Según el RGPD, ¿en qué caso el tratamiento que lleva a cabo una autoridad u organismo público no obliga a designar un delegado de protección de datos?
- Cuando lo realiza un ayuntamiento de menos de veinte mil habitantes censados
- Cuando el organismo público no trata categorías especiales de datos
- Cuando lo hace un tribunal que actúa en ejercicio de su función judicial
- Cuando el organismo ya comparte delegado con otros organismos públicos
En el sector público la regla es general: todo tratamiento de una autoridad u organismo público obliga a designar delegado, sin umbral de población ni de tipo de datos. La gran escala y las categorías especiales son criterios para las actividades principales de los demás responsables, no para el sector público. La única salvedad son los tribunales cuando actúan en ejercicio de su función judicial. Compartir un delegado entre varios organismos públicos está permitido, pero es una forma de cumplir la obligación, no de librarse de ella.
el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial