El procedimiento ante el Defensor del Pueblo: las quejas y su investigación

• Dedicarle un informe especial, además de destacarla en su informe anual
• Imponer al responsable multas coercitivas hasta que colabore
• Proponer al Gobierno el cese o la separación del responsable
• Suspender de funciones al responsable mientras dure la investigación

Puede hacerla objeto de un informe especial, además de destacarla en la sección correspondiente de su informe anual (art. 24.1). Sus armas son la publicidad ante las Cortes, no la sanción: no impone multas, no suspende a nadie y la ley no le da la facultad de proponer ceses.

• El ministro del departamento que lo custodia
• El Presidente del Gobierno, mediante resolución
• El Consejo de Ministros, mediante acuerdo
• El Subsecretario del departamento que lo custodia

El Consejo de Ministros, por acuerdo, y con la negativa se acompaña una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio (art. 22.1). No basta la decisión del ministro ni la del Subsecretario del departamento que lo custodia, ni la del Presidente del Gobierno: fuera de ese acuerdo, al Defensor no puede negársele el acceso a la documentación de lo que investiga (art. 19.3).

• Un recurso ante la Comisión parlamentaria de relaciones con él
• Un contencioso-administrativo ante el Supremo
• Un recurso de reposición ante el propio Defensor
• Ninguno, ni ante él mismo ni ante ningún tribunal

Ninguno: el art. 17.3 cierra la lista de motivos de rechazo diciendo que sus decisiones no son susceptibles de recurso. No hay reposición ante él, ni recurso ante la Comisión parlamentaria, ni vía contencioso-administrativa. Lo que sí puede hacer al rechazarla es informar al interesado de otras vías para su acción (art. 17.1).

• Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo
• Solo la persona natural o jurídica titular de un derecho subjetivo
• Solo las personas naturales que invoquen un interés legítimo
• Solo las personas naturales titulares de un derecho subjetivo

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna (art. 10.1). No se exige ser titular de un derecho subjetivo, que es un requisito más estrecho que el interés legítimo, y las personas jurídicas pueden dirigirse a él igual que las naturales.

• Que actúe solo a instancia de los propios militares afectados
• Que no supervise la actividad militar en tiempo de conflicto armado
• Que su actuación no interfiera en el mando de la Defensa Nacional
• Que comunique antes cada investigación al Consejo de Ministros

Que no entrañe una interferencia en el mando de la Defensa Nacional (art. 14). Dentro de ese límite vela por los derechos del título I en la Administración Militar como en cualquier otra: puede actuar también de oficio (art. 9.1), la ley no lo excluye en ningún periodo y no le exige avisar antes al Gobierno.

• Puede rechazarla o tramitarla, según su criterio
• La tramita si los hechos pueden comprobarse
• Debe rechazarla, sean cuales sean los hechos
• La tramita, pero pide al interesado que se identifique

La rechaza: con las anónimas la ley no le deja margen («rechazará», art. 17.3). Es la diferencia con las quejas en las que advierte mala fe o falta de fundamento, que «podrá» rechazar. Tampoco la tramita a la espera de que alguien se identifique: la queja ha de presentarse firmada y con el nombre del interesado (art. 15.1).

• Al juez de instrucción competente
• Al Fiscal General del Estado
• Al Consejo General del Poder Judicial
• Al Presidente del Congreso

Al Fiscal General del Estado, de inmediato (art. 25.1), que además le informa del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia (art. 25.2). No se dirige al juez de instrucción ni al Presidente del Congreso. El Consejo General del Poder Judicial aparece en el art. 13, como destino del traslado que hace el Fiscal de algunas quejas sobre la Justicia, no para los delitos.

• Desde que se produjeron los hechos objeto de la queja
• Desde que el interesado tuvo conocimiento de los hechos
• Desde la notificación del último acto administrativo
• Desde que el acto administrativo ganó firmeza

Desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos objeto de la queja (art. 15.1), no desde que ocurrieron: quien se entera tarde no pierde el plazo por eso. La ley no lo ata a la notificación ni a la firmeza de ningún acto administrativo.

• La de Letrado, pero no la de Procurador
• Ni la de Letrado ni la de Procurador
• La de Procurador, pero no la de Letrado
• La de uno y otro, Letrado y Procurador

Ninguna de las dos: no es preceptiva la asistencia de Letrado ni la de Procurador (art. 15.2). El interesado puede presentar la queja por sí mismo, sin abogado que la firme ni procurador que le represente.