Un tema de Auxiliar administrativo del Estado · 18 preguntas
El título preliminar y los derechos fundamentales, con su cita literal del texto constitucional.
El artículo 1.3 dice «Monarquía parlamentaria», no «constitucional»: el matiz es que el Rey reina pero no gobierna, y sus actos van refrendados.
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
La irretroactividad que garantiza el 9.3 no es la de toda norma, sino la de las sancionadoras no favorables y las restrictivas de derechos individuales. El resto puede tener efecto retroactivo si así lo dispone.
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Son cuatro y el orden del artículo es el que suele preguntarse. No confundirlos con los principios que garantiza el artículo 9.3 ni con el fundamento del orden político del artículo 10.1.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Las dos notas van juntas en el mismo inciso y sin distinguir la titularidad del centro. La gratuidad no se limita a la escuela pública.
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Son dos las excepciones a la resolución judicial: el consentimiento del titular y el flagrante delito. Ninguna autoridad administrativa puede sustituir al juez.
El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
La soberanía es del pueblo, y de él emanan los poderes del Estado. Las Cortes representan a ese pueblo (art. 66.1), pero la soberanía no reside en ellas.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Cinco elementos, y el examen los confunde a propósito con los cuatro valores superiores del artículo 1.1. Aquí se habla del fundamento del orden político; allí, de los valores del ordenamiento.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
El amparo cubre la igualdad del 14, los derechos fundamentales y libertades públicas de los artículos 15 a 29, y por mención expresa la objeción de conciencia del 30. Los principios rectores del Capítulo tercero quedan fuera.
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
El deber es de conocerlo; el derecho, de usarlo. Es la asimetría que más se pregunta, y solo se aplica al castellano: de las demás lenguas oficiales no hay deber de conocimiento.
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
La mayoría de edad está en la propia Constitución, en el artículo 12, y no remitida a la ley: fijarla en el texto constitucional la puso a salvo de una mayoría parlamentaria.
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.