La aplicación y la eficacia general de las normas jurídicas

La lista del 4.2 es cerrada y tiene tres miembros: las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal. Las leyes especiales no están en ella: que una ley regule una materia concreta no la excluye de la aplicación analógica del 4.1.

La primera frase del 7.2 es: «La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo». El Código no dice ahí nada del ejercicio negligente, lucrativo o gratuito de un derecho: lo que no ampara es el que se vuelve contra la convivencia, y por eso lo pone junto al abuso.

El 7.2 tiene en cuenta la intención del autor para saber si se sobrepasan los límites normales de un derecho, pero exige además que el acto se realice «con daño para tercero» para dar lugar a la indemnización. Sin daño, no la hay. La cuarta opción es falsa por el otro lado: la intención sí es uno de los tres criterios del artículo.

El 7.2 empieza por «Todo acto u omisión»: también no hacer puede sobrepasar manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho y, con daño para tercero, dar lugar a la indemnización. El artículo no exige un acto positivo de ejercicio, y no distingue entre el acto y la omisión en sus consecuencias: las dos dan lugar a lo mismo.

El 3.1 manda interpretar las normas en relación con «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas», no la del momento en que se aprobaron: una norma vieja se lee con los ojos de hoy. Sí es un criterio expreso del Código, y no depende de lo que prueben las partes.

El 6.3 los declara «nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». La segunda opción olvida esa salvedad; la cuarta trae la consecuencia del abuso del derecho (7.2), y la anulabilidad no es la regla que fija el Código para estos actos.

El 4.1 pide que la norma regule un supuesto semejante al no contemplado y que entre los dos «se aprecie identidad de razón»: lo que importa es que el fundamento de la regla valga igual para los dos casos. No exige que coincidan las personas, el objeto o la causa, ni que los dos supuestos sean de la misma rama.

Es el abuso del derecho del 7.2, que da lugar «a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». Aplicar la norma eludida es la consecuencia del fraude de ley (6.4) y la nulidad, la de los actos contrarios a normas imperativas (6.3). Tener el derecho no protege su abuso: «la Ley no ampara el abuso del derecho».

El 5.1 empieza por su propia salvedad: «siempre que no se establezca otra cosa». Son reglas generales que ceden ante otra norma o lo que se haya fijado de otro modo, pero no necesitan pacto para regir y no se limitan a los contratos.

La primera frase del 6.1 no admite matices: «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». No hay excepción por buena fe, por lo reciente de la ley ni por la imposibilidad de conocerla.

El 4.1 permite la analogía cuando hay identidad de razón, pero el 4.2 la cierra para tres clases de leyes, entre ellas las excepcionales: no se aplicarán «a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas». La respuesta tentadora es la primera, que aplica la regla general sin ver la excepción.

El 4.3 hace del Código el derecho supletorio general: sus disposiciones «se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes». Supletorias quiere decir que cubren lo que la ley propia no regula, no que la desplacen; y no hace falta que esa ley remita a ellas.

El 7.2 da tres criterios: el acto u omisión sobrepasa los límites «por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice». El daño para tercero es otro requisito, no la medida del exceso, y el artículo no habla de proporción entre beneficio y daño ni remite a la costumbre.

El 5.2 es tajante: «en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles». La primera opción describe el cómputo de los plazos administrativos por días de la Ley 39/2015 (art. 30), que sí descuenta sábados, domingos y festivos; aquí la pregunta es por el Código Civil, y en él cuentan todos los días.

El 6.2 trata juntas dos cosas: «la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos». Las dos valen solo si no contrarían el interés o el orden público ni perjudican a terceros. La analogía y la interpretación son materia de los artículos 3 y 4, y el Código no habla aquí de elegir tribunal.

El 5.1 dice que el día desde el que se cuenta «quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente». No depende de que el día sea hábil —en el cómputo civil no se excluyen los inhábiles (5.2)— ni de la duración del plazo.

El 6.2 pone a la renuncia tres límites: que no contraríe el interés público, que no contraríe el orden público y que no perjudique a terceros. «La moral» es uno de los requisitos de la costumbre en el artículo 1.3, no de la renuncia; y el Código no exige forma notarial ni una autorización expresa de la ley.

El 3.2 solo deja que una resolución descanse exclusivamente en la equidad «cuando la ley expresamente lo permita». El distractor tentador, «en defecto de ley y costumbre», es el lugar que el artículo 1.4 da a los principios generales del derecho, no a la equidad; y ni el acuerdo de las partes ni la injusticia del resultado bastan.

Una ley de ámbito temporal está en la lista del 4.2: no se aplica «ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente» en ella. Por eso no vale la analogía del 4.1, aunque el hecho sea idéntico. La supletoriedad del 4.3 es la del propio Código, no la de cualquier ley.

El 3.2 tiene dos partes: la equidad «habrá de ponderarse en la aplicación de las normas» siempre, y solo cuando la ley lo permite expresamente puede ser la base exclusiva de una resolución. Quien responde «ninguno» confunde las dos: el permiso expreso hace falta para decidir solo con equidad, no para tenerla en cuenta. Tampoco es una fuente del artículo 1, ni autoriza a dejar de aplicar una norma.