Las relaciones de puestos de trabajo, la oferta de empleo y la selección en la Comunidad

El art. 14.3 no hace salvedades: los puestos de las empresas públicas de la Comunidad son de personal laboral. La excepción de los puestos de autoridad, inspección y control, que se reservan a funcionarios, es la regla de los Órganos Especiales de Gestión y los Organismos Autónomos (art. 14.2), no la de las empresas públicas.

El art. 20.b) obliga a que la convocatoria recoja los requisitos de los candidatos, que deberán acreditarse en todo caso antes de la toma de posesión o de la formalización del contrato. Acreditar es probarlos, y esta letra no fija la fecha en que hay que reunirlos. Encaja con el TREBEP (art. 62.2): quien, superado el proceso, no acredite los requisitos no puede ser nombrado funcionario.

El art. 18.1 coloca la publicación de la oferta después de aprobarse la Ley de Presupuestos y dentro del primer trimestre del año natural: la oferta se hace con las plazas que los Presupuestos ya han dotado. Los tres años improrrogables son otra cosa: el plazo del TREBEP (art. 70.1) para ejecutar la oferta, no para publicarla.

El art. 15.1 exige para todos los puestos, también los laborales, la denominación, las características esenciales, la posición en la organización y los requisitos para su desempeño. El art. 15.2 añade, solo para los de funcionarios, el Grupo, Cuerpo o Escala, el nivel en que se ha clasificado el puesto, en su caso el complemento específico y la forma de provisión.

El art. 17.4 prevé dotaciones globales para los trabajos ocasionales o urgentes que, por no ser permanentes ni previsibles, no corresponden a un puesto de trabajo. Por eso no se crea un puesto en la relación, que recoge los puestos estables, ni se pagan con la productividad o con las dotaciones del personal eventual, que el art. 17 consigna por separado (apartados 1.d y 5).

El art. 18.3 encarga a cada Consejería proponer las plazas vacantes que deben cubrirse en el ejercicio, con las previsiones sobre las demás. El Consejo de Gobierno no las propone: aprueba después el plan y oferta (art. 7.2.e). La Asamblea dota las plazas en los Presupuestos, y la Intervención controla el gasto, no propone plazas.

El art. 23.4 fija dos exigencias distintas: al menos la mitad más uno de los miembros debe tener titulación de la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y todos deben tener titulación de igual o superior nivel académico. «Todos» es la trampa: lo que se exige a todos es el nivel académico, no el área. Los miembros pueden no ser personal de la Comunidad.

El art. 14.1 reserva a funcionarios los puestos de los Servicios Centrales que suponen asesoramiento, autoridad, inspección y control, y permite al Consejo de Gobierno reservarles otros cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje. No dice que todos sean de funcionarios: el resto puede ser laboral. El criterio es la actividad del puesto, no su jerarquía ni lo que diga un convenio.

El art. 17.1 ordena los créditos de las plantillas de funcionarios en cinco conceptos: retribuciones básicas de cada grupo, complementos de destino de cada nivel, complementos específicos, productividad y gratificaciones. La productividad se expresa como un porcentaje del coste total del personal de los programas y Órganos que se determine. Lo que va por nivel es el complemento de destino, y las gratificaciones son un concepto aparte.

El art. 12.1 ata la relación de puestos a la estructura del presupuesto: se ordena por las unidades orgánicas o entidades que gestionan programas de gasto, y dentro de cada una se separan los puestos de funcionarios de los laborales (art. 12.2). El Grupo, el Cuerpo o la Escala y el nivel no ordenan la relación: son datos que la relación indica de cada puesto de funcionario (art. 15.2).

El art. 12.2 manda separar, dentro de cada unidad orgánica, los puestos de funcionarios de los del personal laboral, con los criterios de clasificación del art. 14 (entre ellos, el asesoramiento, la autoridad, la inspección y el control, que llevan a funcionarios). La forma de provisión es un dato que la relación da de cada puesto de funcionario (art. 15.2.d), no una división de la relación; y si un puesto está ocupado o vacante no lo dice la relación, que describe puestos y no personas.

El art. 15.2.c) obliga a indicar, en su caso, el complemento específico del puesto con mención expresa de los factores que retribuye y de su valoración. Las plantillas presupuestarias consignan también los créditos de los complementos específicos (art. 17.1.c), pero eso no lo saca de la relación de puestos: son dos instrumentos con funciones distintas. La relación describe puestos, no a quien los ocupa. En retribuciones rige la ley madrileña, porque el TREBEP aplaza las suyas hasta que se dicte la ley de desarrollo (DF 4.ª).

El art. 24.4 da la elección de puesto a los seleccionados por orden de puntuación definitiva, coherente con la relación de seleccionados, que se presenta de mayor a menor puntuación (art. 24.3). La única salvedad que la ley menciona es la del art. 54.4: con igualdad de puntuación en pruebas conjuntas, el turno de promoción interna elige antes que el libre.

Son dos instrumentos que se confunden. La plantilla presupuestaria, la relación de plazas dotadas de cada Grupo o Cuerpo de funcionarios y de cada grupo del personal laboral, la determinan los Presupuestos de la Comunidad (art. 16). La relación de puestos de trabajo la aprueba el Consejo de Gobierno (art. 13.2) y describe los puestos y sus requisitos. La oferta de empleo se nutre de las plazas ya dotadas (art. 18.2), no las crea.

Aunque el art. 5 de la Ley 1/1986 solo enumera funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, el art. 12.3 obliga a que las relaciones detallen los puestos del personal eventual, su número y sus características. Es el distractor tentador: que el eventual no sea una de las clases del art. 5 no lo saca de la relación de puestos. La relación describe puestos, no a las personas que los ocupan, así que no recoge nombres.

El art. 23.2 manda anunciar en cada convocatoria la composición concreta del Tribunal, y el art. 20.e) la incluye entre los datos que toda convocatoria debe recoger. Al Reglamento para la selección le corresponden los criterios generales de composición y funcionamiento (art. 23.1), no los nombres de cada tribunal. Una vez constituidos, los tribunales actúan con total autonomía funcional.

El art. 25.3 prevé convenios con la Administración del Estado para la selección y la formación del personal, y nombra en especial al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el organismo estatal de formación de los empleados públicos. Prevé también convenios con las Corporaciones Locales de la región para cooperar en la selección y formación de su personal. Los otros tres son organismos estatales con funciones formativas o de estudio, pero la ley no los menciona.

Según el art. 18.2, la oferta reúne todas las plazas, tanto de funcionarios como de personal laboral, de la Administración de la Comunidad, sus organismos autónomos y sus Órganos especiales de gestión, que estén dotadas en el presupuesto y no se hayan cubierto antes por los procedimientos internos de provisión. Sin dotación no hay plaza que ofertar, y el personal laboral también entra en la oferta.