5356 preguntas · 200 bloques
Citas contrastadas con el texto vigente · Actualizada el 30 de octubre de 2026
Test de Auxiliar administrativo del Estado: Constitución, Ley 39/2015, TREBEP y ofimática, con el artículo literal donde hay norma. Gratis y sin cuenta.
Se responde en el navegador, sin instalar nada y sin cuenta. Nemoteca hace la parte cara: decidir qué y cuándo.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 5356 preguntas que contiene en total.
El descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Lo otro que ofrecen las opciones no es lo que el 126 atribuye a la policía judicial.
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente
La cesión sin consentimiento a otra Administración que los necesite para sus competencias, y el uso para estadísticas oficiales, valen para los datos obligatorios del padrón. Los de aportación voluntaria quedan fuera de toda cesión: la ley dice que no se ceden en ningún caso. Por eso no cabe la salvedad tentadora de cederlos a otra Administración que los necesite para notificar al vecino, ni tampoco hacerlo con su consentimiento.
Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.
El art. 8.1 define al empleado público por desempeñar funciones retribuidas en las Administraciones al servicio de los intereses generales. El carácter permanente es del funcionario de carrera (art. 9.1), no de todo empleado: el interino y el eventual no lo tienen. Las potestades públicas son solo las funciones reservadas a los funcionarios (art. 9.2).
Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
El artículo 1 lo presenta como desarrollo de las dos leyes a la vez, la 39/2015 y la 40/2015, en lo que toca a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. Por eso trata tanto lo que se relaciona con los interesados (registros, notificaciones, representación) como lo que funciona dentro y entre Administraciones. No desarrolla la Ley 19/2013.
Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.
Los dos años se cuentan en servicio activo en el Subgrupo inferior, o en el Grupo si este no tiene Subgrupo: el de partida, no el de destino, al que aún no pertenece. El artículo no exige que sean en el mismo puesto ni en la Administración convocante.
Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
El 25.3 veda a la Administración civil toda sanción que prive de libertad, directa o subsidiariamente. Las multas o la falta de audiencia no son lo que prohíbe este apartado.
La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Quien elige la reposición tiene que esperar a que termine: a su resolución expresa o a la desestimación presunta. No hace falta esperar a la expresa, porque el silencio también abre la vía judicial.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
La letra f) incluye a los miembros de las Juntas Electorales. Las otras tres no figuran en el 70.1, aunque la ley electoral puede añadir causas: la lista constitucional es un mínimo («en todo caso»).
A los miembros de las Juntas Electorales.
En el ámbito estatal la habilitación de representantes de terceros pasa por un convenio, firmado antes, entre el ministerio, organismo o entidad competente y la organización o corporación. Ese convenio fija los procedimientos y trámites, y las condiciones y obligaciones de cada parte. No hace falta un poder inscrito de cada interesado: la habilitación existe precisamente para no tener que acreditar uno a uno.
La habilitación requerirá la firma previa de un convenio entre el Ministerio, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente competente y la organización o corporación de que se trate
La autorización previa para que contraten, por encima de una cuantía, los Organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado es función del Secretario de Estado (art. 62.2.e). Las otras tres están en la lista del Ministro (art. 61, letras m, o y n): la representación del Ministerio, los premios y recompensas y la documentación para la Cuenta General del Estado afectan al Departamento entero, no a un sector.
e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada
La regla general son los informes facultativos y no vinculantes; lo contrario lo tiene que decir una disposición expresa. «Preceptivos» tienta porque muchos informes lo son, pero solo cuando una norma lo establece.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
Hacienda general y Deuda del Estado. Las Comunidades gozan de autonomía financiera (156.1) y los impuestos cedidos son uno de sus recursos (157.1.a); la 14.ª no habla de las Haciendas autonómica y local ni de la deuda de las demás Administraciones.
Hacienda general y Deuda del Estado.
Los asientos siguen el orden temporal en que el registro recibe o da salida a los documentos, con la fecha del día en que se producen (art. 16.2). La fecha que el interesado pone en su escrito no ordena nada, y el órgano destinatario recibe el documento después, cuando el registro se lo cursa.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
Al Subdelegado lo nombra el Delegado del Gobierno de su Comunidad (artículo 74, y 73.1.a.2.º), del que depende de forma inmediata. El Real Decreto del Consejo de Ministros es el instrumento con que se nombra al Delegado (72.4): es la celda vecina de la misma tabla, y el error que se busca.
En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre designación
La justificación del art. 4.2 no se hace una vez para el conjunto: la ley exige darla en relación con cada uno de los motivos. No hay un motivo principal que absorba a los demás, y la ley no impide motivarla cuando concurren varios.
En supuestos de discriminación múltiple e interseccional la motivación de la diferencia de trato, en los términos del apartado segundo del artículo 4, debe darse en relación con cada uno de los motivos de discriminación.
