La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

• Al día en que la lesión efectivamente se produjo
• Al día en que el particular presentó la reclamación
• Al día en que se resuelve el procedimiento de responsabilidad
• Al día en que se abona efectivamente la indemnización

El artículo 34.3 manda calcular la cuantía con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. La fecha en que se pone fin al procedimiento es el distractor tentador: hasta ella se actualiza la cuantía, pero el cálculo se hace a la fecha de la lesión. Ni la reclamación ni el pago fijan la referencia.

• A la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en las condenas judiciales
• Al Código Civil, como cualquier otra deuda pecuniaria entre particulares
• A la Ley General Presupuestaria o a las normas presupuestarias autonómicas
• Al Índice de Garantía de la Competitividad que fija el Instituto Nacional de Estadística

El artículo 34.3 remite los intereses por demora en el pago a la Ley 47/2003, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. El Índice de Garantía de la Competitividad sirve para otra cosa: actualizar la cuantía hasta que se pone fin al procedimiento. La ley no remite aquí ni a la Ley de Enjuiciamiento Civil ni al Código Civil.

• Los baremos de los seguros obligatorios y de la Seguridad Social
• La valoración que haga el Consejo de Estado en su dictamen
• Las tablas de valoración que apruebe cada Administración para sus servicios
• La cuantía que fije el juez civil en un juicio declarativo previo

El artículo 34.2 permite tomar como referencia los baremos de la normativa vigente de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Con carácter general, la indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables. La ley no remite a tablas propias de cada Administración ni a un dictamen o a un juicio civil previo.

• No: ha de abonarse siempre en dinero y de una sola vez, sin fraccionar
• Sí, si conviene al interés público y lo acepta el interesado
• Sí, si lo exige el interés público, aunque el interesado no lo acepte
• Sí, pero solo en los casos de muerte o de lesiones corporales

El artículo 34.4 lo permite cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, pero siempre que exista acuerdo con el interesado: la Administración no puede imponerlo. Y no se limita a la muerte o a las lesiones corporales, que es donde el artículo 34.2 permite acudir a los baremos.

• Directamente a la Administración a cuyo servicio está el empleado
• Directamente al empleado, y a la Administración si este no puede pagar
• Al empleado y a la Administración a la vez, de forma solidaria
• Al empleado si actuó con dolo, y a la Administración en los demás casos

El artículo 36.1 manda a los particulares exigir directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por las autoridades y el personal a su servicio. El particular no se dirige al empleado, ni siquiera cuando hubo dolo, ni a los dos a la vez: es la Administración la que, después de indemnizar, se dirige contra su personal en los casos del artículo 36.2.

• Cuando incurrió en dolo, o en culpa o negligencia graves
• Cuando incurrió en dolo, o en culpa o negligencia de cualquier grado
• Solo cuando incurrió en dolo declarado por sentencia penal firme
• Cuando el daño fue grave, aunque su culpa o negligencia fuera leve

El artículo 36.2 exige dolo, o culpa o negligencia graves: la culpa leve no basta. Lo grave es la culpa o la negligencia, no el daño, aunque el resultado dañoso sea uno de los criterios para ponderar la responsabilidad. Y no hace falta una condena penal: la responsabilidad se exige de oficio en vía administrativa, previa instrucción del procedimiento.

• Cabe contra ella recurso de alzada
• Es firme solo al acabar la vía penal
• Debe ratificarla el Consejo de Ministros
• Pone fin a la vía administrativa

El artículo 36.5 dice que la resolución declaratoria de responsabilidad pone fin a la vía administrativa, así que no cabe alzada contra ella. La dicta el órgano competente (art. 36.4.e) y nadie la ratifica después. Tampoco espera a la vía penal: pasar el tanto de culpa a los tribunales, si procede, es algo que el artículo 36.6 deja a salvo, no una condición de la resolución.

• Los que afectan solo a los bienes, y no a la persona, del particular
• Los causados por personal laboral, y no por autoridades o funcionarios
• Los que no se pudieron prever o evitar según la ciencia o técnica del momento en que se produjeron
• Los derivados de una actuación lícita y ajustada a Derecho de la Administración

El artículo 34.1 excluye los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica cuando se produjeron, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. La lesión indemnizable puede recaer en cualquiera de los bienes y derechos del particular (art. 32.1), puede causarla cualquier persona al servicio de la Administración (art. 36.1) y puede nacer de una actuación lícita, porque también el funcionamiento normal genera responsabilidad.

• Diez días de alegaciones y cinco de audiencia
• Diez días de alegaciones y quince de audiencia
• Quince días de alegaciones y diez de audiencia
• Quince días de alegaciones y quince de audiencia

Las alegaciones duran quince días, igual que la práctica de la prueba, y la audiencia, diez. Después vienen la propuesta de resolución, en cinco días desde que termina la audiencia, y la resolución, en otros cinco. La opción que invierte las dos cifras es la trampa: el plazo largo es el de las alegaciones, y el corto, el de la audiencia.