El derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Madrid

El art. 33.2.b) obliga a ejercer el derecho de acceso «conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho». La ley madrileña no solo da derechos a quien pide: también le pide concretar la petición, respetar las condiciones de uso y no abusar. Publicidad y concurrencia son principios de la contratación; celeridad y economía, de la tramitación administrativa, no deberes de quien pide.

El art. 39.1 manda pedir al solicitante que concrete la información, con indicaciones para hacerlo y un plazo de diez días, advirtiéndole de que si no lo hace «se le tendrá por desistido». No se resuelve a ciegas ni se califica de abusiva una petición solo por ser imprecisa; y mientras tanto el plazo para resolver queda suspendido, así que no corre ningún silencio.

El art. 43.2 enumera las resoluciones que se motivan «en todo caso», y la primera es la que inadmite a trámite; le siguen las que deniegan, las de acceso parcial, las que cambian la modalidad pedida y las que conceden pese a la oposición de un tercero. Lo común es que algo no sale como se pidió o alguien se opuso. Conceder todo, en la forma elegida, o remitir a lo ya publicado no está en la lista.

En la Ley 19/2013 la solicitud dirigida a un órgano que no tiene la información y desconoce al competente se inadmite, indicando el órgano que se cree competente (art. 18.1.d y 18.2). La ley madrileña, en su art. 41.2, exige antes un esfuerzo: el órgano «procurará averiguarlo» y, si lo consigue, le da traslado en cinco días. Solo si pasan cinco días sin saberlo se inadmite (art. 41.3).

El art. 32.b) atribuye la resolución, cuando se pide información de quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas, al «órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o en la materia». La empresa no resuelve, aunque tenga la información: la regla de que resuelve quien posee la información (art. 32.a) vale para la Administración y sus entidades. Y el derecho sí alcanza a esa información, solo que a través de la Administración responsable.

La necesidad de reelaborar la información es causa de inadmisión en la Ley 19/2013, y la tentación es aplicarla a todo lo que haya que sacar de una base de datos. El art. 40.2.c) de la ley madrileña lo cierra: lo que se obtiene con un tratamiento informatizado de uso corriente no es reelaboración que justifique inadmitir.

El art. 40.2.a) obliga a decir quién está elaborando la información y cuándo prevé terminarla, para que el solicitante sepa a quién y cuándo volver a pedirla. Indicar el órgano que se cree competente es otra cosa: lo exige la Ley 19/2013 (art. 18.2) cuando se inadmite porque la solicitud llegó a un órgano que no tiene la información, no en este supuesto.

Entre los datos que el art. 31.1 manda inscribir está el tiempo en que se atendió la solicitud y, si la respuesta llegó fuera de plazo, «las razones que han motivado la demora». El Registro no señala a personas ni impone sanciones: deja constancia de por qué se tardó, que es lo que permite a cualquiera comprobar cómo se cumplen los plazos.

El art. 45 dice que reconocer el acceso conlleva el derecho a obtener copias, con dos salvedades: que no sea posible copiar en un formato por falta de equipos, o que la cantidad o la complejidad suponga un coste desproporcionado para la Administración. La denegación de la copia, además, tiene que motivarse. La regla no es absoluta, pero no pagar la tasa no figura entre las salvedades.

El art. 50.1 dice que la resolución «será en todo caso motivada», estime o desestime, y en todo o en parte. No se reserva la motivación a lo desfavorable: también quien gana tiene que saber por qué, y también el órgano que denegó el acceso, que es quien tendrá que cumplirla.

El art. 33.1.c) reconoce el derecho a ser asistido en la búsqueda de la información, y el art. 38.3 lo concreta: las oficinas y el órgano que recibe la solicitud ofrecen la asistencia necesaria. La gratuidad tienta, pero es del acceso, no de las copias: el art. 33.1.g) deja a salvo las tasas por expedirlas o pasarlas a otro formato. Los cinco días hábiles son el plazo de las inadmisiones (art. 42.2); el general es de veinte días. Y quién resuelve no lo elige quien pide: lo fija el art. 32.

El art. 48.1 fija un mes, por escrito, desde el día siguiente a la notificación o al día en que se producen los efectos del silencio. Aquí Madrid coincide con la Ley 19/2013. Los veinte días tientan porque son el plazo madrileño para resolver la solicitud (art. 42.1), pero son otro trámite; los dos meses son el plazo del recurso contencioso-administrativo.

El art. 50.2 obliga a que la resolución estimatoria diga a qué información o documentación puede acceder la persona, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones. No se limita a anular y devolver el asunto: resuelve sobre el acceso mismo. Ni sanciona ni indemniza, que no es lo que se reclama.

El art. 48.4 abre varias vías: presencial o telemática en el registro del órgano de transparencia o en cualquier registro público de las Administraciones de la Comunidad, y también por correo postal o electrónico «a través de una dirección habilitada especialmente para tal fin». No exige certificado, en la línea de toda la ley, que no pide acreditación electrónica para solicitar ni para reclamar.

El art. 39.2 exige que el desistimiento y el archivo se acuerden por resolución expresa y añade que «en ningún caso» impedirán presentar una nueva solicitud que concrete la información. El archivo cierra esa petición, no el derecho: no hay plazo de espera, ni hace falta recurrir, ni la nueva solicitud es repetitiva, porque precisamente ahora sí identifica lo que se pide.

El art. 42.1 permite ampliar el plazo «por otros veinte días más» cuando el volumen o la complejidad de la información lo justifiquen, informando de ello al solicitante: la ampliación es igual al plazo ordinario de Madrid, que también es de veinte días. En la Ley 19/2013 la ampliación es de otro mes, porque allí el plazo ordinario es de un mes: la simetría se mantiene, pero las cifras cambian.

La Ley 19/2013 permite inadmitir la información auxiliar o de apoyo, y pone como ejemplo los informes internos o entre órganos. La ley madrileña acota esa causa en su art. 40.2.b): los informes preceptivos nunca son auxiliares, ni tampoco los documentos que, sin serlo, hayan servido de motivación a una resolución. Por eso la respuesta «como cualquier informe interno» es la tentación estatal, y en Madrid es falsa.

El art. 42.3 dice que la solicitud se entenderá desestimada, conforme a la legislación básica de transparencia. Es la tentación más común del bloque: la regla general del procedimiento administrativo común es el silencio estimatorio en lo iniciado a solicitud del interesado (art. 24 de la Ley 39/2015), pero en el acceso a la información el silencio es negativo, en Madrid como en el Estado. Tampoco caduca ni queda inadmitida: la inadmisión exige una resolución que la acuerde.

El art. 43.1 exige que esa ponderación «deberá ser motivada en la resolución de las solicitudes de información de forma clara». No pide un informe jurídico previo ni que la solicite nadie: la ponderación del interés superior es lo que decide si un límite cede (art. 34.2), y por eso quien la recibe tiene que poder entender cómo se hizo.

El art. 36.2 es una regla propia de Madrid: si la limitación viene de los datos personales, los sujetos obligados «deberán, en todo caso, anonimizar la información y facilitar el acceso». La solución no es denegar en bloque ni paralizar la solicitud consultando a cada afectado, sino quitar lo que identifica y entregar el resto.