Qué publica la Comunidad y cómo organiza la transparencia

El art. 10.3 ordena publicar todos los acuerdos de los órganos de gobierno, y también los suscritos con los sindicatos y las organizaciones empresariales, pero deja a salvo el secreto o la reserva de las deliberaciones. Se publica lo decidido, no el debate: por eso falla la opción que incluye las deliberaciones, y las que se quedan en una parte de los acuerdos se quedan cortas.

El art. 17.g) pide el número de reclamaciones presentadas y el número o la proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados, además del listado de las quejas habituales. Quedarse en el total recibido no basta: la ley quiere que se vea cuántas prosperan. Nada en el artículo identifica a empleados.

El art. 12.3 ata la declaración al nombramiento y al cese, y añade una tercera ocasión: el comienzo de una nueva legislatura si el alto cargo continúa. La periodicidad anual es la de las declaraciones de los representantes locales que recoge la Ley 19/2013 (art. 8.1.h), no la de los altos cargos madrileños.

El art. 18.a), en su número 14.º, pide publicar las razones de la desviación en todas las partidas reales que, comparadas con el presupuesto, excedan el 10 % de la cantidad prevista. La Ley 19/2013 no recoge esta obligación: pide los presupuestos y su estado de ejecución, sin umbral de desviación.

El art. 27 pone esa obligación en la Administración pública de la Comunidad de Madrid, junto con la información estadística de interés. En la Ley 19/2013 (art. 8.1.i) la misma información la publican todos los sujetos de su título, y por eso tienta extenderla aquí a todos los obligados; la ley madrileña la concreta en su Administración.

El art. 29.2 pide que el Portal incluya el Registro de acceso y reclamaciones del título III, los instrumentos de participación y colaboración ciudadana y el Registro de Transparencia del título IV. Las declaraciones de bienes de los altos cargos se publican en el Portal (art. 12.3), pero el Registro de Bienes y Derechos es otro registro, al que se remiten, no una pieza del Portal.

El art. 16.a) liga esa publicación a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, y el 16.b) hace lo mismo con los proyectos de reglamento. La Ley 19/2013 habla en general de los «órganos consultivos correspondientes», que en el Estado es el Consejo de Estado. La Abogacía General asesora en derecho a la Administración autonómica, pero el dictamen al que la ley ata esta publicación es el de la Comisión Jurídica Asesora.

El art. 25.1.c) pide, de cada ayuda concedida, su importe y además la fórmula empleada para hacer el cálculo y los resultados que llevan a ese importe, junto con el objetivo y los beneficiarios. Importe, finalidad y beneficiarios es justo lo que pide la Ley 19/2013 (art. 8.1.c), y por eso tienta quedarse ahí.

El art. 21.3.b) pide el importe de la ejecución diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios. Un importe único, sea el de adjudicación o el final, no muestra esa diferencia.

El art. 19.1.d) pide el número de vehículos oficiales de los que se es titular y de los arrendados, con la función para la que están reservados. La idea de que solo se publican los inmuebles viene de la Ley 19/2013, cuyo art. 8.3 se limita a la relación de bienes inmuebles; la ley madrileña va más allá.

El art. 10.5 fija un mínimo de cuatro años y pide además, cuando sea posible, el histórico de cambios de ese periodo y la información anterior. El plazo no se ata a la legislatura: cuenta igual aunque cambie el gobierno. La Ley 19/2013 no fija un plazo de este tipo para la información institucional.

El art. 18.a), en su número 4.º, pide la ejecución trimestral de los presupuestos con los datos al mismo nivel de detalle que en los propios presupuestos. No basta con agregarla por capítulos o por secciones, ni con limitarla a una parte del gasto. La Ley 19/2013 se limita a pedir información actualizada sobre el estado de ejecución, sin fijar periodicidad ni detalle.

El art. 17.c) manda actualizar semanalmente esas listas e informar a cada usuario de la situación de su petición, y añade que la información agregada del número de personas y del tiempo de espera sea pública y abierta para cualquier ciudadano. Lo individual va a cada interesado; lo agregado, a todos. Los tres ámbitos, social, sanitario y educativo, van juntos.

El art. 22.3 solo exceptúa los contratos declarados secretos o reservados cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, y exige justificarlo en el expediente. Los menores se publican trimestralmente (art. 22.2.c), y el procedimiento seguido es precisamente uno de los datos que se publican, con los motivos que lo justifican (art. 22.2.a).

El art. 26.i) incluye en la información mínima de los planes las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia de cualquiera de sus determinaciones. La firmeza es la clave: una sentencia aún recurrida no se exige, y basta que afecte a una determinación, no al plan entero.

El art. 11.3 pide un organigrama actualizado de los órganos de decisión, consultivos y de participación, con su composición, sede, dirección electrónica y competencias, salvo que la publicidad de alguno de esos datos pudiera afectar a personas especialmente protegidas. Los órganos consultivos y de participación están incluidos expresamente, así que no son la excepción.

El art. 15.1.e) añade a las declaraciones de bienes la información sobre la liquidación de las declaraciones de la renta, del patrimonio y, en su caso, de sociedades. Quien viene de la Ley 19/2013 tiende a quedarse en las declaraciones de bienes, que es lo único que esta pide, y solo de los representantes locales (art. 8.1.h). En cambio, la ley madrileña omite expresamente la localización concreta de los inmuebles.

El art. 11.1.c) pide, de las unidades de nivel de servicio, su responsable y sus funciones; pero por debajo de la subdirección general solo se especifican el cargo y las funciones, sin identificar a la persona. Esas unidades no quedan fuera de la publicación: se publican, aunque sin nombre.

El art. 28.2 sitúa en cada Consejería unidades de transparencia adscritas a la Secretaría General Técnica. La Oficina de Coordinación de la Transparencia tienta porque coordina a todas las Consejerías, pero es un órgano distinto, que depende de la Consejería competente en información pública; las unidades no se le adscriben.

El art. 11.2 manda publicar en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» esos acuerdos y los estatutos de las entidades, con sus modificaciones, y además los pone a disposición de todos en la web de la entidad. La web es un añadido, no la sustituye: por eso falla «únicamente en el Portal». Ni el BOE ni el Boletín de la Asamblea aparecen en este artículo.