Los entes de Derecho público, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones de la Comunidad

El art. 67 atribuye la junta general de la sociedad íntegramente participada por la Administración al Gobierno; si el 100 % es de un sujeto del sector público institucional, la constituye el órgano de administración de ese sujeto. No la forma un solo Consejero, ni siquiera el de hacienda, que recibe para informe las propuestas de modificar los estatutos (art. 64.4), ni el Presidente; y el órgano de administración de la sociedad es otro órgano social, distinto de la junta.

El art. 73.1 prohíbe a las fundaciones ejercer potestades públicas «sin perjuicio» de lo que el art. 76.3 establece sobre la concesión de subvenciones, que pueden otorgar si se cumplen los requisitos de la normativa básica estatal y autonómica. Por eso «ninguna» es falso en la ley madrileña, aunque la Ley 40/2015 (art. 128.2) enuncie la prohibición para las fundaciones estatales sin esa salvedad. Sancionar o expropiar entra de lleno en la prohibición.

El art. 64.3 exige dos cosas: comunicar el acuerdo a la Asamblea de Madrid y publicarlo en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». Comunicar no es convalidar: la Asamblea no tiene que aprobarlo, porque quien autoriza es el Consejo de Gobierno. Y el boletín es el autonómico, no el BOE.

El art. 76.1 somete su contratación a la legislación sobre contratación del sector público, y el art. 75.1 ya la exceptúa del ordenamiento privado que rige el resto de su actividad. Ni las instrucciones del patronato ni el decreto de creación, que fija los fines y la dotación de la fundación (art. 74.1), sustituyen a esa legislación.

El art. 52.2 le da carácter estimativo y lo integra en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. No es limitativo, y que sea estimativo no lo saca de los presupuestos generales: va integrado en ellos, no aprobado aparte por el ente ni por su Consejería.

El art. 66 distingue según quién participe: si es la Administración de la Comunidad de Madrid, la propuesta compete al Consejo de Gobierno (apartado 1); si es un sujeto del sector público institucional, como un organismo autónomo, compete al órgano de administración de ese sujeto (apartado 2). El Consejo de Gobierno es la respuesta tentadora, pero solo vale para la participación de la propia Administración.

El art. 74.1 la crea por decreto del Consejo de Gobierno, que establece los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con que se la dota; lo mismo cuando una fundación adquiere ese carácter de forma sobrevenida. La ley es lo que la Ley 40/2015 exige para las fundaciones estatales y, en Madrid, lo que crea los entes de Derecho público (arts. 48 y 51); el acuerdo a propuesta de hacienda es la autorización de las sociedades mercantiles (art. 64.1).

El segundo párrafo del art. 48 remite, para lo que la ley de creación no regule, a lo que la propia Ley 1/1984 establece para los organismos autónomos administrativos. El derecho privado es la regla de la otra clase de entes, los sometidos al derecho privado (art. 52.1), y la Ley 40/2015 regula las entidades públicas empresariales del Estado, no los entes madrileños.

El art. 49 los sujeta a la ley que regula el régimen jurídico de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que hoy es la Ley 5/2025. La Ley General Presupuestaria es la del sector público estatal; y la ley de creación fija los fines, las competencias y los órganos del ente (art. 48), pero en lo económico-financiero la Ley 1/1984 remite a la de Hacienda.

El art. 71 remite a la legislación básica estatal que regula el régimen jurídico del sector público (la Ley 40/2015), a la normativa autonómica de desarrollo y a los estatutos de cada consorcio. Los estatutos no bastan solos, y el derecho privado no es su régimen supletorio: el consorcio es una entidad de derecho público (art. 2.2.e). Los consorcios urbanísticos tienen además su propia normativa (art. 72.3).

El art. 53 exige una ley: el ente se crea por ley (art. 51) y solo una ley lo extingue, con la Comunidad de Madrid subrogándose en sus relaciones jurídicas. En el Estado basta un acuerdo del Consejo de Ministros para disolver un organismo público (Ley 40/2015, art. 96.1.f), y de ahí sale la primera opción. En Madrid, el acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de hacienda es lo que autoriza constituir o disolver una sociedad mercantil de la Comunidad (art. 64.1).

El art. 75.1 enumera la normativa básica estatal, la propia Ley 1/1984, la Ley 1/1998, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y el ordenamiento jurídico privado, salvo en lo que les aplique la ley de hacienda y la normativa de contratación del sector público. No se limita a la normativa estatal y al derecho privado, y las otras dos leyes madrileñas no aparecen en la lista.

El art. 65.2 impone la fundación simultánea a toda sociedad en la que la Administración de la Comunidad de Madrid o un sujeto de su sector público institucional tenga el 100 % del capital. La fundación sucesiva, con suscripción pública de las acciones, sirve para captar socios de fuera, que aquí no hay; y el Consejo de Gobierno no elige el procedimiento: lo fija la ley.

El art. 72.2.c) atribuye la suscripción al titular de la Consejería participante; si participa un organismo público, al titular de su máximo órgano de dirección, previo informe de la Consejería de adscripción. El Consejo de Gobierno autoriza antes el convenio (letra b), pero no lo firma; y la Consejería de hacienda informa los estatutos, junto con la de recursos humanos (letra d).

El art. 52.1 deja fuera del derecho privado la formación de la voluntad de sus órganos y el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas, además de lo que regulen específicamente la Ley 1/1984, su ley de creación, sus estatutos y las demás disposiciones de general aplicación. Su actividad con terceros —producir, prestar servicios, cobrarlos— es justo lo que va por derecho privado. La fórmula es la misma que la Ley 40/2015 usa para las entidades públicas empresariales del Estado.