los actos de comunicación, los términos, los recursos, el sumario, la detención, la prisión provisional, las fianzas y los embargos, el sobreseimiento, la calificación, el juicio oral, el procedimiento abreviado, los juicios rápidos, el juicio sobre delitos leves, la ejecución de las sentencias y la justicia restaurativa. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Carta de Derechos, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley y con Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
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