El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

• Bajo la dirección del Gobierno
• Con autonomía y plena independencia
• Con instrucciones del Gobierno
• Bajo la dirección de las Cortes

La ley da al Consejo personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y dice que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. Por eso no cabe que el Gobierno lo dirija ni le dé instrucciones, y tampoco lo hacen las Cortes Generales: la independencia es plena, no solo frente a uno de los dos.

• El Presidente del Consejo
• Un Diputado de la Comisión
• El que elija la propia Comisión
• El vocal de mayor edad

El Consejo se compone de dos órganos, la Comisión y el Presidente, y la ley los une en una sola persona: el Presidente del Consejo lo es también de su Comisión. La Comisión no elige presidente entre sus miembros, la presidencia no recae en ninguno de los parlamentarios que se sientan en ella y no se decide por la edad.

• La pérdida de la confianza del Gobierno
• La condena por delito doloso
• El fin de la legislatura
• La condena por delito imprudente

El Presidente cesa al expirar su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previo el procedimiento correspondiente, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. La condena tiene que ser por un delito doloso, no imprudente; y su mandato no depende de la confianza del Gobierno ni termina con la legislatura.

• Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
• Promover actividades de formación y sensibilización sobre las materias de la ley
• Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la ley
• Colaborar con órganos de naturaleza análoga en las materias propias

La ley reparte las funciones en dos listas. Asesorar, promover la formación y la sensibilización y colaborar con órganos de naturaleza análoga están en la que encomienda al Consejo para conseguir sus objetivos. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la ley está en la otra, la de las funciones que ejerce su Presidente.

• Cuatro años, renovables una vez
• Cuatro años, no renovables
• Cinco años, renovables una vez
• Cinco años, no renovables

El mandato es de cinco años y la ley lo declara no renovable: al terminarlo no cabe un segundo periodo. Las dos piezas van juntas, y por eso fallan tanto la duración de cuatro años como la posibilidad de renovar una vez.

• Instar que se inicie
• Acordar su inicio
• Instruirlo como órgano instructor
• Imponer la sanción que corresponda

El Presidente insta el inicio del procedimiento sancionador: lo pide, pero no lo abre. La decisión de incoarlo es del órgano competente, que si decide no hacerlo tiene que motivarlo. Tampoco instruye el procedimiento ni impone la sanción.

• Las Cortes Generales, mediante ley
• Su propia Comisión, mediante acuerdo
• El Consejo de Ministros, mediante real decreto
• El Congreso, mediante resolución

La ley crea el Consejo y deja su organización, su estructura y su funcionamiento a un estatuto que aprueba el Consejo de Ministros mediante real decreto. No es una norma de las Cortes ni la dicta el propio Consejo a través de su Comisión.

• A los representantes de los organismos autonómicos con funciones similares a las suyas
• A los responsables de las unidades de información de la Administración General del Estado
• A los consejeros autonómicos competentes en materia de transparencia
• A los presidentes de las comisiones del Congreso y del Senado

Al menos una vez al año, la Comisión convoca a los representantes de los organismos que las comunidades autónomas hayan creado, en ejercicio de sus competencias, con funciones similares a las suyas. A esa reunión puede convocarse también a un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. La ley no prevé esa cita con los consejeros autonómicos, con las unidades de información ni con las comisiones parlamentarias.

• Al Consejo de Ministros
• A las Cortes Generales
• Al Tribunal de Cuentas
• Al Defensor del Pueblo

La memoria anual, sobre sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de la ley, va a las Cortes Generales, y el Presidente comparece ante la comisión correspondiente para dar cuenta de ella y cuantas veces se le requiera. La ley no la dirige al Gobierno ni a ningún otro órgano de control.