Test de Atención al público. Atención a personas con discapacidad

Un bloque de Auxiliar administrativo del Estado · 16 preguntas

Cómo se atiende en ventanilla y por teléfono, y qué exige la accesibilidad universal.

Así son sus preguntas

¿Qué es la accesibilidad universal?

La condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible
La obligación de suprimir las barreras arquitectónicas de los edificios públicos
El derecho de toda persona con discapacidad a obtener un producto de apoyo
La adaptación de un puesto de trabajo concreto a las necesidades de un trabajador

Es una condición del entorno, no una prestación a la persona. Incluye la accesibilidad cognitiva, que se hace efectiva con lectura fácil, pictogramas y sistemas alternativos de comunicación, y presupone el diseño universal sin excluir los ajustes razonables.

Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿Cómo define la discapacidad el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013?

Como una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad
Como una deficiencia física o psíquica que impide trabajar
Como el reconocimiento administrativo de un grado igual o superior al 33 por ciento
Como una enfermedad crónica de carácter permanente

Es el modelo social: la discapacidad no está en la persona sino en la interacción con las barreras. De ahí que la respuesta jurídica sea suprimir barreras —accesibilidad universal— y no solo compensar a la persona.

Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿Se aplican las medidas de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal a las relaciones con las Administraciones públicas?

Sí: es uno de los ámbitos enumerados expresamente, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas
No: la ley se limita al empleo y al transporte
Solo en el ámbito de la Administración de justicia
Solo cuando la Administración actúe como empleadora

El artículo 5 lista los ámbitos, y las relaciones con las Administraciones públicas figuran con mención expresa al acceso a las prestaciones y a las resoluciones. La Administración de justicia y el empleo son otros ámbitos de la misma lista, no la lista entera.

Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿Qué es la discriminación indirecta por razón de discapacidad?

La que se produce cuando una disposición, criterio, práctica, entorno, producto o servicio aparentemente neutros ocasionan una desventaja particular a una persona por razón de discapacidad
La que sufre una persona por su relación con otra persona con discapacidad
El trato menos favorable que recibe una persona en situación análoga por razón de su discapacidad
Toda conducta no deseada que atenta contra la dignidad de la persona

La clave es «aparentemente neutros»: la norma no menciona la discapacidad y aun así perjudica. Las otras tres opciones son, por orden, la discriminación por asociación, la directa y el acoso.

Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿A qué interesados asisten las Administraciones Públicas en el uso de medios electrónicos?

A los no obligados a relacionarse electrónicamente que así lo soliciten, especialmente en identificación y firma, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas
A todos los interesados, estén obligados o no a relacionarse electrónicamente
Únicamente a las personas jurídicas que lo soliciten
Únicamente a las personas mayores de sesenta y cinco años

La asistencia se dirige a quien no está obligado —quien sí lo está se presume con medios— y hace falta que la pida. Los tres ámbitos citados son los que la ley nombra expresamente.

Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

¿Qué grado de discapacidad reconocido determina que una persona tenga la consideración de persona con discapacidad a efectos de esta ley?

Igual o superior al 33 por ciento
Igual o superior al 25 por ciento
Igual o superior al 50 por ciento
Igual o superior al 65 por ciento

El 33 por ciento es la cifra que hay que retener. El 65 por ciento aparece en otros contextos de la propia norma y en la legislación de prestaciones, y es la confusión habitual.

tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿Qué derecho reconoce el artículo 22 del texto refundido en materia de accesibilidad?

El derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida
El derecho a obtener una prestación económica por razón de discapacidad
El derecho a la reserva de un porcentaje de plazas en el empleo público
El derecho a la supresión inmediata de toda barrera arquitectónica existente

El derecho se formula en positivo —vivir de forma independiente y participar— y de él se deriva el deber de los poderes públicos de asegurar la accesibilidad universal, también en la información y las comunicaciones y en zonas rurales, no solo urbanas.

Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿Qué son los ajustes razonables?

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida
Cualquier adaptación que solicite la persona con discapacidad, sin límite de coste
Las condiciones básicas de accesibilidad que regula el Gobierno con carácter general
Las medidas de acción positiva destinadas a acelerar la igualdad de hecho

Son individuales y llevan un límite incorporado: la carga desproporcionada o indebida. Eso los distingue de las condiciones básicas de accesibilidad, que son generales, y de las medidas de acción positiva.

Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

¿Quién puede formular iniciativas o sugerencias para mejorar la calidad de los servicios ante las unidades de atención al ciudadano?

Los ciudadanos y también los propios empleados públicos
Únicamente los ciudadanos
Únicamente los empleados públicos
Únicamente las organizaciones representativas de usuarios

El artículo 4.d) menciona expresamente a los propios empleados públicos junto a los ciudadanos: quien conoce el cuello de botella por dentro es a menudo quien lo ve primero.

De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero

En las funciones de atención al ciudadano, ¿en qué consiste la función de recepción y acogida?

En facilitar al ciudadano la orientación y ayuda que precise en el momento inicial de su visita, en particular sobre la localización de dependencias y funcionarios
En recibir la documentación inicial del expediente y tramitar las cuestiones urgentes
En resolver las reclamaciones por el funcionamiento de las dependencias
En interpretar la normativa aplicable al caso que plantea el ciudadano

Es la primera de las funciones del artículo 4 y la más literalmente de acogida: orientar en el momento de llegar. La recepción de documentación es la función de gestión, y la interpretación normativa está expresamente excluida.

De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios.

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero

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