Los contratos de la Comunidad, el Boletín Oficial y la sede de la Presidencia

El art. 66 compone la Mesa de cada Consejería con un presidente, un mínimo de cuatro vocales y un secretario, todos designados por el órgano de contratación. El «tres» viene de la Ley 9/2017, que para las mesas de las entidades locales exige que el número total no sea inferior a tres (disposición adicional segunda, apartado 7): no es la cifra madrileña.

El art. 89.1 define la sede como lugar de encuentro de los ciudadanos abierto a eventos y otras actuaciones de carácter público o privado: la ley no excluye lo privado. Las condiciones para cada evento (la conformidad previa de la consejería competente y lo que no se puede autorizar) están en los apartados 2 y 3, que se recurrieron ante el Tribunal Constitucional; el apartado 1 no se suspendió.

El art. 69, añadido por la Ley 3/2007, reparte los papeles: el Consejero competente por razón de la materia propone, y el Consejo de Gobierno autoriza mediante acuerdo motivado que se hace público. El Consejero no decide por sí solo, aunque sea el órgano de contratación ordinario; ni el Presidente ni la Asamblea intervienen.

Desde la reforma de 2001, el art. 66 deja libres los demás vocales, pero obliga a que entre ellos haya un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y un Interventor: el control jurídico y el económico. El Secretario general Técnico y el Jefe del Servicio estaban en la Mesa de la redacción de 1983, que ya no rige, y la Junta Consultiva no forma parte de ella.

El art. 65.2 da al órgano de contratación —el Consejero, según el art. 63— la aprobación de los proyectos técnicos y de los pliegos particulares de cada contrato, tanto de prescripciones técnicas como de cláusulas administrativas. Al Gobierno le quedan los pliegos generales (art. 65.1); la Junta Consultiva propone o informa, y la Mesa de Contratación asiste en la adjudicación, pero ninguna de las dos aprueba pliegos.

El art. 65.1 distingue dos clases de pliegos generales, los dos aprobados por el Gobierno: los de cláusulas administrativas generales, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a través del Consejero de Hacienda; y los de prescripciones técnicas generales, a propuesta del Consejero correspondiente y previo informe de la Junta Consultiva, que es el distractor que más se confunde. La Intervención General no aparece en el art. 65.1: ni propone pliegos ni los informa.

El art. 82 hace del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el medio oficial de publicación de las disposiciones y actos de los órganos de la Comunidad. El del Estado publica lo del Estado (y, además, algunos actos de la Comunidad, como el nombramiento del Presidente), no es el medio ordinario de la Comunidad; el de la Asamblea es el de la Cámara, y la sede electrónica no es un diario oficial.

El art. 69 no limita la otra parte —pueden ser cualesquiera entidades, públicas o privadas— ni exige informe de la Asamblea: lo que pide es que el Consejo de Gobierno aprecie razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, y lo autorice por acuerdo motivado.

El art. 64.1 enumera los casos en que el Consejero, órgano de contratación, necesita antes la autorización del Gobierno (el Consejo de Gobierno), y el primero es el contrato de cuantía indeterminada: si no se sabe cuánto costará, decide el órgano colegiado. Los plurianuales solo la necesitan en supuestos concretos de la misma lista, no todos; y ni la falta de publicidad ni el tipo de Mesa figuran entre los supuestos.

El art. 64.2 cierra el círculo: el Gobierno (el Consejo de Gobierno) que autorizó el contrato autoriza también la modificación que sea causa de resolución y la resolución misma. No cualquier modificación, solo esa; y la prórroga y la cesión no están en el art. 64.2. La adjudicación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares siguen siendo del órgano de contratación (arts. 63 y 65.2).

El art. 65.2 permite a los órganos de contratación fijar modelos tipo de pliegos particulares para contratos de naturaleza análoga, previo informe preceptivo de dos órganos: los Servicios Jurídicos y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. La Intervención no informa los modelos (sí forma parte de la Mesa, art. 66), y el Consejo de Gobierno aprueba los pliegos generales, no informa los particulares.

El art. 62, en la redacción de la Ley 13/2002, junta dos capas: la legislación básica del Estado sobre contratos de las Administraciones Públicas, que la Comunidad no puede desplazar, y las leyes de la Asamblea y los reglamentos que las desarrollen y ejecuten. Por eso la legislación estatal no es un mero derecho supletorio, la Comunidad no se limita a ejecutarla y los acuerdos del Consejo de Gobierno no son fuente de la contratación.