El ámbito de aplicación y los principios generales

• La autorización previa, porque el control es más intenso
• Cualquiera de las dos, porque la elección es discrecional
• Las dos a la vez, porque así se refuerza la protección
• La declaración responsable, porque limita menos la actividad

El artículo 4.1 obliga a aplicar el principio de proporcionalidad y a elegir la medida menos restrictiva. Si las dos protegen igual el interés público y la declaración responsable restringe menos, es la que hay que elegir. Como contexto, restringe menos porque permite empezar la actividad desde el día de su presentación (artículo 69.3 de la Ley 39/2015), sin esperar a una resolución. Que la autorización dé más control no basta para preferirla, y la elección no es libre: la ley la ata a la proporcionalidad. Exigir las dos sería añadir un requisito que no hace falta.

• No: integra el sector público institucional, que lo excluye
• Sí: el artículo 2.3 se la reconoce a los organismos públicos
• No: solo la tiene la Administración autonómica de la que depende
• Sí, pero solo si su ley de creación se la atribuye expresamente

El artículo 2.3 da la consideración de Administración Pública a las Administraciones territoriales y, además, a los organismos públicos y entidades de derecho público de la letra a) del artículo 2.2, que son los vinculados o dependientes de cualquier Administración. La trampa es creer que pertenecer al sector público institucional y ser Administración Pública se excluyen: estos organismos son las dos cosas a la vez. La condición la da la ley directamente, sin que la norma de creación tenga que atribuírsela.

• Las Corporaciones de Derecho Público
• Las Entidades de la Administración Local
• Las Administraciones autonómicas
• El sector público institucional

El artículo 2.1 cierra el sector público con cuatro letras: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Las Corporaciones de Derecho Público, como los colegios profesionales, no están en esa lista ni en ningún otro apartado del artículo 2 de esta ley. Es la diferencia con la Ley 39/2015, cuyo artículo 2 les dedica un apartado propio: de ahí sale la confusión.

• Del Gobierno de la Nación, a través de su Delegado
• De la Asamblea Legislativa de esa comunidad autónoma
• Del Gobierno de la Nación y del autonómico, a la vez
• De los órganos de gobierno de esa comunidad autónoma

El artículo 3.3 asigna a cada Administración la dirección de su propio gobierno: el Gobierno de la Nación dirige la Administración del Estado; los órganos de gobierno de cada comunidad, la suya, y los de cada entidad local, la local. El Delegado del Gobierno, que es el distractor tentador, dirige la Administración General del Estado en el territorio de la comunidad (artículo 72), no la Administración autonómica. La Asamblea Legislativa no figura entre quienes dirigen la actuación administrativa en el artículo 3.3.

• Las Juntas Generales de cada uno de los Territorios Históricos
• El Parlamento Vasco y el Ararteko, en lo administrativo
• Las Diputaciones Forales y sus Administraciones institucionales
• Las Juntas Generales y las Diputaciones Forales, sin sus entes

La disposición adicional primera extiende el concepto del artículo 2 a las Diputaciones Forales y a las Administraciones institucionales que dependen de ellas o están vinculadas a ellas. Las Juntas Generales no están en la disposición, que tampoco deja fuera a los entes de las Diputaciones. La actuación administrativa del Parlamento Vasco y del Ararteko, una Asamblea Legislativa y una institución análoga al Defensor del Pueblo, se rige por su normativa específica (disposición adicional vigesimosegunda).

• El capítulo III del título preliminar, la potestad sancionadora
• El capítulo I del título II, del sector público institucional
• El capítulo IV del título II, sobre las autoridades independientes
• El capítulo IV del título preliminar, sobre la responsabilidad

La disposición final decimocuarta.2.c) declara no básico, entre otros, el capítulo IV del título II, el de las autoridades administrativas independientes. Los principios de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial son bases para todas las Administraciones: no figuran en esa lista. Tampoco el capítulo I del título II, cuyos principios del sector público institucional rigen también para las entidades autonómicas y locales (artículo 81.3).

• El de marco, con sus principios de actuación
• El de norma supletoria en lo que su normativa no regule
• Ninguno: esa actuación queda del todo fuera de la ley
• El de norma aplicable directamente a esa actuación

La disposición adicional vigesimosegunda remite la actuación administrativa de estos órganos —y la de los del Senado, el Tribunal Constitucional y las demás instituciones que nombra, con sus análogas autonómicas— a su normativa específica, pero «en el marco de los principios» de actuación administrativa de esta ley. Por eso no quedan del todo fuera de ella. Pero la ley tampoco se les aplica directamente, porque manda su normativa, ni es supletoria, que es el distractor tentador: la disposición no dice que cubra lo que su normativa no regule, solo que sus principios la enmarcan.

• Los principios de la potestad sancionadora del artículo 25
• Los principios interadministrativos del artículo 140
• Los principios de la responsabilidad del artículo 32
• Los principios generales que enuncia el artículo 3

El artículo 2.2.b) nombra expresamente los principios del artículo 3: aunque estas entidades no son Administraciones Públicas, tienen que respetar en particular esos principios generales. Es lo que distingue esta letra de su gemela de la Ley 39/2015, que no menciona ningún principio. Los del artículo 140 rigen las relaciones entre Administraciones, y los de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial se refieren a las Administraciones Públicas: el artículo 2.2.b) no remite a ninguno de ellos.

• Revisarlos cuando lo solicite un interesado
• Evaluar periódicamente sus efectos y resultados
• Comunicarlos a las demás Administraciones afectadas
• Someterlos a información pública en cada renovación

El artículo 4.1, después de exigir proporcionalidad, la medida menos restrictiva, motivación y no discriminación al establecer la medida, añade una obligación posterior: evaluar periódicamente sus efectos y resultados. La ley no condiciona la revisión a la petición de un interesado, ni impone aquí comunicarlos a otras Administraciones o someterlos a información pública.