Los funcionarios interinos, el personal laboral y la Administración institucional de la Comunidad

El art. 92.1 reserva la aprobación al Consejo de Gobierno de la Comunidad; el Consejo de Administración del organismo solo la propone. Atribuírsela al propio organismo es el error tentador, porque es quien conoce sus puestos.

El art. 89.2 lo pasa a excedencia por incompatibilidad aunque no tenga un año de antigüedad, y en ella sigue mientras dure la incompatibilidad, con derecho preferente a reingresar en una vacante de igual o similar categoría. El año de antigüedad es el requisito de la excedencia voluntaria común del derecho laboral: aquí la ley lo dispensa.

El art. 87.1.c) fija tres años y permite ampliarlos hasta doce meses más en casos excepcionales, acreditando la vigencia del programa, la necesidad de ampliar y la dotación presupuestaria. El TREBEP (art. 10.1.c) deja esa ampliación a las leyes de Función Pública que lo desarrollen, y la madrileña la usa: por eso «sin posibilidad de ampliación» es falso en Madrid.

El art. 87.4 admite la permanencia excepcional solo si la convocatoria se publicó dentro de los tres años desde el nombramiento y se resuelve en plazo; entonces el interino sigue hasta que se resuelva, y su cese no da lugar a compensación económica. No depende de una autorización del Consejo de Gobierno ni del desempeño.

El art. 87.4, al que remite el nombramiento por vacante del art. 87.1.a), manda que esas plazas sean «objeto de cobertura» por cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad: la interinidad las atiende mientras tanto, no las saca de los concursos. Tampoco se amortizan por el paso del tiempo: a los tres años del nombramiento termina, como regla, la interinidad, no la plaza, que solo puede ocupar un funcionario de carrera salvo que el proceso selectivo quede desierto; la supresión o amortización pone fin a la interinidad por razones organizativas (art. 87.3.b). Y no hay plaza reservada al interino: el nombramiento no da nunca la condición de funcionario de carrera (art. 87.2). Ese plazo de tres años lo introdujo la Ley 3/2025, en vigor el 30 de septiembre de 2025.

El art. 88.4 sitúa sus condiciones en la contratación colectiva e individual, en el marco de la legislación laboral y de los preceptos de la Ley 1/1986 que expresamente se le refieran. No se le aplica la ley entera, ni queda fuera de ella del todo.

El art. 91.2 nombra dos clases de puestos de los organismos autónomos que se entienden de autoridad, inspección y control y han de reservarse a funcionarios de la Comunidad: los de Secretario del Consejo de Administración y los de Interventor. La dirección del organismo, su secretaría general, las jefaturas de servicio, la asesoría jurídica, el personal y la contratación no figuran en esa reserva. La regla de 1986 que hacía laborales los demás puestos de estos organismos (art. 14.2) ya no rige: desde la Ley 5/1989, con carácter general, los puestos los desempeñan funcionarios (DT 10.ª de la propia Ley 1/1986).

El título VI, en su art. 90.1, resuelve esa colaboración temporal con contratación laboral temporal o de duración determinada. El personal eventual es de confianza o asesoramiento especial y no cubre funciones reservadas; la comisión de servicios es una forma de provisión, no la figura que regula este título.

El art. 88.2 exige que el contrato del personal laboral fijo se formalice siempre por escrito, y el 88.3 dice lo mismo del temporal. El nombramiento publicado es propio del funcionario, no del laboral, que se vincula por contrato.