Los créditos y las modificaciones presupuestarias

El último párrafo del art. 73.2 saca de la vinculación general por agrupaciones homogéneas dos clases de créditos, que se vinculan con todo su detalle económico: los de atenciones protocolarias y representativas y los declarados ampliables (art. 85). Las retribuciones de altos cargos, las inversiones, las transferencias de capital y los estudios técnicos no están en esa lista y siguen la regla general que fije cada ley de presupuestos.

El art. 83.1 distingue los dos supuestos: si no existe crédito adecuado, crédito extraordinario; si existe pero es insuficiente y no ampliable, suplemento de crédito. En los dos casos el Consejo de Gobierno remite a la Asamblea un proyecto de ley que especifica cómo se financia. La ampliación queda descartada porque el crédito no es ampliable, y la generación responde a ingresos concretos (art. 88), no a una necesidad de gasto.

El art. 86.2 fija tres limitaciones: no afectar a los créditos ampliables ni a los extraordinarios del ejercicio, no minorar créditos incrementados con suplementos o transferencias y no incrementar los minorados por transferencias anteriores. Las secciones distintas y el paso de capital a corriente son restricciones de la Ley General Presupuestaria (art. 52.1), no de la madrileña, que admite transferencias entre secciones (art. 87.1). Crear créditos nuevos está permitido expresamente (art. 86.1).

El art. 84.1 admite los créditos provisionales en tres casos: catástrofes, calamidades y otras situaciones de manifiesta urgencia así declaradas por el Consejo de Gobierno; una ley que imponga obligaciones de cumplimiento imperativo; y una sentencia notificada que obligue a pagar. El dictamen favorable del órgano consultivo es el supuesto del anticipo de Tesorería estatal (Ley General Presupuestaria, art. 60.1.a), que la ley madrileña no recoge. La mayor recaudación da lugar a habilitaciones (art. 89), y el remanente positivo, a incorporaciones (art. 90).

El art. 76.1 permite el pago aplazado «cualquiera que sea el importe de la adquisición y el desembolso inicial», por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de hacienda, y el resto del precio se reparte con los límites de anualidades y porcentajes del art. 74. La primera opción es la regla del Estado: la Ley General Presupuestaria solo difiere el pago de inmuebles de más de seis millones de euros y con un desembolso inicial de al menos el 25 % (art. 48.1).

El art. 87.1 da esta transferencia al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de hacienda y previo informe favorable de la Comisión de la Asamblea competente en materia de presupuestos, en cuya reunión se oye a los portavoces de las comisiones afectadas. «Nadie» es la respuesta de quien estudió la Ley General Presupuestaria, que prohíbe transferir entre secciones y de capital a corriente (art. 52.1). Las transferencias no incluidas en el art. 87.1 las autoriza el titular de hacienda (art. 87.2).

El art. 91 dice que esos reintegros reponen automáticamente el crédito en la aplicación presupuestaria de la que salió el pago, en la forma que fije el reglamento. La primera opción viene del Estado: la Ley General Presupuestaria trata los reintegros de pagos indebidos del presupuesto corriente como un supuesto de generación de crédito (art. 53.2.f). En Madrid no hace falta generar nada ni pedir autorización: la reposición es automática.

El art. 87.2 reserva al titular de hacienda, «en todo caso», las transferencias que afectan a las secciones de Créditos Centralizados y Fondo de Contingencia y las que derivan de reestructuraciones orgánicas o traspasos del Estado. El Consejo de Gobierno tienta porque en el Estado la aplicación del Fondo de Contingencia la aprueba el Consejo de Ministros (Ley General Presupuestaria, art. 50.2). La Comisión de la Asamblea informa, pero no autoriza.

El art. 90.2 dice que los remanentes incorporados «únicamente» pueden aplicarse dentro del ejercicio en que se autoriza la incorporación. La incorporación prolonga la vida del crédito un año, no más: si tampoco se gasta entonces, vuelve a regir la anulación del art. 81. Los cuatro ejercicios son el límite de los gastos plurianuales (art. 74.2), que nada tiene que ver.

El art. 85.3 añade a la lista de la ley de presupuestos los créditos que el Consejo de Gobierno declare necesarios para catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia. Las pensiones de Clases Pasivas y las obligaciones derivadas de normas con rango de ley son la lista estatal (Ley General Presupuestaria, art. 54.1). La cofinanciación europea es una excepción a las limitaciones de las transferencias (art. 86.3.e), no una causa de ampliación.

