La economía, la hacienda y la reforma del Estatuto

El art. 64.1 exige, además de la de la Asamblea, «la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica», que es la forma que la Constitución da a los Estatutos y a su reforma (arts. 81.1 y 147.3). Una ley ordinaria no basta, el Estatuto de Madrid no prevé referéndum para reformarse y el Gobierno de la Nación no aprueba la reforma.

El art. 61.1 fija una antelación mínima de dos meses. Los tres meses son los de la Constitución para los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.3), y es el error más común al pasar de una norma a otra. La Ley 5/2025, de Hacienda de la Comunidad, concreta la remisión en una fecha que respeta ese mínimo.

La disposición adicional segunda limita esa intervención de las Cortes a un solo objeto: «el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas electorales». El número de Diputados lo fija el propio Estatuto con su escala de población (art. 10), y la disolución anticipada la decide el Presidente de la Comunidad (art. 21): no las ordenan las Cortes.

El apartado 2 de la disposición adicional primera permite cambiarla «mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad de Madrid» —el Gobierno de la Nación, que lo tramita como proyecto de ley— y aclara que esa modificación «no se considerará modificación del Estatuto». Por eso no hace falta el procedimiento del art. 64, aunque el texto viva dentro del Estatuto: así entraron las leyes de cesión de 1997, 2002 y 2010. Ni la Asamblea sola ni un decreto bastan.

El art. 59.c) pide regular el régimen general presupuestario «de acuerdo con los principios de la legislación del Estado»: la ley es madrileña, pero sigue los principios estatales. La Cámara de Cuentas controla las cuentas, no fija los principios del presupuesto; la Comisión Mixta se ocupa de transferencias y de las condiciones de la cesión de tributos; y el Reglamento de la Asamblea ordena la Cámara, no la Hacienda.

El art. 58 le da a la Comunidad «el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado»: se equipara al Estado, no a los municipios ni a las entidades sin fines lucrativos. Y no lo decide la Comunidad en su presupuesto: es la ley la que fija el del Estado, y el de la Comunidad lo sigue.

El art. 63.2 manda elaborar «un programa anual de actuación del sector público económico», cuyas líneas generales se coordinan con la actividad presupuestaria del año. El Estatuto no habla de privatizar, ni de rendir cuentas de las empresas a las Cortes, ni de un inventario para la Cámara de Cuentas.

El art. 54.1 cierra cuatro supuestos de revisión: que se amplíen o reduzcan las competencias asumidas, que se cedan nuevos tributos, que haya reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado o que, pasado el plazo que fija, lo pida el Estado o la Comunidad. Ni la población, ni la mayoría de la Asamblea, ni el presupuesto de cada año están entre ellos: el porcentaje no se rehace con cada ejercicio.

El art. 52.2 lo reserva a «una ley de la Asamblea»: el patrimonio es de la Comunidad y el Estatuto lo remite a su propio Parlamento, no a una ley de las Cortes. Un decreto del Gobierno no basta, porque el Estatuto pide ley, y el Reglamento de la Asamblea ordena el funcionamiento de la Cámara, no los bienes de la Comunidad.

El art. 59.a) reserva a ley de la Asamblea crear, modificar y suprimir los impuestos, tasas y contribuciones especiales propios, «y de las exenciones y bonificaciones que les afecten». Lo que confunde es que los reglamentos de esos mismos tributos y las normas para gestionar los cedidos no piden ley: son potestad reglamentaria (art. 60). Designar representantes en las entidades financieras públicas tampoco es materia de ley (art. 62).

El art. 53.8 incluye «los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias». El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo municipal, de la Hacienda de cada Ayuntamiento; las cotizaciones sociales son de la Seguridad Social; y el Estatuto no obliga a los Ayuntamientos a aportar nada a la Comunidad. La lista acaba con «cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las Leyes del Estado», pero no nombra ninguno de esos tres.

El art. 60.a) se lo atribuye al Gobierno de la Comunidad: el tributo se crea por ley de la Asamblea (art. 59.a), pero su reglamento general lo aprueba el Gobierno. El mismo art. 60 le da las normas reglamentarias para gestionar los impuestos estatales cedidos. El Estado no reglamenta los tributos propios de la Comunidad, y la Cámara de Cuentas fiscaliza, no dicta normas.

El art. 64.1 pide los dos requisitos a la vez: dos tercios de los municipios «cuya población represente la mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid». No basta el número de municipios sin la población, ni la mitad de ellos aunque sumen la mayoría de los habitantes.

Es el supuesto d) del art. 54.1: cinco años desde la entrada en vigor del porcentaje, a petición del Estado o de la Comunidad. Los otros tres supuestos no esperan ningún plazo: que cambien las competencias asumidas, que se cedan nuevos tributos o que haya reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado. Cuatro años es la legislatura de la Asamblea, una cifra que se cuela fácil aquí.

El art. 61.2, tras declarar el presupuesto único, anual y con todos los ingresos y gastos de la Comunidad y de sus organismos, instituciones y empresas, añade que «se consignará en el Presupuesto el importe de los beneficios fiscales que afecten a los Tributos de la Comunidad». Es la regla que la Constitución aplica a los tributos del Estado (art. 134.2). Las cuentas del Estado y de los Ayuntamientos no van en el presupuesto de la Comunidad.

El art. 64.1 reserva la iniciativa a tres sujetos madrileños: el Gobierno de la Comunidad, la Asamblea y los municipios, estos dos con los requisitos que fija el propio artículo. El Gobierno de la Nación y las Cortes Generales no la tienen —las Cortes intervienen después, para aprobar la reforma—, y el Estatuto no prevé la iniciativa popular para reformarse.

El art. 56.2 dice que el Consejo de Gobierno asume esas tareas «por delegación del Estado», en los términos de la ley que fije el alcance y las condiciones de la cesión. Lo cedido es el rendimiento, no la titularidad: el impuesto sigue siendo estatal. Las «plenas atribuciones» son para los tributos propios (art. 56.1), no para los cedidos.

El art. 51 sitúa la autonomía financiera de la Comunidad «dentro de los principios de coordinación con las Haciendas estatal y local». La tentación es quedarse en la estatal, que es lo que dice para todas las Comunidades el art. 156.1 de la Constitución (coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles): el Estatuto madrileño nombra además la local. Ni las demás Comunidades ni la Unión Europea aparecen en el artículo.

El art. 63.1 lo permite: la Comunidad puede ser titular de empresas públicas «y entidades de crédito y ahorro como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia». No exige autorización de las Cortes ni se limita a empresas no financieras, y el Estatuto no trata el crédito como un terreno vedado a la Comunidad. El «artículo 27» al que remite el precepto es el de la numeración de 1983: hoy las cajas de ahorro y el crédito corporativo público y territorial están entre las competencias del art. 26.

El art. 64.2 impone la espera de un año, tanto si la propuesta cae en la Asamblea como si cae en las Cortes. Un año es también el plazo mínimo entre dos disoluciones anticipadas de la Asamblea (art. 21.2), y cuatro años, la legislatura: cifras vecinas del mismo Estatuto.