No incluye la ortografía, la gramática ni el inglés, que se examinan en el mismo ejercicio, ni la prueba psicotécnica —las aptitudes intelectuales y el perfil de personalidad—: se entrenan resolviendo, no recordando.
Tampoco las pruebas físicas, la entrevista personal, el reconocimiento médico ni los méritos del concurso. Del Código Penal lleva el título preliminar, la infracción penal, las personas responsables, las clases de penas, las medidas de seguridad, la responsabilidad civil y la extinción de la responsabilidad criminal, y de los delitos, el homicidio, las lesiones, los delitos contra la libertad, las torturas y los delitos contra la integridad moral, la trata de seres humanos, los delitos contra la libertad sexual, los matrimonios ilegales y la alteración de la filiación, y los delitos contra la Administración pública, contra la Constitución y contra la Comunidad Internacional: nada de la aplicación de las penas, su ejecución y sus formas sustitutivas, de las costas y el cumplimiento de la responsabilidad civil, de las consecuencias accesorias ni de los demás delitos.
Del Código Civil lleva el título preliminar y el libro primero, de las personas, sin los libros segundo, tercero y cuarto. De otras normas lleva solo una parte, y están enteras en sus propias colecciones:
- De la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la competencia, las acciones, la defensa, la denuncia, la querella, la Policía Judicial, el sumario, la comprobación del delito y la averiguación del delincuente, la detención, los derechos del detenido y la entrada y registro, sin la prisión provisional, las medidas de investigación tecnológica, el juicio oral ni los procedimientos especiales
- De la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales —del Tribunal Supremo a los jueces de paz—, el Ministerio Fiscal, los abogados y procuradores y la Policía Judicial
- Del Real Decreto 769/1987, de la Policía Judicial, la función de policía judicial, sus unidades orgánicas y su dependencia de jueces, tribunales y fiscales, sin las unidades adscritas a juzgados y fiscalías, las Comisiones de Coordinación ni la formación de sus miembros
- De la Ley 40/2015, todo menos el sector público institucional
- De la Ley Orgánica 3/2007, todo menos la acción administrativa para la igualdad
- De la Ley Orgánica 3/2018, todo menos el régimen sancionador y los derechos digitales
- De la Ley del Gobierno, la composición, el estatuto de sus miembros, su funcionamiento y la potestad reglamentaria
- Del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
- De la Ley 31/1995, todo menos los servicios de prevención y la consulta y participación de los trabajadores
- De la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, todo menos el régimen sancionador
De la extranjería lleva la Ley Orgánica 4/2000 y el Real Decreto 240/2007, de los ciudadanos de la Unión Europea, sin el Reglamento de extranjería del Real Decreto 1155/2024 ni la protección internacional de la Ley 12/2009, de asilo.
De los menores lleva la Ley Orgánica 5/2000 sin su Reglamento, el del Real Decreto 1774/2004, y de las víctimas, el Estatuto de la víctima del delito de la Ley 4/2015 sin el Real Decreto 1109/2015, que lo desarrolla.
De las armas y los explosivos lleva el Reglamento de Armas y el de Explosivos sin sus instrucciones técnicas complementarias ni el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería; y del contrabando, la Ley Orgánica 12/1995 y su reglamento, el Real Decreto 1649/1998, y del Código aduanero de la Unión, solo el territorio aduanero, las definiciones y la representación aduanera, el nacimiento de la deuda aduanera, el despacho a libre práctica y las franquicias, los regímenes especiales y el tránsito, y la salida de las mercancías.
De los Tratados de la Unión Europea lleva el de la Unión entero salvo las disposiciones comunes de la política exterior y de seguridad común, y del de Funcionamiento, las competencias de la Unión y las disposiciones de aplicación general, la no discriminación y la ciudadanía, el mercado interior y las libertades de circulación, el espacio de libertad, seguridad y justicia, el medio ambiente y la protección civil, los países y territorios de ultramar, la cooperación con terceros países, la ayuda humanitaria y la cláusula de solidaridad, las reglas del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia, los actos jurídicos, los órganos consultivos y las disposiciones generales y finales: nada de las demás políticas de la Unión ni de su política comercial, ni del Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas más allá de que son instituciones, ni de cómo se adoptan los actos, las finanzas de la Unión o el desarrollo de las cooperaciones reforzadas.
De la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, lleva los títulos preliminar, I y II —quiénes son guardias civiles, quién decide sobre su personal, sus funciones, escalas, categorías y empleos—, sin la planificación de los efectivos, la enseñanza, la carrera profesional, las situaciones administrativas, el cese ni las retribuciones.
La estructura de los Ministerios del Interior y de Defensa y la de la Dirección General de la Guardia Civil van como las dejan el Real Decreto 207/2024, el Real Decreto 205/2024 y la Orden PRE/422/2013, en su redacción vigente, y cada Gobierno puede rehacerlas por real decreto: cuando cambia una, sus preguntas se reescriben sobre la norma nueva, y hasta entonces manda lo que diga el BOE.
De cada órgano lleva qué es, de quién depende y sus funciones principales, no la lista entera de sus funciones ni todas sus subdirecciones; de la orden, solo lo que sigue vigente tras el Real Decreto 207/2024.
Tampoco lleva el Real Decreto 1009/2023, con la estructura básica de todos los Ministerios, ni las normas de la organización militar, ni quién ocupa cada cargo. De la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, lleva los títulos I a V, sin el régimen sancionador, y de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el título preliminar y los títulos II, III y IV, sin los instrumentos de conocimiento y planificación, el fomento ni las infracciones y sanciones: lo que falta de sus títulos está en su propia colección.
De ninguna de las dos lleva los anexos ni las disposiciones adicionales, transitorias y finales. De la eficiencia energética lleva, de la Directiva (UE) 2023/1791, que desde el 12 de octubre de 2025 sustituye a la Directiva 2012/27/UE, los capítulos I y II y los artículos 8 y 11: nada de los artículos 9, 10 y 12 a 20, de la información a los consumidores, del suministro ni de los anexos, ni de las normas españolas que la incorporan.
De la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, lleva el título I y el capítulo III del título III, sin el resto de la ley. De la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los títulos I a III y la disposición sobre el DNI, sin la supervisión, las sanciones ni las demás disposiciones adicionales.
Del Real Decreto 1125/2024, que sustituye al Real Decreto 806/2014, ya derogado, los capítulos I a III, sin la planificación ni la contratación. Del Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, no el contenido de cada norma técnica, su disposición adicional quinta, ya agotada, sus transitorias ni el glosario entero de su anexo.
Tampoco el Reglamento europeo de identificación electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad del Real Decreto 311/2022 ni la técnica de las redes, los protocolos y la criptografía. La ciberseguridad sale de los hechos del informe CCN-CERT BP/01, de marzo de 2021, sin sus apartados 14 y 15 ni las guías CCN-STIC, y lo que envejece se pregunta atribuido al informe.
De las instituciones internacionales lleva su origen, su ámbito, su estructura y sus funciones, sin sus tratados artículo a artículo ni los reglamentos de las agencias de la Unión; los miembros y los cargos que cambian de un año a otro van con su fecha en el enunciado.
De la historia del Cuerpo lleva hechos, fechas y normas, sin valoraciones. Y nada de jurisprudencia ni de doctrina: de lo que tiene norma, lo que dice cada norma en su redacción vigente; lo que no la tiene va sin cita y con su explicación.
