La estabilidad presupuestaria y los Presupuestos Generales de la Comunidad

El art. 71 fija el 1 de noviembre, que cuadra con los dos meses de antelación al inicio del ejercicio que pide el Estatuto (art. 61.1). El 1 de octubre es la fecha estatal: la Ley 47/2003 (art. 37.1) manda el proyecto a las Cortes antes de ese día, coherente con los tres meses de la Constitución.

Lo que se acababa en el ejercicio cuyo presupuesto se prorroga no se arrastra al siguiente (art. 72.2): sería prorrogar un gasto que ya no tiene objeto. Los demás créditos siguen prorrogados, con la estructura adaptada a la organización administrativa vigente (art. 72.3).

El art. 58 se lo encarga a la Consejería de hacienda, que tiene en cuenta la organización del sector público autonómico, la naturaleza económica de ingresos y gastos y las finalidades y objetivos del gasto. El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto, la Asamblea lo aprueba como ley y la Intervención General controla, pero ninguno fija la estructura.

El art. 57.1 lo fija para la Comunidad: el ejercicio presupuestario coincide con el año natural. Solo admite ajustes para los sujetos del sector público institucional cuyo ciclo productivo sea otro, de hasta doce meses (art. 57.4). No lo decide cada ley de presupuestos ni sigue los periodos de sesiones.

Las secciones de la clasificación orgánica son la Asamblea, la Cámara de Cuentas, la Presidencia, cada Consejería, el Fondo de Contingencia y las demás que se determinen (art. 60). Los gastos de personal y las transferencias de capital son partidas de la clasificación económica (art. 62), y los programas son la clasificación funcional (art. 61).

El art. 65.6 permite a la Consejería de hacienda actualizarlos en cualquier momento, cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen. Es cierto que cada año los escenarios nuevos actualizan los anteriores (art. 65.5), y así lo hace el Estado (Ley General Presupuestaria, art. 28.3), pero en Madrid no es la única vía. No hace falta una ley ni hay un límite semestral.

Los escenarios madrileños miran cuatro ejercicios por delante (art. 65.4). Los tres son la cifra estatal: la Ley 47/2003 (art. 28.1) refiere los límites de sus escenarios a los tres ejercicios siguientes.

Vender una inversión real es un ingreso de capital, junto a las transferencias de capital (art. 63.3). Los ingresos patrimoniales son corrientes —lo que rinde el patrimonio, no su venta—, y las operaciones financieras recogen los activos y pasivos financieros.

La ley madrileña fija un suelo del 0,5 % del presupuesto no financiero, y la cuantía exacta la pone cada ley de presupuestos (art. 53.2). El 2 % es la cifra estatal: la Ley 47/2003 (art. 50) dota el Fondo de Contingencia del Estado con el dos por ciento de sus gastos no financieros. Es fácil arrastrarla a Madrid.

El art. 64 pide, para los organismos autónomos mercantiles, una cuenta de operaciones comerciales con el detalle de sus ingresos y gastos. El anexo de inversiones por municipios es documentación del proyecto de ley entero (art. 70.3.e), no de estos organismos.

La clasificación funcional es la de los programas: agrupa el gasto según su finalidad y sus objetivos (art. 61). La orgánica agrupa por secciones según quién gestiona el gasto (art. 60) y la económica por capítulos según su naturaleza (art. 62).

El art. 51.4 encarga al Consejo de Gobierno ajustar la ejecución presupuestaria, en la proporción que corresponda, cuando cambian ciertas circunstancias externas, y la letra b) es precisamente que las entregas a cuenta resulten distintas de las previstas. No hace falta una ley ni esperar a la liquidación; y la prórroga es la figura del presupuesto no aprobado a tiempo (art. 72), no esta.

Para la Asamblea, la Cámara de Cuentas, la Administración, sus organismos autónomos y los entes de Derecho público de régimen especial, el presupuesto es un techo: las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer (art. 55.1.a). La estimación de gastos e ingresos es lo propio de las sociedades, los consorcios, las fundaciones y los entes sometidos a derecho privado (letra b). Tampoco expresa pagos, sino obligaciones.

Los gastos financieros (los intereses, en la práctica) son gasto corriente, junto a los de personal, los de bienes y servicios y las transferencias corrientes (art. 62.2). El nombre engaña: los activos y pasivos financieros son las operaciones financieras (art. 62.4), y las inversiones reales y las transferencias de capital son gastos de capital (art. 62.3).

Al ejercicio se imputan las obligaciones reconocidas hasta el fin de diciembre, siempre que el gasto se haya realizado dentro del ejercicio y con cargo a sus créditos (art. 57.2.b). No hay un periodo complementario en enero o marzo; lo que se reconoce después va, en su caso, por las excepciones del art. 57.3.

El art. 56.3 deja fuera los presupuestos de las universidades públicas y de sus entidades dependientes. La Asamblea, los consorcios y las fundaciones adscritos sí están en la lista del art. 56.1. La intuición estatal engaña: la Ley 47/2003 sí mete en los Presupuestos Generales del Estado, como estimativos, los de las universidades no transferidas.

La Ley 5/2025 solo pone el suelo, el 0,5 % del presupuesto no financiero; la cuantía de cada año la fija la ley de presupuestos generales (art. 53.2). La cifra fija en la propia ley de Hacienda es el modelo estatal: la Ley General Presupuestaria dota el Fondo de Contingencia con el 2 % de los gastos no financieros (art. 50.1). Tampoco la decide una orden ni un acuerdo del Gobierno.

La Consejería de hacienda elabora el anteproyecto y su titular lo somete al Consejo de Gobierno (art. 70.2). Las demás Consejerías aportan la memoria de los créditos que solicitan (art. 70.3.a), pero no llevan el anteproyecto al Consejo.

El art. 57.4 admite un ciclo productivo distinto del año natural, con los ajustes necesarios, pero no superior a doce meses: puede empezar en otra fecha, no durar más que un ejercicio.

El art. 52 manda que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de hacienda, acuerde el límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, y que lo remita a la Asamblea para debatirlo y aprobarlo. Publicarlo no lo hace firme; la Consejería de hacienda lo propone, pero no lo ratifica, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera no aprueba este acuerdo.