Los presupuestos estimativos y los de las universidades públicas

Toda variación que incremente la transferencia o la aportación requiere autorización del Consejo de Gobierno (art. 106.4), cualquiera que sea su importe. La última opción es la regla estatal: en la Ley 47/2003 (art. 67.2.a) la autorización de la modificación del crédito lleva consigo la del presupuesto de explotación o de capital, sin expediente independiente.

La prórroga es automática y sin plazo máximo: dura hasta que los nuevos presupuestos se publiquen en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» (art. 108.4). La Comunidad no aprueba un presupuesto sustitutivo, y la ley no recorta los gastos que pueden atenderse mientras dura la prórroga.

La ley madrileña forma el presupuesto estimativo con tres previsiones, y el balance es una de ellas (art. 105.2). Los presupuestos de explotación y de capital, con el balance como anexo, son los del sector público empresarial y fundacional del Estado (Ley 47/2003, art. 64), y el programa de actuación plurianual es también estatal (art. 65). El estado de gastos con créditos es el de la Administración y sus organismos autónomos.

La Consejería de hacienda, previo informe de la de universidades, puede retener el 10 % del libramiento mensual de las transferencias corrientes nominativas (art. 109.2). No es una pérdida: cuando la universidad remite la información, se reanuda el pago completo desde el mes siguiente y se le abonan las cantidades retenidas.

El art. 106.5 atribuye esa competencia al titular de la Consejería de adscripción y añade que no podrá ser delegada, sin excepciones por importe. El 5 % aparece en el mismo artículo, pero para otra cosa: separa cuándo autoriza el Consejo de Gobierno la superación del importe global de gastos (art. 106.3).

El límite global del art. 106.1 alcanza solo a las clasificadas en el Sector Administraciones Públicas según el SEC, sea cual sea su forma jurídica. «Todas» confunde con los gastos de personal, que sí están limitados para cualquier entidad con presupuesto estimativo (art. 106.2). Percibir transferencias o aportaciones es el supuesto de otra regla: la variación que las incremente necesita autorización del Consejo de Gobierno (art. 106.4).

El art. 109.1 lo remite a una orden conjunta de las dos Consejerías, la de hacienda y la de universidades: es la Administración de la Comunidad la que recaba la información, no cada universidad la que decide qué dar. La ley de presupuestos interviene en otro punto: fija cada año el alcance de las modificaciones presupuestarias que pueden hacer las universidades (art. 108.5). Tampoco la Intervención General ni un decreto.

El art. 108.6 manda remitirlos directamente a la Comisión de presupuestos de la Asamblea. Con la Cámara de Cuentas la obligación es otra: rendirle sus cuentas (art. 10.2). La Consejería de universidades recibe, con la de hacienda, la relación de puestos de trabajo una vez aprobados los presupuestos (art. 108.2).

El art. 107 las obliga a remitir la documentación del art. 105 a través de la Consejería correspondiente, dentro del plazo que fijen las normas de elaboración de cada ejercicio. La Cámara de Cuentas recibe cuentas, no la documentación para elaborar el presupuesto.

El art. 105.1 reserva el presupuesto estimativo a cuatro clases de entidad: los entes de Derecho público sometidos al derecho privado, las sociedades mercantiles, los consorcios adscritos y las fundaciones del sector público. Los organismos autónomos, también los mercantiles pese al nombre, y los entes de régimen especial llevan estados de gastos con sus créditos (art. 56.2.a). Las universidades públicas ni siquiera se integran en los presupuestos generales (art. 56.3) y tienen su propio capítulo.