Todas: «las anteriores reglas» del art. 6 se aplican a los Adjuntos en el cumplimiento de sus funciones, no solo cuando sustituyen al Defensor, y todas, no solo la inviolabilidad. El art. 8.4 lo repite al extenderles el art. 6.
Las anteriores reglas serán aplicables a los Adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones.
El artículo 16.2 los nombra por orden ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. El real decreto aprobado en Consejo de Ministros es para los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros (art. 16.1), y la ley no deja el nombramiento en manos del propio Secretario de Estado.
Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
El art. 105 reparte el procedimiento por escalones: lo inicia el órgano con rango de Dirección General competente en discapacidad; lo instruye el órgano con rango de Subdirección General al que corresponde el impulso de las políticas sectoriales sobre discapacidad, que eleva la propuesta de resolución; y la sanción la impone el órgano que toque según la gravedad. La Secretaría de Estado no instruye, y una comunidad autónoma no instruye un procedimiento de competencia estatal.
corresponde al órgano directivo con rango de Subdirección General a que correspondan las funciones de impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad, que elevará propuesta de resolución al órgano competente para imponer la sanción
El art. 67.3 dice que la jubilación forzosa «se declarará de oficio». La que se pide a solicitud del funcionario es la voluntaria del art. 67.1.a), y el Estatuto no da ningún papel al jefe de unidad ni a la Junta de Personal.
La jubilación forzosa se declarará de oficio
Los centros ocupacionales aseguran los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social, para lograr el máximo desarrollo personal de las personas con discapacidad y, cuando sea posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo. La ley no les atribuye trabajo productivo ni contrato laboral alguno: su finalidad es terapéutica y de desarrollo personal, y el empleo es, como mucho, una meta posterior. Tampoco valoran el grado de discapacidad ni hacen intermediación laboral.
Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad
El art. 27.2 exige al funcionario interino, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso al Cuerpo o Escala como funcionario de carrera. La urgencia agiliza el procedimiento, pero no rebaja los requisitos: no se dispensa ninguno ni se toman los de un grupo inferior. Las normas de selección de los funcionarios de carrera se le aplican, además, de forma supletoria en lo que se adecue a su naturaleza (art. 27.3).
Los funcionarios interinos deberán reunir, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos o Escalas como funcionarios de carrera.
Que la decisión sea necesaria para el contrato la permite, pero no la deja sin garantías: el responsable tiene que adoptar medidas adecuadas y, como mínimo, reconocer el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. El reglamento no exige revelar el código ni someter el algoritmo a auditorías periódicas.
como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión
El 9.3 garantiza la irretroactividad de las disposiciones «restrictivas de derechos individuales», no de cualquier norma: las tributarias o las de organización no están en la lista. Y dice individuales, no colectivos.
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
El art. 62 no deja el protocolo a una decisión unilateral: las Administraciones lo negocian con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, y la ley fija los principios mínimos que ha de comprender.
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación
Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El 35.1 no fija la igualdad por categorías, no encarga al Gobierno un salario mínimo ni mide la remuneración por la productividad de la empresa.
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia
Tu segunda vuelta no tiene por qué ser todos los temas otra vez. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática: el Gobierno, los tribunales y la organización del Estado, las comunidades autónomas y la Administración local, la Unión Europea, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, la transparencia, la protección de datos, el empleo público, el presupuesto, la igualdad, la discapacidad y la dependencia, la atención al ciudadano y la administración electrónica.
Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley, como la de la Constitución o la del Estatuto Básico del Empleado Público: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
No incluye las 30 preguntas psicotécnicas del primer ejercicio: se entrenan resolviendo, no recordando.
De otras normas lleva solo una parte, y están enteras en sus propias colecciones:
De la Unión Europea, del Tratado de la Unión solo los valores, el marco institucional, la adhesión y la retirada, y nada del Tratado de Funcionamiento, ni el detalle de cada institución ni las fuentes de su derecho: los dos Tratados tienen su propia colección. De la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo la planta de los tribunales, el Tribunal Supremo y la composición y las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial.
El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.
