Un bloque de Auxiliar administrativo del Estado · 18 preguntas
El capítulo II del título IV del TREBEP: la renuncia, la pérdida de la nacionalidad, la inhabilitación, la jubilación y la rehabilitación.
El art. 67.3 dice que la jubilación forzosa «se declarará de oficio». La que se pide a solicitud del funcionario es la voluntaria del art. 67.1.a), y el Estatuto no da ningún papel al jefe de unidad ni a la Junta de Personal.
La jubilación forzosa se declarará de oficio
El art. 67.2 remite al Régimen de Seguridad Social aplicable: la jubilación voluntaria procede a solicitud del interesado siempre que reúna sus requisitos y condiciones. Las leyes de Función Pública aparecen en el apartado 3, para la prolongación del servicio activo, no aquí.
Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
El art. 68.1 da la rehabilitación, que «le será concedida», cuando la relación se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Tras una inhabilitación la rehabilitación es excepcional (art. 68.2), no algo que se concede siempre, y la renuncia y la separación del servicio no figuran en el artículo.
En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.
El art. 68.2 fija el sentido del silencio para esta solicitud: si vence el plazo sin resolución expresa, «se entenderá desestimada». El silencio estimatorio, que es la opción tentadora, no rige aquí porque el Estatuto dice lo contrario.
Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
El segundo párrafo del art. 67.3 permite solicitar la prolongación «como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad», en los términos de las leyes de Función Pública de desarrollo. Ninguna de las otras edades figura en el artículo.
se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad
La letra c) del art. 67.1 incluye el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o de incapacidad permanente total en relación con las funciones del cuerpo o escala, además de la declaración de incapacidad permanente para esas funciones. La incapacidad permanente parcial, la temporal y el grado de discapacidad no figuran en la letra.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.
El art. 67.3 obliga a la Administración Pública competente a «resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación». Por eso no es un derecho que haya que conceder en todo caso, y el Estatuto no pide informe de la Junta de Personal ni remite la decisión a la Seguridad Social.
La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.
El art. 68.2 permite a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas conceder, con carácter excepcional y a petición del interesado, la rehabilitación de quien la perdió por inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito. No la decide el tribunal ni llega de oficio al cumplirse la pena.
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación
Las letras d) y e) del art. 63 piden lo mismo a las dos: que la sanción o la pena «tuviere carácter firme». El artículo no exige la inscripción en el Registro de Personal, ni la publicación, ni una ratificación del órgano de gobierno.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
El art. 64.2 impide aceptar la renuncia cuando el funcionario está sujeto a expediente disciplinario, o cuando se ha dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por un delito. La excedencia, el tiempo de servicio y la forma de provisión del puesto no figuran en ese artículo.
No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.