Los deberes, las incompatibilidades y el régimen disciplinario de los funcionarios de la Comunidad

La lista del art. 84.2 empieza por el grado de intencionalidad y sigue con el atentado a la legalidad y al interés público, la perturbación de los servicios, los daños, la reincidencia y la reiteración. El descrédito para la imagen pública es un criterio del TREBEP (art. 95.3) para establecer las faltas graves, y no figura en la ley madrileña; la antigüedad y el nivel del puesto no gradúan ninguna falta.

El art. 77.a) abre la lista de deberes con el estricto cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico: es la nota autonómica de la ley, porque el Estatuto es la norma institucional básica de la Comunidad. El Estatuto de los Trabajadores rige al personal laboral, no es un deber de los funcionarios, y el Reglamento de la Asamblea ordena la Cámara.

El art. 77.g) no ata al funcionario a su municipio de destino: le basta residir allí o en cualquier otro desde el que cumpla estrictamente el horario sin menoscabo de sus tareas. No pide autorización de nadie, que es lo que exigía la vieja regla estatal de residencia, ni se limita a los municipios limítrofes ni al territorio de la Comunidad: lo que cuenta es poder cumplir el horario.

El art. 78 reparte así: las normas básicas son las de la ley estatal de incompatibilidades (apartado 1), y su desarrollo reglamentario para el personal de la Comunidad corresponde al Consejo de Gobierno (apartado 2). La tentación es pensar en el Gobierno de la Nación, que es quien desarrolla esa ley en la Administración del Estado; la Asamblea no dicta reglamentos y el Consejero no recibe aquí esa potestad.

El art. 86.3 las manda inscribir en el Registro de Personal, el registro propio de la Comunidad donde consta la vida administrativa de cada funcionario. El Registro Central de Personal es el de la Administración del Estado, el de Penados recoge condenas penales y no sanciones disciplinarias, y la ley no crea registros por Consejería.

El art. 77.h) lo convierte en deber, pero con dos condiciones que van juntas: necesidades del servicio ineludibles y circunstancias excepcionales. No basta la orden del superior ni lo decide el calendario, y tampoco depende de que el funcionario acepte: si se dan las dos condiciones, es un deber y no un favor.

El art. 77.d) acompaña la obediencia de una válvula: el funcionario puede formular, por la vía reglamentaria, las sugerencias que estime oportunas. Sugerir no es desobedecer ni suspender la orden; la ley no exige que la orden conste por escrito ni que la confirme el Consejero para cumplirla.

El art. 83.n) es una falta muy grave propia de la ley madrileña, que el TREBEP admite al dejar que la ley de la Asamblea tipifique otras. Lo que la hace muy grave es el daño muy grave al patrimonio de la Comunidad, causado con negligencia inexcusable o mala fe. La impuntualidad, la incorrección o el descuido en la conservación del material no figuran en la lista del art. 83.

El art. 77.i) remite a lo que acuerde el Consejo de Gobierno, dentro de lo que diga la legislación vigente. Es la propia Comunidad, como empleadora, la que fija los mínimos de sus servicios; la Delegación del Gobierno representa al Estado, la Mesa General negocia condiciones de trabajo y la Asamblea legisla, pero ninguna de ellas los acuerda según esta ley.