Las competencias de la Comunidad de Madrid

Sanidad e higiene es la materia 4 del art. 27: desarrollo legislativo y ejecución dentro de las bases del Estado. La Constitución reserva al Estado las bases y la coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16.ª), no la materia entera. Lo que es de mera ejecución es la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (art. 28.1.1).

El art. 28 abre con «Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado». El 26 enumera las competencias exclusivas, el 27 las de desarrollo legislativo y ejecución, y el 29 se dedica solo a la enseñanza.

La propiedad intelectual e industrial está en el art. 28.1.11: la legislación es del Estado y la Comunidad la ejecuta. El ejercicio de las profesiones tituladas y los montes son de desarrollo legislativo (art. 27.6 y 27.3), y el patrimonio histórico de interés para la Comunidad, exclusivo (art. 26.1.19).

El régimen local es la primera materia del art. 27: la Comunidad lo desarrolla y lo ejecuta en el marco de la legislación básica del Estado. Lo exclusivo es otra cosa: crear o suprimir municipios y alterar sus términos (art. 26.1.2).

Los espectáculos públicos son la materia 1.30 del art. 26.1. Las otras tres también están en el Estatuto, pero en otro nivel: el régimen minero y energético es de desarrollo legislativo (art. 27.8), y las asociaciones y las pesas y medidas son de mera ejecución de la legislación del Estado (art. 28.1.4 y 28.1.8).

El art. 29.1 le atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza, de acuerdo con el art. 27 de la Constitución y sus leyes orgánicas, y sin perjuicio de las facultades del Estado (art. 149.1.30.ª) y de la Alta Inspección. Por eso no es exclusiva, pero tampoco del Estado.

El art. 28.1.1 encarga la gestión a la Comunidad y reserva al Estado «la alta inspección». La coordinación hospitalaria, incluida la de la Seguridad Social, y la ordenación farmacéutica son de desarrollo legislativo de la Comunidad (art. 27.5 y 27.12), y la gestión de las prestaciones del Inserso también le corresponde a ella (art. 28.1.2).

El art. 33 da preferencia al Derecho propio de la Comunidad, el formado por las leyes y normas de las materias de competencia plena. Las bases estatales encuadran el desarrollo legislativo del art. 27, y las normas reglamentarias generales del Estado, la mera ejecución del art. 28.2.

El art. 32.3: la Comunidad adoptará las medidas necesarias para ejecutar en su territorio los tratados y los actos de las organizaciones internacionales en lo que afecten a sus competencias. Que el Estado celebre el tratado no le da también su ejecución cuando la materia es de la Comunidad.

El art. 26.1.7 le da en exclusiva los aeropuertos y helipuertos deportivos y los que no desarrollen actividades comerciales. Sobre los de interés general cuya gestión directa no se reserve el Estado solo tiene la ejecución de la legislación estatal (art. 28.1.7). Estar dentro del territorio no basta: ese es el criterio de los ferrocarriles y las carreteras (art. 26.1.6).

La materia 1.31 del art. 26.1 es la «Estadística para fines no estatales». La de fines estatales es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.31.ª de la Constitución), así que la Comunidad no tiene toda la estadística, y el Estatuto no la define por quién la elabora, como la de los municipios.

El art. 28.1.12 remite a la materia 7.ª del art. 149.1 de la Constitución y deja al Estado la legislación laboral y la alta inspección; a la Comunidad le queda ejecutarla, así que la ejecución no es del Estado. Tampoco se parte en bases y desarrollo: la legislación laboral es entera del Estado.

El art. 27 empieza así: «En el marco de la legislación básica del Estado». Las leyes marco son el cauce del art. 30.2 para recibir facultades nuevas, y las normas reglamentarias generales del Estado encuadran la mera ejecución del art. 28.2.

El art. 33 termina así: «En todo caso, el Derecho estatal tiene carácter supletorio del Derecho propio de Madrid». No es inaplicable: rige donde el Derecho propio no llega. Es la misma regla de supletoriedad del art. 149.3 de la Constitución.

El art. 30.1 da dos vías: reformar el Estatuto o una decisión de las Cortes Generales por los procedimientos de la Constitución. Una ley de la Asamblea no basta: la Comunidad no puede atribuirse competencias a sí misma.

La defensa del consumidor y del usuario es la materia 10 del art. 27, sujeta a las bases y la ordenación de la actividad económica general del Estado. La agricultura y la ganadería y la ayuda a la tercera edad son exclusivas (art. 26.3.1.4 y 26.1.23), y la reestructuración de sectores industriales conforme a los planes del Estado, de mera ejecución (art. 28.1.9).

El art. 28.1.6 los delimita por la titularidad y la gestión: los de titularidad estatal cuya gestión directa no se reserve el Estado, con los términos de la gestión fijados por convenio. No son todos los estatales, porque el Estado puede reservarse su gestión directa, y los de interés para la Comunidad que no son de titularidad estatal son competencia exclusiva (art. 26.1.18).

La ordenación farmacéutica es de desarrollo legislativo y ejecución (art. 27.12), dentro de las bases del Estado y sin perjuicio de la materia 16.ª del art. 149.1 de la Constitución. La pesca fluvial y lacustre, el turismo y las fundaciones que desarrollan principalmente sus funciones en Madrid están en la lista de exclusivas (art. 26.1.9, 1.21 y 1.26).

El art. 28.2 le da la administración, la ejecución y, en su caso, la inspección, y la facultad de dictar reglamentos internos de organización de los servicios, conforme a los reglamentos generales que dicte el Estado. Desarrollar las bases estatales es lo del art. 27, no lo del 28.

Pasado el plazo sin reparos, el convenio entra en vigor (art. 31.1). Tramitarse como acuerdo de cooperación, con la autorización previa de las Cortes, es justo lo que pasa en el caso contrario: si hay reparos (art. 31.1 y 31.2).