Un bloque de Auxiliar administrativo del Estado · 14 preguntas
El título VIII: municipios, provincias y Comunidades Autónomas, sus Estatutos y el reparto de competencias.
Prohibición sin excepciones. Lo que sí caben son convenios entre Comunidades para gestionar servicios propios, en los términos que prevean sus Estatutos, y acuerdos de cooperación con autorización de las Cortes.
En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
Cabildos en Canarias y Consejos en Baleares. Se suman a la organización provincial, no la sustituyen: por eso el artículo dice que las islas tendrán «además» su administración propia.
En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
Ley orgánica de las Cortes Generales, y no de la Comunidad Autónoma: la provincia es también división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. La alteración de términos municipales, en cambio, sí puede corresponder a la Comunidad.
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Requerimiento primero; solo si no es atendido, mayoría absoluta del Senado. Es de las pocas competencias en que el Senado decide y el Congreso no interviene.
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
El Ayuntamiento es el órgano; Alcalde y Concejales, sus integrantes. Los Concejales los eligen siempre los vecinos; el Alcalde puede ser elegido por los Concejales o por los vecinos, según el régimen.
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.
Tres entidades, y todas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las comarcas y las áreas metropolitanas existen, pero no las nombra este artículo.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
La prohibición del artículo 138.2 es absoluta: puede haber diferencias entre Estatutos, pero no privilegios. El hecho insular sí obliga al Estado a atenderlo de forma particular, aunque no como privilegio.
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
El Delegado del Gobierno, nombrado por el Gobierno. Dirige la Administración del Estado en ese territorio y la coordina, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
El Fondo de Compensación se destina a gastos de inversión y lo distribuyen las Cortes Generales. La garantía de un nivel mínimo en los servicios públicos fundamentales es la asignación del apartado 1, que es cosa distinta.
Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
El artículo 153 reparte el control en cuatro: el Tribunal Constitucional para las normas con fuerza de ley, el Gobierno para las funciones delegadas, la jurisdicción contencioso-administrativa para la administración autónoma y sus reglamentos, y el Tribunal de Cuentas para lo económico y presupuestario.
Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.