El objeto de la ley y quién está obligado a la transparencia

• En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo
• En todas sus actividades, como a la Administración General del Estado
• Solo en lo que se refiera a la gestión de sus fondos públicos
• En ninguna, por ser el supremo órgano consultivo del Gobierno

El Consejo de Estado está en la lista de instituciones que la ley incluye junto a la Casa del Rey, las Cámaras, el Tribunal Constitucional, el Banco de España y otras, pero no en todo lo que hacen: en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Ni quedan fuera de la ley ni se les aplica como a una Administración, y la medida no es la del dinero que manejan.

• A los funcionarios y al personal de la Administración General del Estado
• A los ciudadanos, para que conozcan su derecho de acceso
• A los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas
• A los cargos electos de las comunidades autónomas y de las entidades locales

El plan formativo mira hacia dentro: al personal de la Administración General del Estado. A los ciudadanos se dirige otra pieza de la misma disposición, una campaña informativa. La disposición es un mandato al Gobierno y no alcanza al personal de las demás Administraciones.

• Que puedan encomendar su cumplimiento al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• Que las cumpla por ellas la Administración que ejerce su tutela
• Que puedan celebrar convenios de colaboración con la Administración correspondiente
• Que puedan aplazar su cumplimiento hasta adaptar sus estatutos

La ley no las exime ni pasa sus obligaciones a otro: les da un instrumento, el convenio de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito de actividad. Es una posibilidad («podrán»), no un deber.

• El título II, sobre el buen gobierno y sus sanciones
• El capítulo III del título I, sobre el derecho de acceso
• El título III, sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• El capítulo II del título I, sobre la publicidad activa

La disposición final octava apoya la ley en los arts. 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución y exceptúa una serie de preceptos sueltos y un solo título completo: el III, el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del capítulo de publicidad activa se exceptúan solo el segundo párrafo del 6.2, el 9, el 10.1 y 10.2 y el 11; del capítulo del derecho de acceso, el 21.2; y del título II, el 25.1. Ninguno de los tres queda exceptuado entero.

• En sus respectivos reglamentos
• En un real decreto del Gobierno
• En el Estatuto del Consejo de Transparencia
• En una ley orgánica para cada cámara

Las cámaras parlamentarias están sujetas a la ley, pero cómo se aplica en cada una lo regulan ellas mismas, en sus propios reglamentos. No lo concreta el Gobierno, ni el Consejo de Transparencia, ni una ley distinta para cada cámara.

• Los fondos de pensiones
• Las agencias de colocación
• Los hospitales concertados
• Sus mutuas colaboradoras

La misma letra que nombra a las entidades gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social añade a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Los fondos de pensiones, las agencias de colocación y los hospitales concertados no están en la lista.

• La Administración General del Estado
• Cada una de las Administraciones que lo integran
• La Administración que ostente su Secretaría
• La Administración que ostente su Presidencia

Un órgano de cooperación sin estructura administrativa propia no tiene con qué cumplir por sí mismo, y la ley carga sus obligaciones sobre una sola Administración: la que ostenta su Secretaría. No las reparte entre todas las que lo forman, no las da a quien lo preside ni las atribuye sin más al Estado.

• Una Agencia Estatal de la Administración General del Estado
• Una sociedad mercantil con el 51 % de capital público
• Una sociedad mercantil con la mitad de su capital en manos públicas
• Una asociación constituida por varias Administraciones Públicas

Las sociedades mercantiles entran cuando la participación, directa o indirecta, de las entidades de la lista en su capital es superior al 50 %: con la mitad justa no se llega, y con el 51 % sí. Las Agencias Estatales y las asociaciones constituidas por las Administraciones también figuran en la lista.

• Las del capítulo III, del derecho de acceso
• Todas, igual que a las Administraciones Públicas
• Ninguna: ese título no alcanza a entidades privadas
• Las del capítulo II, sobre la publicidad activa

Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales no están en el art. 2.1: la ley los recoge entre los otros sujetos obligados y les extiende las disposiciones del capítulo II del título I, el de la publicidad activa. No se les aplica el título entero como a una Administración.