El art. 82.1 enumera seis modificaciones: créditos extraordinarios y suplementos, ampliaciones, transferencias, generaciones, habilitaciones e incorporaciones. Las habilitaciones son lo que la ley madrileña añade a las cinco de la Ley General Presupuestaria (art. 51). Los anticipos de tesorería son una figura estatal (art. 60 de la LGP) y tampoco son allí una modificación de la lista; en Madrid, lo más parecido son los créditos provisionales del art. 84. Las bajas por anulación y las retenciones de crédito no están en la lista.

El art. 74.4 lo atribuye al titular de la Consejería competente en materia de hacienda, a solicitud de la Consejería interesada y en casos especialmente justificados. El Consejo de Gobierno es la respuesta de antes: la Ley 9/1990, derogada desde el 1 de enero de 2026, se lo daba al Gobierno a propuesta del Consejero de Hacienda, y la Ley General Presupuestaria se lo da al Gobierno de la Nación (art. 47.3). La dirección general de presupuestos solo emite el informe, que es preceptivo.

Hasta el 2 % del presupuesto de gastos del organismo, el art. 83.2.a) da la concesión al titular de hacienda; entre el 2 % y el 5 %, al Consejo de Gobierno, y por encima, a la Asamblea. La primera opción traslada la regla del Estado, donde los presidentes o directores de los organismos autónomos autorizan estos créditos hasta el 10 % del capítulo y 500.000 euros (Ley General Presupuestaria, art. 56.3.a). En Madrid el organismo no se los concede a sí mismo.

Según el art. 89, la habilitación la autoriza el titular de hacienda a iniciativa de la dirección general de presupuestos, y de ella se da cuenta al Consejo de Gobierno. La Comisión de presupuestos de la Asamblea interviene en otras modificaciones: informa las transferencias del art. 87.1 y las incorporaciones de remanentes no comprometidos del art. 90.3. Ni la Cámara de Cuentas ni la Intervención General reciben esta comunicación.

El art. 74.2 fija el techo en cuatro ejercicios futuros, la misma cifra que la Ley General Presupuestaria para el Estado (art. 47.2). Pasar de cuatro solo es posible de forma excepcional, en casos especialmente justificados y con la autorización del titular de la Consejería competente en materia de hacienda (art. 74.4); dos, tres o cinco no son el límite legal.

En la Administración de la Comunidad, el art. 83.1 lleva siempre el crédito extraordinario a la Asamblea: el titular de hacienda lo eleva al Consejo de Gobierno, que remite un proyecto de ley. La primera opción es la tentación estatal: la Ley General Presupuestaria deja que el Consejo de Ministros autorice los extraordinarios del ejercicio corriente financiados con el Fondo de Contingencia (art. 55.3). En Madrid solo se conceden sin ley los de los organismos autónomos y entes que no aumentan los presupuestos generales, hasta el 5 % (art. 83.2).

La primera excepción del art. 86.3 son las transferencias que afectan exclusivamente a créditos para gastos del personal; le siguen, entre otras, las de reestructuraciones y traspasos, las de las secciones de créditos centralizados, deuda y fondo de contingencia, las de fondos europeos y las de arrendamientos. Los convenios entre departamentos son una excepción estatal (Ley General Presupuestaria, art. 52.2) que la ley madrileña no recoge. Los créditos protocolarios y las inversiones reales no están en la lista.

Para los gastos corrientes en bienes y servicios, el art. 74.2 sustituye la escala general por un único porcentaje del 100 % del crédito inicial en cada ejercicio posterior. El 70 % es el límite general del primer ejercicio, y el único que conoce quien viene de la Ley General Presupuestaria, que no tiene una regla propia para estos gastos (art. 47.2); el 60 % y el 50 % son los de los ejercicios siguientes en la escala general.

El art. 85.5 atribuye la autorización de las ampliaciones al titular de la Consejería competente en materia de hacienda. El Consejo de Gobierno aparece en el mismo artículo, pero en otro papel: declara ampliables los créditos necesarios para catástrofes y emergencias (art. 85.3), y eso no es autorizar cada ampliación. La Asamblea solo interviene en los créditos extraordinarios y los suplementos, que van por ley.

El criterio del art. 75.1.a) es el importe: el Consejo de Gobierno autoriza cuando la suma de todas las anualidades supera la cifra que fija a estos efectos la ley de presupuestos de cada año, salvo que se trate de reajustes o reprogramaciones de anualidades. Por debajo, autorizan los órganos superiores en los programas que tienen adscritos, y los gerentes y órganos directivos de su Administración institucional (art. 75.1.c). El número de ejercicios y el 70 % son límites de imputación del art. 74, no reglas de competencia.