La adopción

El 177.2.1.º obliga a asentir al cónyuge o a la pareja del adoptante, salvo separación, divorcio legal o ruptura que conste fehacientemente; como siguen juntos, ella asiente. Consienten solo los adoptantes y el adoptando mayor de doce años (177.1), y ser oído es lo que el 177.3 reserva a otros (los progenitores cuyo asentimiento no hace falta, el tutor, los acogedores y guardadores y el menor de doce años). Que no adopte ella no la deja fuera.

El 180.6 reconoce el derecho a las personas adoptadas «alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales». No depende de que lo consientan los progenitores biológicos —la Entidad Pública solo les notifica antes de prestar su ayuda—, ni de una autorización judicial, ni del criterio de la Entidad Pública.

El 176.4 permite constituir la adopción aunque el adoptante haya muerto, en los casos 1.ª, 2.ª y 3.ª del 176.2 —aquí, el hijo del cónyuge—, si ya había consentido ante el Juez, en documento público o en testamento. Y fija el efecto: la resolución se retrotrae «a la fecha de prestación de tal consentimiento», no a la de la resolución. No depende de ninguna petición del Ministerio Fiscal.

El 177.2 lo prohíbe con una cifra exacta: «el asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto». Ni hacerlo ante la autoridad judicial ni hacerlo por escrito y libremente (177.4, que vale para todo asentimiento) adelanta ese momento. Seis meses es la cifra que se confunde: es, por ejemplo, la duración máxima del acogimiento de urgencia (173 bis).

El 178.2.a) mantiene los vínculos con la familia del progenitor cuando el adoptado es hijo del cónyuge o de la pareja del adoptante, y lo dice expresamente: «aunque el consorte o la pareja hubiera fallecido». No hace falta pedirlo; la petición conjunta es la condición del otro caso, el 178.2.b), cuando solo hay un progenitor determinado. Y el contacto del 178.4 es otra cosa: aquí el vínculo jurídico ni siquiera se rompe.

El 175.3 dice quién no puede ser adoptado: un descendiente, un pariente «en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad» —un hermano o un cuñado— y el pupilo por su tutor hasta que se apruebe la cuenta general de la tutela. El tercer grado no impide adoptar, sea por consanguinidad o por afinidad, y el cuarto grado, un primo, tampoco está en la lista.

El 175.1 pide que el adoptante sea «mayor de veinticinco años», pero si son dos «bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad»: él tiene veintisiete, así que ella puede tener veintitrés. Exigir la edad a los dos es el error típico. La mayoría de edad no basta, y los treinta años no salen en el artículo; sus otras cifras son los dieciséis y los cuarenta y cinco años de diferencia con el adoptando.

El último párrafo del 178.4 lo pide para que la adopción abierta sea posible: «En la declaración de idoneidad deberá hacerse constar si las personas que se ofrecen a la adopción aceptarían adoptar a un menor que fuese a mantener la relación con la familia de origen». Las demás opciones no las exige el Código; informar de cómo van las visitas, durante los dos primeros años, es tarea de la Entidad Pública ante el Juez.

Según el 176 bis.3, los tres meses para proponer la adopción solo se prorrogan cuando la Entidad Pública considere necesario, por la edad y las circunstancias del menor, un período de adaptación a la familia. Lo decide la Entidad Pública, no la autoridad judicial a petición de los guardadores ni el Ministerio Fiscal, y la oposición de los progenitores no es causa de prórroga.

El 176.2 dispensa de la propuesta en cuatro casos: el huérfano pariente del adoptante «en tercer grado por consanguinidad o afinidad», el hijo del cónyuge o de la pareja, quien lleva más de un año en guarda con fines de adopción o bajo tutela del adoptante, y el mayor de edad o el menor emancipado. El sobrino es pariente en tercer grado, pero la excepción exige además que sea huérfano: con sus padres vivos, su adopción necesita la propuesta. El sobrino huérfano, el que lleva año y medio en guarda con fines de adopción y el emancipado de diecisiete encajan en la 1.ª, la 3.ª y la 4.ª.

El 176.2 exige la propuesta previa de la Entidad Pública a favor de quienes «dicha Entidad Pública haya declarado idóneos», y añade que esa declaración «deberá ser previa a la propuesta»; el 176.3 dice que se formaliza por resolución de la propia Entidad Pública, tras una valoración psicosocial. La autoridad judicial (el Código dice «el Juez») tiene en cuenta la idoneidad al constituir la adopción, pero no la declara; ni el Ministerio Fiscal ni los servicios sociales municipales la declaran.

El 176 bis.1, párrafo segundo, los equipara a los acogedores familiares: «tendrán los mismos derechos y obligaciones». Todavía no son padres adoptivos, porque la adopción no se ha constituido, ni tutores, y su estatuto no lo fija caso a caso la autoridad judicial: lo da la ley.

Por regla, los progenitores no privados de la patria potestad asienten (177.2.2.º), y ese es el distractor tentador. Pero el mismo apartado exceptúa a los que la tienen suspendida cuando han transcurrido dos años desde la notificación del desamparo sin oponerse. El desamparo suspende la patria potestad; no priva de ella. Y como no están privados de ella y su asentimiento no hace falta, el 177.3.1.º obliga a oírlos.

El 176.3 cierra la idoneidad a tres situaciones: estar privado de la patria potestad, tener suspendido su ejercicio y tener «confiada la guarda de su hijo a la Entidad Pública». Haber sido acogedor del menor no lo impide (al contrario, el 175.2 lo tiene en cuenta a favor de la adopción), no tener la custodia de los hijos tras un divorcio no es estar privado de la patria potestad ni tenerla suspendida, y el Código admite que adopte una persona sola.

El 180.1 lo dice en cinco palabras: «La adopción es irrevocable». Los distractores toman piezas de la extinción del 180.2, que es otra cosa y no está en manos de los adoptantes: la piden los progenitores que, sin culpa suya, no intervinieron en el expediente, dentro de los dos años siguientes a la adopción, y si el adoptado es mayor de edad requiere su consentimiento.

El 178.2.b) exige que el efecto «hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir»: los tres a la vez, con el adoptado incluido si pasa de doce años. No lo decide la autoridad judicial a propuesta de la Entidad Pública, ni pide un informe del Ministerio Fiscal.

El 177.2 lo cierra sin salvedad: «en las adopciones que exijan propuesta previa no se admitirá que el asentimiento de los progenitores se refiera a adoptantes determinados». Que la familia sea idónea no cambia nada, y la forma escrita e informada (177.4) es un requisito de todo asentimiento, no una vía para elegir adoptantes. No hay autorización judicial que lo permita.

El 179.1 da una salida que no toca la adopción: a petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su representante legal, el adoptante «quede excluido de las funciones tuitivas y de los derechos» que le correspondan respecto del adoptado, sus descendientes o sus herencias. La adopción es irrevocable (180.1) y no se suspende; su extinción solo la pide el progenitor que no intervino sin culpa (180.2).

El 178.4 permite esa adopción abierta a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal, y «con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando». La familia de origen no tiene que consentir, ni sola ni junto a la adoptiva, aunque después puede pedir que se suspenda o se suprima la relación; y la Entidad Pública propone, no consiente.

El 180.3 protege lo ya adquirido: la extinción «no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas», ni alcanza a los efectos patrimoniales anteriores. No se pierde ni hacia atrás ni hacia delante, y no hace falta declarar nada para conservarla.