Lo que la ley orgánica añade a los derechos de las personas

• Un canon que fija cada responsable según el volumen de datos tratados
• Nada: las actuaciones del responsable para atenderla son gratuitas
• Nada la primera solicitud de cada año; las siguientes, un canon razonable
• Una tasa aprobada por la Agencia Española de Protección de Datos

Atender los derechos es gratuito para el afectado. Las salvedades son las que la propia ley enumera, por remisión al Reglamento y a su art. 13: solicitudes infundadas, excesivas o repetitivas, copias adicionales y medios elegidos por el afectado que encarecen la respuesta. Ninguna permite al responsable fijar un precio general por volumen ni cobrar por año natural, y no existe una tasa de la Agencia por ejercer los derechos.

• En un registro público de la Agencia Española de Protección de Datos
• En los sistemas de información del propio responsable
• En el contrato firmado entre el responsable y el encargado
• En el expediente del afectado ante la autoridad de control

La limitación solo funciona si quien maneja los datos la ve al usarlos: por eso la ley exige que conste con claridad en los propios sistemas de información del responsable. No hay un registro público de datos limitados, y el contrato con el encargado ni el expediente ante la autoridad son el sitio donde se consultan los datos al tratarlos.

• Cuando lo prevea el contrato o acto jurídico que lo vincula al responsable
• Cuando el afectado lo elija como destinatario de su solicitud
• Cuando el responsable no las haya atendido dentro del plazo previsto
• Cuando lo autorice la autoridad de protección de datos competente

El encargado actúa por cuenta del responsable, así que puede tramitar las solicitudes si el contrato o el acto jurídico que los une lo prevé. No lo decide el afectado al dirigirle la solicitud, no necesita autorización de ninguna autoridad y no sustituye al responsable que se retrasa: lo que decide es lo pactado entre los dos.

• La identidad del responsable y nada más, si el afectado no pide otra cosa
• La información completa, siempre que se la entregue en el mes siguiente a la recogida
• Una información básica y una dirección electrónica u otro medio de acceso al resto
• Un aviso de que puede pedir la información por escrito cuando lo desee

La ley permite informar por capas: una información básica en el momento y un medio que lleve de forma sencilla e inmediata a la restante. La identidad sola no basta, porque la capa básica tiene un contenido mínimo; y un aviso de que se puede pedir no da acceso inmediato a nada. Entregarlo todo un mes después no es la vía que abre la ley: la información se da al recoger los datos.

• Solo personalmente por el afectado, que tiene que identificarse ante el responsable
• Directamente por el afectado o por medio de representante legal o voluntario
• Por el afectado o su representante legal; el voluntario, solo para el acceso
• Por el afectado o su representante, previa autorización de la Agencia

La ley admite las dos clases de representación: la legal, que viene dada por la ley, como la de los padres de un menor, y la voluntaria, la que el afectado otorga a quien elige. No la limita a un derecho concreto ni la somete a la autorización de nadie.

• El origen de los datos y la fecha en que se los facilitó al responsable
• La fecha en que el responsable empezó a tratar los datos que quiere corregir
• El perjuicio que le causa la inexactitud y su valoración económica
• A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse

Para que el responsable pueda corregir, el afectado le dice qué datos están mal y cómo deben quedar, y acompaña la documentación justificativa cuando sea precisa. No tiene que explicar de dónde salieron los datos ni cuándo empezó su tratamiento, ni probar un perjuicio.

• El responsable, que debe atender el acceso por el medio que se le pida
• El afectado, porque su solicitud se considera excesiva
• El responsable y el afectado, a partes iguales entre los dos
• El encargado, cuando sea él quien tramite la solicitud de acceso

Elegir un medio caro cuando se ofrece otro convierte la solicitud en excesiva, y el exceso de costes lo paga quien lo eligió, el afectado. El responsable no tiene que absorberlo ni compartirlo, y el encargado que tramite la solicitud lo hace por cuenta del responsable, no a su costa.

• Sobre el afectado que presentó la solicitud
• Sobre el encargado que trató los datos
• Sobre el responsable del tratamiento
• Sobre el delegado de protección de datos

Es el responsable quien tiene que poder acreditar que contestó: el afectado no carga con probar un hecho negativo, que no le respondieron. Aunque el encargado tramite la solicitud o el delegado intervenga, la prueba sigue siendo del responsable.

• No, porque el derecho de supresión solo puede ejercerlo el propio menor
• Sí, pero solo si el menor presta también su consentimiento a la solicitud
• No, salvo que lo autorice antes el Ministerio Fiscal
• Sí, en nombre y representación de su hijo, por ser menor de catorce años

Los titulares de la patria potestad pueden ejercer en nombre y representación de los menores de catorce años cualquiera de los derechos que les correspondan, no solo el de acceso: también la supresión. La ley no pide que el menor consienta a la vez ni da aquí ningún papel al Ministerio Fiscal.