Test de La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

Un bloque de Auxiliar administrativo del Estado · 16 preguntas

El título VI y las disposiciones de la Ley 39/2015: la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria, la publicidad y la planificación de las normas, la participación ciudadana en su elaboración, y la entrada en vigor y las disposiciones que no completan otro bloque.

Así son sus preguntas

Según el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, ¿en qué momento se sustancia la consulta pública cuando el Gobierno de la Nación prepara un anteproyecto de ley?

Tras redactar el texto, para dar audiencia a los ciudadanos afectados
Tras su aprobación en Consejo de Ministros, antes de remitirlo a las Cortes
Tras el dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación final
Con carácter previo a la elaboración del propio texto del anteproyecto

La consulta pública del 133.1 va antes de redactar nada: con carácter previo a la elaboración del anteproyecto, a través del portal web de la Administración competente. Publicar el texto ya redactado para dar audiencia a los afectados es otro trámite, el del 133.2, que se hace «sin perjuicio de la consulta previa».

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, ¿qué principio exige que una iniciativa normativa del Gobierno de la Nación contenga la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, tras constatar que no hay medidas menos restrictivas de derechos?

Necesidad
Eficiencia
Seguridad jurídica
Proporcionalidad

Es el principio de proporcionalidad (129.3): la regulación imprescindible y la medida menos restrictiva. La palabra «necesidad» del enunciado tienta, pero el principio de necesidad, junto al de eficacia, pide otra cosa: una razón de interés general, fines claros y el instrumento más adecuado (129.2). La eficiencia consiste en evitar cargas innecesarias o accesorias (129.6).

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, ¿pueden los reglamentos tipificar infracciones administrativas?

Sí, siempre que los apruebe el Gobierno de la Nación por real decreto
Sí, cuando se trate únicamente de infracciones administrativas leves
No, ni siquiera cuando se limiten a desarrollar o colaborar con la ley
No, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley

El artículo 128.2 prohíbe a los reglamentos tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas y establecer penas o sanciones, pero deja a salvo su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley. Por eso falla «ni siquiera en desarrollo»: es justo lo que la ley preserva. La prohibición no distingue quién aprueba el reglamento ni la gravedad de la infracción.

Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 132.2 de la Ley 39/2015, una vez aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, ¿dónde se publica?

En el «Boletín Oficial del Estado»
En el Portal de la Transparencia
En el Punto de Acceso General
En la sede electrónica de cada ministerio

El artículo 132.2 manda publicar el plan aprobado en el Portal de la Transparencia de la Administración correspondiente. El «Boletín Oficial del Estado» tienta porque es el diario oficial donde se publican las normas para entrar en vigor (131), pero el plan solo recoge las iniciativas previstas para el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, ¿en qué caso puede prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas al elaborar un reglamento de la Administración General del Estado?

Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas
Cuando la iniciativa figure ya en el Plan Anual Normativo aprobado
Cuando se trate de una norma organizativa de la propia Administración
Cuando lo acuerde motivadamente el centro directivo que la tramita

El 133.4 permite prescindir de los tres trámites en las normas presupuestarias u organizativas de las Administraciones y de sus organizaciones dependientes o vinculadas, o cuando concurran razones graves de interés público. Que la norma afecte a derechos e intereses legítimos es justo lo que obliga a publicar el texto para audiencia (133.2); figurar en el Plan Anual Normativo o la decisión del centro directivo no están entre las causas.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 127 de la Ley 39/2015, además de ejercer la iniciativa legislativa, ¿qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno de la Nación en los términos previstos en la Constitución?

Reales decretos-leyes y leyes de bases
Reales decretos legislativos y órdenes ministeriales
Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos
Reales decretos y reales decretos-leyes

El tercer párrafo del artículo 127 permite al Gobierno de la Nación aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. La ley de bases no la aprueba el Gobierno, sino las Cortes Generales al delegarle la potestad (art. 82 de la Constitución), y los reales decretos y las órdenes ministeriales son disposiciones reglamentarias, sin rango de ley.

Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, ¿dónde debe quedar suficientemente justificada la adecuación de un proyecto de reglamento del Gobierno de la Nación a los principios de buena regulación?

En su exposición de motivos
En su preámbulo
En su parte final
En su articulado

La clave está en el «respectivamente» del 129.1: la exposición de motivos es para los anteproyectos de ley y el preámbulo, para los proyectos de reglamento. Elegir la exposición de motivos es intercambiar las dos piezas del par; la parte dispositiva no es el lugar de esta justificación.

En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 128.3 de la Ley 39/2015, ¿a qué orden de jerarquía se ajustan las disposiciones administrativas?

Al que establezcan las leyes
Al que fije el Gobierno por real decreto
Al de la fecha en que se aprobaron
Al del ámbito territorial de cada una

El artículo 128.3 remite la jerarquía de las disposiciones administrativas a lo que establezcan las leyes, y añade que ninguna puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. No la fija el Gobierno por real decreto, y ni la fecha de aprobación ni el ámbito territorial deciden el rango.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según la disposición final séptima de la Ley 39/2015, ¿desde cuándo producen efectos sus previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, al registro electrónico, al punto de acceso general electrónico y al archivo único electrónico?

Desde el 2 de octubre de 2016
Desde el 2 de octubre de 2018
Desde el 2 de octubre de 2020
Desde el 2 de abril de 2021

La ley entró en vigor al año de su publicación, el 2 de octubre de 2016, pero la disposición final séptima difiere hasta el 2 de abril de 2021 los efectos de estas previsiones (y las del registro de empleados públicos habilitados). Octubre de 2018 y octubre de 2020 son las fechas de redacciones anteriores de esta misma disposición, que ya no rigen.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, ¿qué materias no pueden regular los reglamentos y disposiciones administrativas?

Las que afecten a la organización interna de la propia Administración que los dicta
Las que la Constitución o los Estatutos reservan a las Cortes o a las Asambleas autonómicas
Las que ya regule otro reglamento de igual rango aprobado con anterioridad por el Consejo de Ministros
Las que no figuren en el Plan Anual Normativo de la Administración competente

El artículo 128.2 cierra a los reglamentos las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas autonómicas, además de impedirles vulnerar la Constitución o las leyes. Ni la organización interna, ni la existencia de otro reglamento de igual rango, ni quedar fuera del Plan Anual Normativo figuran entre esos límites.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

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