El delegado de protección de datos, los códigos de conducta y la certificación

• Comunicarla a la autoridad de protección de datos en diez días
• Nada, porque solo se comunican las designaciones obligatorias
• Comunicarla a la autoridad de protección de datos en un mes
• Comunicarla a la autoridad de protección de datos en quince días

El plazo de diez días vale igual para la designación obligatoria y para la voluntaria, y alcanza también a los nombramientos y a los ceses. Pensar que la voluntaria no se comunica es el error tentador: la ley lo dice expresamente para los dos casos. El mes y los quince días no son plazos de este trámite.

• A todos los responsables del sector al que se refieren
• A los responsables o encargados que se adhieran
• A nadie, porque son meras recomendaciones
• Solo a las Administraciones públicas que los aprueban

Un código de conducta obliga a quien se adhiere, y solo a él: no se extiende a todo un sector por el hecho de existir. Tampoco es una simple recomendación, porque para el adherido es vinculante. Y no se limita a las Administraciones: queda obligado cualquiera que se adhiera.

• Solo con la autorización previa de la Agencia
• Solo con el acuerdo de su órgano de administración
• Solo si incurre en dolo o negligencia grave
• No, porque solo puede sancionarlo la Agencia

La regla protege al delegado: no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones. La única salvedad es el dolo o la negligencia grave en su ejercicio, y en ese caso quien sanciona es la empresa, no la Agencia. La ley no condiciona la sanción a una autorización de la autoridad ni a un acuerdo interno.

• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
• La Asociación Española de Normalización
• La Entidad Nacional de Acreditación
• El Centro Criptológico Nacional

La ley permite que acredite a las instituciones de certificación la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), sin quitarle ese poder a la autoridad de control. A cambio, la ENAC tiene que comunicar a las autoridades de protección de datos las acreditaciones que concede, deniega o revoca, y por qué.

• Sí, el delegado puede ser persona física o jurídica
• No, tiene que ser una persona física de la plantilla
• Solo si es una entidad del sector público
• Solo si la designación es de carácter voluntario

La ley contempla expresamente que el delegado sea persona física o jurídica, y no limita la segunda al sector público ni a la designación voluntaria. Que esté en la plantilla es solo uno de los casos posibles: por eso la ley regula aparte la protección del delegado que es persona física integrada en la organización.

• Sí, o la Agencia inadmite la reclamación
• Sí, cuando el responsable es una Administración pública
• No, es una vía previa a la que puede acudir si quiere
• No, porque el delegado no puede tramitar reclamaciones

La ley dice que el afectado «podrá» acudir antes al delegado: es una opción, no un requisito, y no distingue según quién sea el responsable. Tampoco es cierto que el delegado no pueda ocuparse de reclamaciones: si el afectado acude a él, tiene que comunicarle la decisión.

• La reclamación sigue adelante ante la Agencia
• La reclamación se entiende desestimada
• La reclamación se archiva sin más trámite
• La reclamación se entiende estimada

El silencio del delegado no resuelve nada, ni a favor ni en contra del afectado, ni cierra el asunto: la autoridad sigue adelante con el procedimiento de su título VIII. La remisión al delegado es una oportunidad de arreglarlo dentro de la entidad, no un trámite que pueda frenar la reclamación.

• El de representante de los afectados que reclaman
• El de instructor de los procedimientos sancionadores
• El de inspector de la Agencia dentro de la entidad
• El de interlocutor del responsable o del encargado

El delegado habla con la autoridad en nombre de la entidad que lo designa, el responsable o el encargado. No representa a los afectados ni instruye nada para la Agencia, y aunque puede inspeccionar procedimientos internos, lo hace como parte de la entidad, no como agente de la Agencia.

• Un hospital legalmente obligado a llevar historias clínicas
• Un médico que lleva historias clínicas y ejerce a título individual
• Una empresa de seguridad privada
• Un colegio profesional de médicos y su consejo general

La lista incluye los centros sanitarios obligados a mantener las historias clínicas, pero exceptúa expresamente a los profesionales de la salud que, aun con esa obligación, ejercen su actividad a título individual. El hospital con la misma obligación sí está en la lista, igual que las empresas de seguridad privada y los colegios profesionales con sus consejos generales.