El Consejo General del Poder Judicial: sus atribuciones

• El personal al servicio del propio Consejo, en el marco de la función pública
• El estatuto orgánico de los letrados de la Administración de Justicia
• La fijación de la plantilla orgánica de jueces y magistrados
• La determinación de las demarcaciones judiciales y su capitalidad

La potestad reglamentaria del Consejo es una lista cerrada (art. 560.1.16.ª) y se ejerce «en el marco estricto de desarrollo» de la LOPJ; la letra b) le da el personal del propio Consejo, dentro de la legislación de función pública. Las otras tres opciones no están en esa lista: son materias del art. 561.1, sobre las que el Consejo informa los anteproyectos y disposiciones que elaboran otros, pero no las regula. Ojo con el estatuto de los letrados: el «personal» que regula el Consejo es el suyo, no el de la Administración de Justicia.

• Treinta días; veinte si es urgente
• Sesenta días; veinte si es urgente
• Treinta días; quince si es urgente
• Sesenta días; quince si es urgente

Las modificaciones de la propia LOPJ son la primera materia que se somete a informe del Consejo (art. 561.1.1.ª). El plazo es de treinta días, improrrogable como regla, y baja a quince cuando la orden de remisión hace constar la urgencia. Las cifras van acopladas: ni sesenta ni veinte aparecen en el art. 561.

• El asesoramiento especializado a jueces y magistrados en conflictos de intereses e integridad
• La sanción de las conductas de jueces y magistrados contrarias a los Principios de Ética Judicial
• La resolución de las quejas de los ciudadanos sobre la conducta ética de jueces y magistrados
• La incoación de expedientes a jueces y magistrados por infracción de los Principios de Ética Judicial

La atribución 24.ª es de ética, no de disciplina: recopilar, actualizar, divulgar y promover los Principios de Ética Judicial y asesorar a jueces y magistrados en conflictos de intereses y en lo demás relacionado con la integridad, con una Comisión de Ética Judicial dotada de medios. Sancionar o abrir expedientes pertenece al régimen disciplinario, que es otra atribución y otro procedimiento; y resolver quejas sobre la conducta ética no figura en ella.

• Que lo pidan motivadamente al menos dos Grupos parlamentarios y lo autorice la Mesa del Congreso
• Que lo pidan motivadamente al menos dos Grupos parlamentarios y lo autorice el Presidente del Consejo
• Que lo pidan motivadamente al menos tres Grupos parlamentarios y lo autorice la Mesa del Congreso
• Que lo pidan motivadamente al menos tres Grupos parlamentarios y lo autorice el Presidente del Consejo

La comparecencia de un Vocal es excepcional y lleva dos requisitos acoplados: una solicitud motivada de al menos dos Grupos parlamentarios y la autorización de la Mesa del Congreso. Quien autoriza es el propio Congreso, por su Mesa; el Presidente del Consejo no tiene aquí ningún papel.

• El propio Consejo: diez días, o cinco si se hizo constar la urgencia
• El propio Consejo: quince días, o diez si se hizo constar la urgencia
• El órgano remitente: diez días, o cinco si se hizo constar la urgencia
• El órgano remitente: quince días, o diez si se hizo constar la urgencia

La prórroga no la decide quien informa, sino quien pide el informe: el órgano remitente, atendiendo a las circunstancias del caso (art. 561.2). Dura quince días, o diez si la orden de remisión hizo constar la urgencia. El Consejo no puede alargarse el plazo a sí mismo, y el cinco no aparece en el artículo.

• Las que acuerde su Pleno por razones de urgencia
• Las que financie con cargo a su propio presupuesto
• Sus competencias en materia de cooperación jurisdiccional internacional
• Las visitas y los viajes oficiales de su Presidente

La regla del art. 562 alcanza a «todas» las actividades internacionales del Consejo, que se coordinan con el ministerio responsable de la política exterior. La única salvedad es la cooperación jurisdiccional internacional, que la LOPJ atribuye al propio Consejo y que queda «sin perjuicio» de esa coordinación. Ni la urgencia, ni quién paga, ni los viajes de su Presidente abren otra excepción.

• El Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial
• El Consejo General del Poder Judicial, en exclusiva
• El Consejo General del Poder Judicial, oídas las Salas de Gobierno
• La Sala de Gobierno del Tribunal Superior, oído el Consejo General

Cuando la carga de trabajo sirve para exigir responsabilidad disciplinaria a un juez, la LOPJ la reserva «en exclusiva» al Consejo (art. 560.1.21.ª, párrafo segundo). No la fija el Ministerio ni una Sala de Gobierno, y la ley no somete la decisión del Consejo a la audiencia de las Salas de Gobierno: ese «en exclusiva» descarta a cualquier otro órgano.

• En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
• En la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
• En el Pleno del Congreso de los Diputados
• En la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados

El art. 563.4 añade a la Memoria una comparecencia anual del Presidente, con datos actualizados, sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia. El lugar es una comisión concreta, la de Justicia del Congreso: no el Pleno, ni la Comisión Constitucional, ni la Diputación Permanente.

• Con las Salas de Gobierno, oído en su caso el Ministerio de Justicia
• Con el Ministerio de Justicia, oídas en su caso las comunidades autónomas
• Con las comunidades autónomas competentes, oído el Ministerio de Justicia
• Con las asociaciones judiciales, oído en su caso el Ministerio de Justicia

La atribución 21.ª del art. 560.1 es compartida: los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo se elaboran y aprueban «conjuntamente con el Ministerio de Justicia». Las comunidades autónomas no aprueban: solo se las oye, y solo cuando afecte a materias de su competencia. Ni las Salas de Gobierno ni las asociaciones judiciales intervienen en esta atribución.