El buen gobierno: principios, infracciones y sanciones

• Ninguna sancionadora: los principios solo informan la interpretación del régimen
• Es infracción leve, salvo que sea grave o muy grave o la tipifique otra norma
• Es infracción grave cuando cause un perjuicio a la Administración
• Es infracción grave cuando se reitere

Los principios no se quedan en una declaración. Es verdad que informan la interpretación y la aplicación del régimen sancionador, pero la ley además tipifica su incumplimiento: el de los principios de actuación es infracción leve, salvo que la conducta sea ya una infracción grave o muy grave o esté tipificada en otra norma. Es la cláusula de cierre de la lista: lo que no cae en otro tipo, cae aquí.

• Leve, si el acuerdo se anula después en vía de recurso
• Grave, como cualquier acuerdo manifiestamente ilegal que cause perjuicio
• Grave, como abuso de autoridad en el ejercicio del cargo
• Muy grave, por la gravedad del perjuicio que causa

La ley gradúa esta conducta por el perjuicio. Adoptar acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos es infracción muy grave. Si el perjuicio no es grave, o si lo que se emite es un informe y no un acuerdo, la conducta baja a grave. No hay que reconducirla al abuso de autoridad, que es otro tipo grave, y que el acuerdo se anule después no borra la infracción.

• A todo el personal a su servicio, sea funcionario o laboral
• A los funcionarios que ocupan puestos de libre designación
• A los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los demás altos cargos
• A los altos cargos y al personal directivo profesional de los organismos

El título II no mira al personal en general, sino a quien dirige: los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de su sector público. Quién es alto cargo no lo define esta ley: lo remite a la normativa de conflictos de intereses. Un funcionario de libre designación o un directivo profesional no entran por serlo; lo que les alcanza, en su caso, es su propio régimen disciplinario.

• A los tres años, a los dos años y a los seis meses
• A los tres años, a los dos años y al año
• A los cinco años, a los tres años y al año
• A los cinco años, a los tres años y a los seis meses

La Ley 19/2013 fija sus propios plazos, y son más largos que los de la escala general de la Ley 40/2015, que solo rige cuando la ley que tipifica no los fija: cinco años las muy graves, tres las graves y uno las leves. Las sanciones impuestas siguen la misma escala, así que aquí infracciones y sanciones prescriben a la vez según su grado.

• Al Tribunal de Cuentas
• A la Intervención General de la Administración del Estado
• Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• A la Oficina de Conflictos de Intereses

La responsabilidad del título II se exige en un procedimiento administrativo propio, pero eso no agota las consecuencias de los hechos. Si de ellos puede derivar responsabilidad contable, se da conocimiento al Tribunal de Cuentas, que es quien la enjuicia. La Intervención General controla el gasto, pero no exige esa responsabilidad, y ni el Consejo de Transparencia ni la Oficina de Conflictos de Intereses la tramitan.

• Entre uno y tres años
• Entre dos y cinco años
• Entre tres y seis años
• Entre cinco y diez años

La infracción muy grave lleva aparejada la inhabilitación para ocupar cualquier puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años. Dentro de esa horquilla se gradúa con los criterios de la propia ley: la naturaleza de la infracción, el perjuicio causado, las ganancias obtenidas o la reparación de los daños, entre otros.

• Con una multa
• Con la suspensión de funciones
• Con una amonestación
• Con el cese en el cargo

Para las infracciones leves la ley prevé una sola sanción, la amonestación. El régimen de buen gobierno no prevé multas ni suspensión de funciones, y el cese no figura entre las sanciones de las leves.

• Hasta que el Fiscal decida si denuncia
• Durante seis meses como máximo
• Hasta que la autoridad judicial ponga fin al proceso penal
• Hasta la apertura del juicio oral

Cuando los hechos pueden ser delito, la vía penal va primero, y la espera dura lo que dure el proceso penal: la Administración se abstiene de seguir mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que le ponga fin. No basta con que el Fiscal se pronuncie ni con que se abra el juicio oral, y la ley no fija un plazo máximo de espera.

• Muy grave, como violación de la imparcialidad
• Grave, por no abstenerse cuando la ley se lo exigía
• Leve, como descuido en el ejercicio de sus funciones
• Muy grave, como prevalencia de su condición de alto cargo

La ley tipifica como infracción grave intervenir en un procedimiento administrativo cuando se da alguna de las causas de abstención legalmente señaladas, sin exigir que la intervención haya cambiado lo resuelto. La violación de la imparcialidad que es muy grave es otra conducta: usar las facultades del cargo para influir en procesos electorales. Y la prevalencia de la condición de alto cargo es muy grave cuando busca un beneficio indebido, que aquí no consta.