La organización judicial en la Comunidad de Madrid

El art. 47.1 encarga al Presidente de la Comunidad ordenar que el nombramiento se publique en el boletín autonómico. El Presidente de la Asamblea es el gemelo madrileño que tienta, y el Ministro de Justicia, la intuición de quien piensa en el Estado; el Estatuto no da esta función a ninguno de los dos.

El art. 46.b) les garantiza «en todo caso», en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los recursos contra actos y disposiciones administrativos de los órganos de la Comunidad de Madrid, y deja fuera lo atribuido a las Salas del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Los actos del Consejo de Ministros y del CGPJ los controla el Tribunal Supremo, aunque esos órganos tengan su sede en Madrid, y las leyes de la Asamblea solo las controla el Tribunal Constitucional (art. 42).

El art. 45 hace del Tribunal Superior de Justicia el órgano en el que se agotan las instancias procesales en Madrid, como pide el art. 152 de la Constitución, aunque sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Por eso la casación, la revisión y los conflictos con tribunales de fuera de Madrid son del Supremo (art. 46), y los nombramientos siguen la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 47.2).

El art. 48 deja la convocatoria al «órgano competente» según la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero a instancias del Consejo de Gobierno de la Comunidad. El Estatuto no da esa iniciativa a la Asamblea ni al Presidente del Tribunal Superior, y el Ministerio de Justicia es la respuesta de quien piensa solo en el Estado.

Es la llamada cláusula subrogatoria: el art. 49.1 pone al Gobierno de la Comunidad en el lugar del Gobierno de la Nación para todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya a este. Pensar que el Estado las conserva todas es la intuición estatal, y el Estatuto la descarta.

El art. 49.2 lo atribuye a la Asamblea, junto con la capitalidad de esas demarcaciones, siempre de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las Cortes Generales tientan porque la planta y la demarcación judicial de toda España las establece una ley del Estado, pero fijar los límites de las de Madrid el Estatuto se lo da a su parlamento.

El art. 46.a) les da todas las instancias y grados con dos salvedades, la casación y la revisión, que en las restantes materias se interponen ante el Tribunal Supremo. Olvidar la revisión es el error tentador: el Estatuto exceptúa los dos recursos, no solo la casación.

El art. 50.2 manda nombrar «en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro como fuera de Madrid»: no hay preferencia territorial ni reserva de plazas. La condición política de madrileño (art. 7) tampoco se exige para estas plazas en el Estatuto.