El Presidente y el Gobierno de la Comunidad

Por los delitos cometidos en el territorio, Vicepresidentes y Consejeros responden ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala de lo Penal del Supremo es la intuición estatal, porque ante ella responden siempre los Ministros (art. 102.1 de la Constitución); en Madrid, el Consejero solo va al Supremo por lo cometido fuera.

El Estatuto vigente no exige la condición de Diputado ni al Vicepresidente ni al Consejero; solo el candidato a Presidente tiene que ser miembro de la Asamblea (art. 18.1). «Solo para Vicepresidente» era la regla de la redacción de 1983, que la Ley 1/1983 de Gobierno y Administración conserva en su letra; la pregunta es por el Estatuto.

El Estatuto lo remite a una ley de la Asamblea, no a las Cortes. La ley orgánica tienta por analogía con el Gobierno de la Nación, cuyo estatuto regula una ley estatal (art. 98.4 de la Constitución).

La nueva Cámara solo completa la legislatura que se interrumpió, así que las elecciones autonómicas vuelven a su fecha ordinaria. Los cuatro años completos son la regla del Congreso, que tras una disolución empieza una legislatura entera (art. 68.4 de la Constitución).

Lo propone el Presidente de la Asamblea, tras consultar a los representantes de los grupos con representación. Que proponga el Rey es lo que la Constitución prevé para el candidato a Presidente del Gobierno de la Nación (art. 99.1); en Madrid el Rey interviene después, para nombrar al investido.

El Estatuto pide al menos un 15 por 100 de los Diputados. El 10 por 100 es la décima parte que la Constitución exige en el Congreso (art. 113.2), y el 5 por 100 es la barrera electoral de la Asamblea (art. 10.6).

La moción es constructiva: el Presidente cesa con su Gobierno y el candidato incluido en ella se entiende investido, sin otra votación; luego lo nombra el Rey. Presentar la dimisión al Rey es lo que la Constitución prevé para el Gobierno de la Nación (art. 114.2).

Convoca el Presidente de la Asamblea, y la elección sigue el procedimiento de investidura del art. 18. El Rey no abre consultas en Madrid: solo nombra al que resulte elegido.

La acuerda el Presidente de la Comunidad, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad. La intuición estatal lleva al Rey: las Cortes las disuelve el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 115.1 de la Constitución).

No puede votarse hasta que pasen cinco días desde su presentación. Los quince días son los del plazo máximo para convocar el pleno que elige nuevo Presidente cuando se pierde la cuestión de confianza (art. 19.2).

Ninguna disolución anticipada puede acordarse en el primer período de sesiones de la legislatura. Los seis meses tras la investidura no figuran en el Estatuto, que cuenta por períodos de sesiones y no por meses.

Los nombra y los cesa el propio Presidente de la Comunidad (lo repite el art. 17.1: «designa y separa»). La intuición estatal lleva al Rey: a los Ministros los nombra el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 100 de la Constitución).

La limitación dura lo que el período de sesiones en curso. El año es otro plazo del mismo capítulo: el que debe pasar entre dos disoluciones anticipadas de la Asamblea (art. 21.2).

Basta un Decreto, y ese mismo Decreto convoca las elecciones con los requisitos de la legislación electoral. El Real Decreto es la forma en que el Rey disuelve las Cortes; en Madrid la disolución la acuerda el Presidente de la Comunidad.

El Presidente dimite ante la Asamblea, cuyo Presidente convoca después el pleno para elegir a otro. Dimitir ante el Rey es lo que hace el Gobierno de la Nación cuando el Congreso le niega la confianza (art. 114.1 de la Constitución).

La moción exige mayoría absoluta. La simple basta para ganar una cuestión de confianza (art. 19.1) y para la segunda votación de investidura (art. 18.3), y por eso tienta.

El Presidente de la Asamblea propone «uno de sus miembros», tanto tras cada renovación como en cualquier otra vacante. La Constitución no exige al candidato a Presidente del Gobierno ser diputado, y esa es la intuición que lleva al error: el Estatuto de Madrid sí lo exige.

Sigue en funciones hasta que toma posesión el Gobierno nuevo. La investidura del Presidente tienta, pero es un paso anterior: después vienen su nombramiento y el de los Consejeros.

Basta la mayoría simple. La absoluta es la que exige la moción de censura (art. 20.1) y la primera votación de investidura (art. 18.3): de ahí viene la confusión.

Lo nombra el Rey, también cuando el Presidente llega por una moción de censura (art. 20.3). El Presidente de la Asamblea interviene antes, al proponer el candidato, pero no nombra.