El sector público institucional de la Comunidad y sus organismos autónomos

El art. 5.b) exige que cualquier modificación de las funciones del organismo se apruebe por ley de la Asamblea: lo que fijó una ley solo lo cambia otra. El decreto es la intuición que trae el modelo estatal, donde la fusión e incluso la transformación de organismos públicos se hacen por norma reglamentaria aunque modifiquen su ley de creación (Ley 40/2015, arts. 87.3 y 94.2).

Es la primera atribución del Consejo de Administración (art. 10.1.a). El Gerente lo elabora y lo propone (art. 13.2.a), y después el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de presupuesto, que le presenta la Consejería de adscripción, la cual puede corregir el anteproyecto (art. 33.1). Son tres pasos y tres órganos distintos.

La lista cerrada del art. 2.1 suma a los organismos públicos las sociedades mercantiles, los consorcios adscritos, las fundaciones del sector público y las universidades públicas, que se rigen por su legislación específica (art. 2.2.g). Las autoridades administrativas independientes y los fondos sin personalidad jurídica forman parte del sector público institucional del Estado (Ley 40/2015, art. 84.1), no del madrileño; las corporaciones de Derecho público, como los colegios profesionales, no figuran en ninguna de las dos listas.

El art. 7.1 los enumera: el Consejo de Administración, su Presidente, el Gerente y, en su caso, el Consejero-Delegado. El Consejo Rector es, con el Presidente, el máximo órgano de gobierno de los organismos públicos del Estado (Ley 40/2015, art. 90.1); en los organismos autónomos madrileños ese papel lo tiene el Consejo de Administración.

Entre las funciones del Gerente, el art. 13.2.j) incluye asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto. Propone, informa y ejecuta los acuerdos (art. 13.2.d y e), pero no vota: quien controla su actuación es precisamente el Consejo (art. 10.1.e).

El art. 33.1 lo atribuye al Consejo de Gobierno. Antes, el Consejo de Administración aprueba el anteproyecto y la Consejería de adscripción lo presenta, pudiendo corregirlo. Al Consejo de Gobierno le corresponde también aprobar cada año las cuentas de liquidación del presupuesto de los organismos (art. 33.2).

Las dos definiciones del art. 2.2 coinciden casi palabra por palabra: entidades de derecho público creadas por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía de gestión, para actividades de fomento, prestacionales, de servicios públicos o de producción de bienes, susceptibles o no de contraprestación. La del ente de régimen especial termina con «con especialidades en su régimen jurídico». También se crea por ley y tiene patrimonio propio; limitarse a actividades con contraprestación es rasgo de los entes sometidos al derecho privado (art. 2.2.c).

El art. 12 atribuye la representación del organismo al Presidente del Consejo de Administración, que se nombra y cesa como los demás miembros del Consejo (art. 8). El Consejero-Delegado, cuando existe, es otro de los órganos de gobierno (art. 7.1), y el Secretario tiene las atribuciones que le dé la ley fundacional (art. 10.2); el Consejero de adscripción tutela el organismo desde fuera.

El art. 4.2 admite las dos clases: de carácter administrativo, o de carácter comercial, industrial, financiero o análogos. La ley de creación tiene que decir cuál es (art. 5.a), y de ello depende, por ejemplo, la función interventora (art. 35.1). Financiarse con ingresos de mercado es el rasgo con que la Ley 40/2015 define a las entidades públicas empresariales del Estado (art. 103.1), no una clase de organismo autónomo madrileño.

El art. 13.1.b) permite que el Consejo de Administración designe al Gerente, previa autorización del Consejo de Gobierno, y exige publicar la designación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El Consejero de adscripción no designa al Gerente por ninguna de las dos vías, y la ley no exige que sea funcionario del organismo.

El art. 13.1.a) dice que el Gerente se nombra y, en su caso, se cesa por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración respectivo. Es la diferencia con los miembros del Consejo y su Presidente, que se nombran a propuesta del Consejero de adscripción (art. 8): de ahí sale el distractor.

La lista del art. 5 es cerrada y tiene cinco letras: el carácter (administrativo, o comercial, industrial, financiero o análogo), las funciones, la Consejería o Consejerías de adscripción, el régimen de acuerdos y la composición de los órganos, y los bienes y medios económicos. La ley madrileña no habla de estatutos: la propuesta de estatutos es la que acompaña en el Estado al anteproyecto de ley de creación de un organismo público (Ley 40/2015, art. 91.3).

El art. 20.1 hace a los Gerentes órganos de contratación, facultados para celebrar contratos en nombre y representación del organismo, y el art. 13.2.g) lo repite entre sus funciones. Algunos contratos necesitan además la autorización previa del Gobierno de la Comunidad, y de ellos el Gerente da cuenta al Consejo de Administración (art. 20.2 y 3).

El art. 42.2 lo resuelve así: el funcionario de carrera adscrito mantiene su relación de servicio con la Comunidad y todos los derechos de su condición, y pasa a depender orgánica y funcionalmente del organismo, que asume las obligaciones de la Comunidad respecto de él. No queda en excedencia ni cambia de Administración.

El art. 4.1 remite a la ley constitutiva de cada organismo, con un límite: vale en cuanto esté conforme con las normas que la Ley 1/1984 fija para todos ellos. Los estatutos aprobados por el Gobierno son una pieza del modelo estatal, donde se aprueban por real decreto (Ley 40/2015, art. 93.2) y el organismo se rige por esa ley, por la suya de creación y por sus estatutos (art. 99). El Consejo de Administración aprueba reglamentos dentro de sus competencias (art. 10.1.g), pero no fija el régimen del organismo.

El art. 10.2 obliga a que haya un Secretario en todo Consejo de Administración y remite la determinación de sus atribuciones a la ley fundacional del organismo. El Consejo aprueba sus propias normas de funcionamiento (art. 10.1.g), pero las funciones del Secretario no quedan a su decisión, ni a la del Gobierno o la Consejería.

El art. 45 reparte la potestad disciplinaria: el Gerente incoa y sanciona las faltas leves y graves; el Consejo de Administración, las muy graves; y la separación del servicio queda reservada al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de adscripción o del de la Presidencia si el organismo es de adscripción múltiple. El Consejero propone, pero no impone la sanción.

El art. 14 permite al Consejo de Administración recabar para sí, en cualquier momento, todas o parte de las atribuciones del Gerente, sin autorización de nadie. Encaja con que el Consejo controle la actuación del Gerente (art. 10.1.e) y pueda conferirle otras funciones (art. 13.2.k).

El art. 7.2 permite crear por decreto del Consejo de Gobierno estos órganos de asesoramiento y participación, cuyos miembros se nombran a propuesta y en representación de asociaciones ciudadanas, de usuarios, sindicales, profesionales o empresariales. No son órganos de gobierno del organismo, que son los del art. 7.1, ni los crea la ley de creación, que fija la composición de esos órganos de gobierno (art. 5.d).

El art. 8 atribuye el nombramiento y, en su caso, el cese al Consejo de Gobierno, por acuerdo. El Consejero de adscripción interviene, pero proponiendo, no nombrando: es la confusión que busca la pregunta. Si el organismo está adscrito a varias Consejerías, nombra también el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de todas ellas (art. 39).