La ejecución y la liquidación de los presupuestos

El art. 95.1.e) reserva al Consejo de Gobierno los gastos de contratos pagados mediante arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra cuando el número de anualidades supera cuatro años. Por debajo de ese umbral, la regla general de los arts. 93 y 94 deja la competencia al órgano gestor.

La ley madrileña separa dos procesos: el del gasto (art. 92), que acaba en la propuesta de pago, y el del pago (art. 99), que empieza con la ordenación y termina con la realización del pago. La Ley General Presupuestaria, en cambio, mete la ordenación del pago entre las fases de la gestión del gasto (art. 73), y de ahí sale la respuesta tentadora. La ordenación no es control: la ejerce el órgano que paga.

El art. 101.6 es tajante: con los libramientos a justificar únicamente se satisfacen obligaciones del ejercicio corriente. La salvedad de atender gastos en el extranjero del ejercicio siguiente es estatal, y la acuerda el Consejo de Ministros (art. 79.3 de la Ley General Presupuestaria); la ley madrileña no la recoge.

El art. 102.3 dice que esos fondos forman parte de la Tesorería Central, la tesorería de la Comunidad. «Tesoro Público» es la expresión de la Ley General Presupuestaria para los fondos del Estado (art. 78.5). Las unidades administrativas los gestionan y justifican, pero no son suyos.

El art. 95.1 reserva al Consejo de Gobierno, entre otros, los gastos de los contratos de obras bajo la modalidad de abono total del precio (letra d). Los de personal del capítulo 1 son del titular de cada Consejería (art. 93.2.c); los de «Deuda Pública», del titular de la Consejería de hacienda (art. 93.5), y en las prórrogas de los arrendamientos el gasto lo autoriza el órgano competente en los programas adscritos, sea cual sea su cuantía (art. 93.4).

El art. 93.5 atribuye en todo caso al titular de la Consejería competente en materia de hacienda la autorización o el compromiso del gasto de la sección «Deuda Pública». No hay una Consejería que «contraiga» la deuda por su cuenta, el tesorero central se ocupa del pago y no de autorizar el gasto, y el Consejo de Gobierno solo tiene las reservas del art. 95.

El art. 103.4 encarga al Consejo de Gobierno la revisión del gasto en subvenciones y ayudas, con medios propios o con entidades externas independientes. Es una revisión de resultados del propio Gobierno como órgano colegiado: no se la encarga a la Consejería de hacienda, y es distinta del control interno de la Intervención General y del control parlamentario de la Asamblea.

El art. 104.2 deja a cargo de la Tesorería Central, según sus contracciones, los derechos reconocidos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago: no se pierden con el cierre, se cobran y se pagan después. Lo que se anula al cierre son los créditos que no están afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas (art. 81), que es otra cosa.

El art. 104.3 desafecta los ingresos que llegan una vez cerrado el presupuesto, sin perjuicio de reconocerlos y volver a afectarlos con cargo al ejercicio en curso. No se aplican al presupuesto cerrado, no van a ningún fondo concreto y no se devuelven.

El art. 101.5 da un mes, contado desde la aportación de los justificantes, para aprobar la cuenta o reparar. Los dos meses son el plazo de la Ley General Presupuestaria para el Estado (art. 79.6), la confusión que hay que evitar. Los tres meses son el plazo del perceptor para rendir, no el de la Administración para resolver.

El art. 96 permite, de acuerdo con las instrucciones del titular de la Consejería de hacienda, eximir de la acreditación previa cuando normas de obligado cumplimiento lo hagan imposible, pero sin perjuicio de acreditarlo después. La Ley General Presupuestaria (art. 73.4) exige la acreditación previa sin prever esa exención, que es lo que lleva a contestar «no». La dispensa no es de la Intervención ni depende de la cuantía.

El art. 93.2 reserva «en todo caso» al titular de cada Consejería tres clases de gasto: las transferencias y subvenciones nominativas, las aportaciones desde el capítulo 8 a entes del sector público autonómico y los gastos de personal del capítulo 1. Los gastos de cuantía indeterminada y los arrendamientos financieros de más de cuatro anualidades los reserva el art. 95 al Consejo de Gobierno, y la sección «Deuda Pública» es del titular de la Consejería de hacienda (art. 93.5).

El art. 92.1 abre la lista con la autorización: el acto de previsión por el que la autoridad competente acepta una propuesta de gasto y reserva el crédito adecuado. «Aprobación del gasto» es el nombre que le da la Ley General Presupuestaria estatal (art. 73), no la ley madrileña. La disposición es la segunda fase, y la reserva del crédito es un efecto de la autorización, no una fase con nombre propio.

En Madrid la ampliación, a seis y doce meses, la decide el tesorero central a propuesta del órgano gestor del crédito (art. 101.4). En el Estado la decide el Ministro, o los presidentes o directores de los organismos, con informe de sus Intervenciones (art. 79.4 de la Ley General Presupuestaria): por eso tienta la primera opción. La Intervención General no amplía plazos, y el Consejo de Gobierno no interviene.

La Ley 5/2025 no fija ella misma límites ni plazos para los anticipos de caja fija: el art. 102.2 se los encarga al titular de la Consejería de hacienda, que dicta las normas con sus criterios, límites, conceptos y plazos de rendición. En el Estado esas normas las dictan los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada (art. 78.1 de la Ley General Presupuestaria). El tesorero central amplía los plazos de los pagos a justificar, no los de la caja fija.

El art. 94.1 da el proceso del gasto de los organismos autónomos a sus Gerentes, salvo lo que una norma con rango de ley reserve al Consejo de Gobierno. «Presidentes o directores» es la fórmula de la Ley General Presupuestaria para los organismos autónomos del Estado (art. 74.2). La Consejería de adscripción no gestiona los créditos del organismo.

La propuesta de pago, última fase del proceso del gasto en Madrid, se dirige a la Consejería competente en materia de hacienda o a quien tenga encomendadas las funciones del proceso de pago del art. 99. El «ordenador general de pagos» es la figura estatal ante la que el ministro interesa el pago (art. 74 de la Ley General Presupuestaria). La Intervención General controla, pero no paga, y el Consejo de Gobierno no interviene en el pago ordinario.

El art. 104.1 fija la liquidación, en cuanto a cobros y pagos, el treinta y uno de diciembre del año natural al que corresponde el presupuesto, no en una fecha del año siguiente. Lo que quede pendiente pasa a cargo de la Tesorería Central (art. 104.2).

La ley madrileña admite que el gasto que se autoriza esté calculado de forma cierta o aproximada, y en este caso precisa que la aproximación es por exceso, nunca por defecto. No exige la cifra exacta, que es lo que fija después la disposición, ni admite el cálculo por defecto, y no pone ningún margen porcentual.

El art. 101.4 fija tres meses para rendir la cuenta, y seis para las de expropiaciones y pagos en el extranjero. Un mes es el plazo que tiene la Administración para aprobar o reparar la cuenta ya rendida (art. 101.5), no el del perceptor para rendirla. El plazo coincide con el estatal (Ley General Presupuestaria, art. 79.4).