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Más leyes no tienen por qué ser más vueltas. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática: el Gobierno, los tribunales y la organización del Estado, con su Servicio Exterior, las comunidades autónomas y la Administración local, la Unión Europea, la transparencia, la atención al ciudadano y el derecho de petición, los archivos y el registro, la administración electrónica y la protección de datos con sus autoridades y los derechos digitales; las fuentes del derecho, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público con sus organismos públicos, el recurso contencioso-administrativo, los contratos del sector público y la responsabilidad patrimonial; la igualdad, la discapacidad y la dependencia; el empleo público, con sus reglamentos, el Registro Central de Personal, las incompatibilidades, el mutualismo de los funcionarios, el convenio del personal laboral y su Seguridad Social: quién entra en el Régimen General, la acción protectora y la jubilación; y la gestión financiera: el presupuesto del Estado, sus créditos y sus modificaciones, la ejecución del gasto con sus documentos contables, los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, el control de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas, las retribuciones, las indemnizaciones por razón del servicio, las nóminas y las subvenciones. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Lleva todos los bloques de Auxiliar administrativo del Estado: si ya la estudias, lo que sabes allí te cuenta aquí y no se repasa dos veces. Y comparte los suyos con la colección de cada ley, como la de la Ley de Contratos del Sector Público o la de la Ley General Presupuestaria: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
7536 preguntas
del equipo de Nemoteca La Constitución de punta a punta —el preámbulo, sus diez títulos y sus disposiciones—, con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
914 preguntas del equipo de Nemoteca La ley del procedimiento administrativo de punta a punta —los interesados, los plazos, el silencio, los actos y su nulidad, el procedimiento, la revisión y los recursos—, con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
384 preguntas del equipo de Nemoteca Cuatro normas, cada una con sus bloques, y de tres de ellas, solo una parte. De la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, el título I —su objeto, las telecomunicaciones como servicios de interés general, sus objetivos y los servicios para la seguridad y la defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil— y el capítulo III del título III: los derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones y su interceptación por los servicios técnicos, los datos personales, su conservación y cesión, el cifrado y la seguridad de las redes. Del Real Decreto 1125/2024, que sustituye al Real Decreto 806/2014, su objeto, los órganos —la Comisión de Estrategia TIC, la Agencia Estatal de Administración Digital, las Comisiones Ministeriales, el Comité de Dirección y las Unidades TIC— y el modelo de gobernanza: la estrategia, los medios y servicios digitales comunes y transversales y los proyectos de interés prioritario. De la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los títulos I a III —los efectos de los documentos electrónicos, la vigencia, la revocación y la suspensión de los certificados, cómo se comprueba la identidad de su titular, y las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores— y lo que dice del DNI y sus certificados. Y del Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, los principios, las dimensiones de la interoperabilidad, la reutilización, la firma, la conservación y la digitalización de documentos, la conformidad y qué normas técnicas lo desarrollan. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Si la estudias para un tema de administración digital o de sistemas de información, no te lo completa: te faltarán el Reglamento europeo de identificación electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad y las partes de estas normas que no lleva.
117 preguntas del equipo de Nemoteca Volver a empezar no tiene por qué ser empezar de cero. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer de la organización, el personal y la ofimática: la Constitución, la igualdad y la violencia de género, el Gobierno, la organización territorial y la Unión Europea, el Poder Judicial y su Consejo General, cada tribunal con la planta de Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025, los jueces de paz y las Oficinas de Justicia en los municipios, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la oficina judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios, las actuaciones judiciales —los días y las horas hábiles, la nulidad de los actos, las resoluciones, las notificaciones y la cooperación entre tribunales— y el depósito para recurrir, con Windows, Word, Outlook e Internet. De las leyes procesales, el recurso contencioso-administrativo y sus procedimientos, el Tribunal del Jurado, las disposiciones generales, las normas comunes, los expedientes de adopción, de medidas judiciales de apoyo, de tutela y curatela, de Derecho sucesorio y de obligaciones, y la conciliación de la jurisdicción voluntaria, los medios adecuados de solución de controversias y, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el poder de disposición de las partes, los días hábiles y los plazos, la inmediación, la publicidad y la fe pública judicial, los actos de comunicación, el auxilio judicial, las resoluciones, la nulidad de las actuaciones, la tasación de costas, la clase de juicio, la presentación de escritos y sus copias, la prueba, los juicios ordinario y verbal, los recursos, la ejecución forzosa, las medidas cautelares, las disposiciones generales de los procesos especiales, los procesos de apoyos y de filiación, los procesos matrimoniales, la sustracción internacional de menores, la división de la herencia, el monitorio y el cambiario, y de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la jurisdicción y la competencia, las partes, los actos procesales, la evitación del proceso, la demanda, el juicio, la prueba y la sentencia, el despido, las sanciones y las demás extinciones del contrato, las prestaciones de la Seguridad Social y los recursos de reposición, de revisión y de suplicación, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones, los actos de comunicación, los términos, los recursos, el sumario, la detención, la prisión provisional, las fianzas y los embargos, el sobreseimiento, la calificación, el juicio oral, el procedimiento abreviado, los juicios rápidos, el juicio sobre delitos leves, la ejecución de las sentencias y la justicia restaurativa. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Carta de Derechos, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley y con Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
5868 preguntas del equipo de Nemoteca Dos normas, cada una con sus bloques. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales —a quién se aplica y qué actividades públicas deja fuera, la política de prevención y quién la lleva a cabo, el derecho a la protección y los principios de la acción preventiva, el plan de prevención y la evaluación de los riesgos, el riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, la documentación, la protección de la maternidad y de los menores, las obligaciones de los trabajadores, los servicios de prevención, los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud, y las responsabilidades, con la paralización de los trabajos y el cierre del centro—, y el Real Decreto 67/2010, que la adapta a la Administración General del Estado: el plan de prevención, la representación, los servicios de prevención y los instrumentos de control. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta.
142 preguntas del equipo de Nemoteca