Las resoluciones del Defensor del Pueblo, su informe a las Cortes y sus medios

• Instrucciones y órdenes de servicio
• Recordatorios de sus deberes legales
• Sugerencias de nuevas medidas
• Advertencias y recomendaciones

Las instrucciones y órdenes de servicio son el instrumento con el que un órgano dirige la actividad de los que dependen jerárquicamente de él (Ley 40/2015, art. 6.1), y el Defensor no es superior de la Administración que supervisa. El art. 30.1 le da una lista cerrada de cuatro: advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.

• Que lo justifiquen la gravedad o la urgencia de los hechos
• Que lo pida un grupo parlamentario de cualquiera de las Cámaras
• Que se disuelvan las Cortes antes de presentar el informe anual
• Que lo acuerde la Comisión parlamentaria de relaciones con él

La gravedad o urgencia de los hechos, cuando lo aconsejen (art. 32.2), que aprecia él. No hace falta que lo pida un grupo parlamentario ni que lo acuerde la Comisión parlamentaria de relaciones con él. La disolución de las Cortes no es el supuesto: si las Cámaras no están reunidas, lo que cambia es el destinatario del informe extraordinario, que son sus Diputaciones Permanentes.

• La recoge en su informe, sin identificar a los responsables
• La recoge en su informe, con los nombres de los responsables
• La eleva al Presidente del Gobierno, con los nombres de los responsables
• La eleva al Presidente del Gobierno, sin identificar a los responsables

Si tampoco obtiene una justificación adecuada, incluye el asunto en su informe anual o especial, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado esa actitud (art. 30.2). La reserva de datos personales del art. 33.2 protege a los interesados en el procedimiento investigador, no a quien desatiende la recomendación. Y el último paso es el informe, no el Presidente del Gobierno.

• Inspeccionar el servicio y sancionar él mismo al particular
• Revocar el acto administrativo que habilita al particular
• Archivar la queja, pues no supervisa a los particulares
• Instar a las autoridades competentes a que inspeccionen y sancionen

Puede instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción (art. 28.3). El asunto no se archiva por tratarse de un particular, pero el Defensor tampoco inspecciona ni sanciona por sí mismo: esas potestades son de la Administración, a la que se dirige. Revocar el título habilitante sería anular un acto, y el art. 28.1 le niega esa competencia.

• Cuando la autoridad afectada le pida que no la traslade
• Cuando la Administración ya haya aceptado su recomendación
• Cuando el interesado no lo haya solicitado expresamente
• Cuando, por su naturaleza, sea reservada o esté declarada secreta

Informa al interesado del resultado de sus investigaciones y de la respuesta de la Administración o del funcionario implicados, salvo que, por su naturaleza, esta se considere de carácter reservado o esté declarada secreta (art. 31.1). Es la única salvedad: no depende de que la autoridad lo pida, de que la recomendación se haya aceptado ni de que el interesado lo solicite.

• Con una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales
• Con una sección propia de los Presupuestos Generales del Estado
• Con una partida dentro del presupuesto del Congreso de los Diputados
• Con una partida en el presupuesto de la Administración General del Estado

Con una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales (art. 37). No tiene una sección propia en los Presupuestos Generales del Estado, no depende del presupuesto de la Administración que supervisa, y la partida es de las Cortes Generales, no solo del Congreso.

• Al órgano legislativo competente o a la Administración
• Al Ministerio Fiscal, para que promueva su inaplicación
• A la Comisión parlamentaria de relaciones con él
• Al Tribunal Constitucional, con el informe de su investigación

Al órgano legislativo competente o a la Administración: a ellos puede sugerir la modificación de la norma (art. 28.2). El Ministerio Fiscal no aparece en ese precepto, la Comisión parlamentaria de relaciones con él no es quien aprueba ni modifica normas, y el art. 28.2 tampoco le remite al Tribunal Constitucional.

• El conflicto de competencia y la cuestión de inconstitucionalidad
• El recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo
• El recurso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencia
• La cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo

Para el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo (art. 29), los mismos que le reconoce la Constitución (art. 162.1, letras a y b). La cuestión de inconstitucionalidad la plantean los jueces y tribunales (Constitución, art. 163), y los conflictos de competencia enfrentan al Estado y a las Comunidades Autónomas o a estas entre sí (art. 161.1.c): en ninguno de los dos está legitimado el Defensor.

• Solo los asesores, cuando queda designado el nuevo Defensor
• Los Adjuntos y los asesores, cuando queda designado el nuevo Defensor
• Los Adjuntos y los asesores, cuando el nuevo Defensor toma posesión
• Solo los asesores, cuando el nuevo Defensor toma posesión

Los Adjuntos y los asesores, automáticamente, en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor (art. 36). La designación del sucesor no es el momento del cese, que espera a su toma de posesión. Y los Adjuntos no quedan al margen: el art. 36 los nombra junto a los asesores.