Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Comunidad

El art. 59.2.b) prohíbe permanecer en esta excedencia menos de dos años continuados. Los cinco años son otra cifra del mismo apartado, y el TREBEP la repite en su art. 89.2: los servicios efectivos que hay que haber prestado en los cinco años inmediatamente anteriores para pedirla. El TREBEP deja que las leyes de función pública fijen la permanencia mínima.

El art. 58 bis.1.c) deja en servicio activo, a disposición del órgano competente, a quien cesa en su puesto por supresión o por una alteración sustancial de su contenido. La expectativa de destino y la excedencia forzosa son las que el reglamento estatal liga a la supresión de puestos en un plan de empleo, y la ley madrileña no recoge la primera ni da esa causa a la segunda, que nace de la suspensión firme (art. 60).

El art. 59.3 niega al excedente las retribuciones y el cómputo del tiempo para ascensos, grado, trienios y derechos pasivos, pero salva a efectos de trienios los servicios prestados en organismos o entidades del sector público. Excluye expresamente los de las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, que es el distractor que tienta, y no dice nada de la empresa privada.

El art. 65.3 le obliga a pedirlo al menos un mes antes de que acabe la suspensión; si no lo hace, se le declara de oficio en excedencia voluntaria por interés particular. Los seis meses son el plazo que tiene la Administración para concederle el reingreso: si no lo hace en ese tiempo, el funcionario pasa a excedencia forzosa (art. 65.4).

El art. 62.1.k) declara en servicios especiales a quien pasa a la organización de la Asamblea de Madrid o a sus Grupos parlamentarios por esos procedimientos. El servicio activo tienta porque la ley lo da a quien presta servicios en las Cortes Generales o en la Cámara de Cuentas de la Comunidad (art. 58 bis.1.e), pero para la Asamblea elige los servicios especiales.

El art. 60.1 da una sola causa: el funcionario en suspensión firme sin puesto reservado que pide el reingreso y no lo obtiene en seis meses desde que se extingue su responsabilidad. Pedir el reingreso desde una excedencia voluntaria no lleva a la forzosa aunque no haya vacante; quien cesa en libre designación sigue en servicio activo, a disposición del órgano competente (art. 58 bis.1.c), y la suspensión provisional no es causa de excedencia.

El art. 58 abre su lista dejando a salvo las normas que el Estado dicte al amparo del art. 149.1.18.ª de la Constitución, que le atribuye las bases del régimen estatutario de los funcionarios. Por eso hoy rigen a la vez las situaciones básicas del TREBEP. Los convenios colectivos ordenan al personal laboral, y ni las Consejerías ni el Reglamento de la Asamblea crean situaciones administrativas.

El art. 65.2 cierra la puerta a cualquier cambio de situación mientras no transcurra el plazo de suspensión de funciones. De otro modo bastaría pedir una excedencia para dejar de cumplir la sanción o la condena. La ley no hace excepciones, ni para los servicios especiales ni para el cuidado de familiares.

El art. 64.2 atribuye la medida a la autoridad que ordena iniciar el expediente. El instructor tienta porque es quien lo tramita, pero no la acuerda. Su duración no se pregunta por la ley madrileña: hoy la limita a seis meses, salvo paralización imputable al interesado, el art. 98.3 del TREBEP, que es básico.

El art. 59.2.a) le da un plazo máximo de un mes desde el cese; si no pide el reingreso, se le declara en excedencia voluntaria por interés particular. Los seis meses son los que la ley usa en otro trámite: el plazo tras el que, solicitado el reingreso después de una suspensión firme, se pasa a excedencia forzosa (arts. 60.1 y 65.4).

El art. 58 bis.1.e) mantiene en servicio activo a quien presta servicios en la Cámara de Cuentas de la Comunidad, igual que en las Cortes Generales o en el Tribunal de Cuentas. Los servicios especiales tientan porque la ley los reserva a quien es elegido Consejero de la Cámara (art. 62.1.l), no a quien trabaja en ella. La Cámara no es otra Administración pública, y no hay incompatibilidad que declarar.

El art. 59.2.c) le fija una duración mínima de dos años y máxima de quince, y obliga a pedir el reingreso antes de agotar el máximo: si no se pide, se declara de oficio la excedencia por interés particular. El TREBEP regula esta modalidad en su art. 89.3 sin fijarle duración, así que la cifra hay que aprenderla de la ley madrileña.

La ley madrileña distingue tres modalidades de excedencia voluntaria: por incompatibilidad, por interés particular y por agrupación familiar. La de cuidado de familiares va en otra letra y no es voluntaria. La de violencia terrorista es una modalidad de excedencia del art. 89.1 del TREBEP que el art. 58 no recoge, y la incentivada pertenece a la normativa del Estado; en cambio, la excedencia por incompatibilidad, que el TREBEP no enumera, sí es de la ley de Madrid.

El art. 59.2.a) lleva a esta excedencia a quien pasa a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público, si no le corresponde otra situación. La misma letra, en la redacción de la Ley 8/2024, excluye expresamente los puestos de funcionario interino y de personal laboral temporal. Y quien ha obtenido la compatibilidad no está en esta excedencia, porque la ley la exceptúa.

El art. 59 ter.1 le reconoce el derecho a la excedencia sin tiempo mínimo de servicios previos y sin plazo de permanencia, y le reserva el puesto los seis primeros meses. Los cinco años tientan porque son los que se exigen para la excedencia voluntaria por interés particular (art. 59.2.b). El TREBEP (art. 89.5) da la misma regla y la extiende a la violencia sexual.

El art. 61.1 somete al funcionario al régimen de la Administración donde sirve, con una sola excepción: la separación del servicio, que acuerda el órgano competente de la Comunidad de Madrid. Conserva su condición de funcionario de la Comunidad, y la separación se la quita. La Administración de destino no la acuerda ni la propone, y la ley no pide su informe.

El art. 62.2 reconoce a quien llega a servicios especiales desde una situación con desempeño o reserva de puesto la reserva de un puesto de igual nivel y retribuciones, no la del puesto concreto. La ley no limita esa reserva a un primer año ni obliga a concursar para volver. El TREBEP, que es básico, garantiza además como mínimo el reingreso en la misma localidad (art. 87.3).

El art. 63.1 liga la suspensión a la instrucción de un procedimiento judicial o disciplinario, y la acuerda la autoridad u órgano competente. La supresión del puesto deja al funcionario en servicio activo, a disposición del órgano competente (art. 58 bis.1.c), y no pedir el reingreso a tiempo lleva a la excedencia por interés particular, no a la suspensión.

El art. 59 bis.5 computa el tiempo en excedencia por cuidado de familiares a efectos de trienios, consolidación del grado personal, derechos pasivos y solicitud de la excedencia por interés particular. Las tres modalidades voluntarias quedan bajo el art. 59.3, que niega ese cómputo a efectos de ascensos, grado, trienios y derechos pasivos. La forzosa sí computa a efectos de derechos pasivos y de trienios, pero el art. 60.4 no incluye el grado.

El art. 66.2 manda convocar el puesto asignado con carácter provisional en el plazo máximo de un año, y obliga al funcionario reingresado a participar en esa convocatoria. Los seis meses son de otros trámites de la ley, como el plazo para conceder el reingreso tras una suspensión firme (art. 65.4).